“Hay cientos de e-mails y muchos más nombres” en la 'traición interna' a UPyD

UPyD está pasando por el momento más complicado de su historia. Que la formación magenta se acerca a su inminente final parece una evidencia, incluso en sectores internos del partido que ya hablan abiertamente de un “partido completamente roto”. El resultado que salga del Congreso Extraordinario del 11 de julio será la última bala por agotar, y en estos momentos parece claro que existen dos bandos internos bien definidos. La actual directiva lucha por mantener “la autonomía del proyecto” que lidera Rosa Díez, aunque esta anunció que no presentará su candidatura y será aparentemente Andrés Herzog quien tome las riendas. En el otro lado, la diputada Irene Lozano, que hasta hace pocos meses se erguía como la sustituta de Díez, capitanea la alternativa denominada Renovadores UPyD, y asegura querer “sacar a flote” el partido y “salvar de él todo lo posible”.

El conflicto entre ambos bandos, que nace especialmente tras la debacle en las elecciones andaluzas –en las que el denominado 'sector crítico' liderado por Lozano y Álvaro Anchuelo entre otros, comenzó a pedir públicamente la dimisión de Díez como gesto de “responsabilidad”–, ha desembocado en las últimas semanas con una verdadera 'guerra sucia', patente tras los e-mails que recoge un informe interno del partido publicado por El Confidencial, y que probarían, según la directiva actual, el intento por parte de 'los críticos' de llevar a cabo un “proyecto paralelo desde dentro del partido” para “desarticular las listas de UPyD y converger con Ciudadanos”, entre otras cosas.

Los correos electrónicos, a los que UPyD accedió contratando a una empresa experta en la detección de fraudes a través de una “búsqueda ciega” en la cuenta corporativa de Ignacio Prendes cuando este se dio de baja en el partido, implican además de al exdiputado autonómico en Asturias, a la propia Lozano, Anchuelo, Rodrigo Tena, Luciana Miguel y Félix Ortiz. Precisamente los 'pesos pesados' de la candidatura de 'Renovadores', principal opositora de la que presentará la directiva actual el próximo 11 de julio. Fuentes internas del grupo magenta aseguran que “no sólo existen al respecto los 15 e-mails recogidos en el informe”, sino que “hay cientos de ellos y aparecen muchos más nombres del partido que han sido excluidos porque no interesaba hacerlos públicos”, reiterando “las dudas jurídicas acerca del espionaje” cometido.

La candidatura que persigue la regeneración del partido magenta insiste en que el informe recoge “una parte sesgada” de los correos para “desprestigiar y dañar” la opción que integran de cara al Congreso, y acusan a Díez y el resto de miembros de la Dirección, según el escrito que todos los citados –excepto Álvaro Anchuelo– han enviado a la Comisión de Garantías del partido, “de tener un interés particular” en asimilar términos como “proyecto común” y “coordinación” para defender una supuesta estrategia que perseguiría desarticular el partido.

Aun así, el actual 'equipo' de Lozano reconoce la existencia de esos e-mails, y aunque afirma que están “descontextualizados”, estos contenían documentos como la 'hoja de ruta' que la diputada nacional adjuntó a uno de sus correos, en la que se establecía el comportamiento que esa corriente crítica interna debía desarrollar en distintas CCAA como Asturias y su negociación con Ciudadanos, o la Comunidad Valenciana y los pasos a seguir por parte de Toni Cantó. Los 'críticos' aseguran al respecto que su objetivo era “minimizar los daños causados” ante la masiva marcha de afiliados.

En todo caso, la denuncia presentada a la Comisión de Garantías solicita la apertura de un expediente disciplinario a todos los integrantes del Consejo de Dirección –al entender que son los responsables del informe y el “acoso” sufrido por ellos– y pide como medida cautelar que sean suspendidos inmediatamente en su ejercicio por la labor de “espionaje” que habría vulnerado las normas de buenas prácticas recogidas en los estatutos de UPyD. La decisión tomada por el órgano integradi por Félix Ortiz (que se ha abstenido al formar parte del conflicto), Rafael Calduch –actual diputado nacional– y Carmina Madrigal ha sido abrir el procedimiento, de manera que ahora el Consejo de Dirección podría registrar sus alegaciones, y después se conocería la decisión final, que en todo caso según los plazos establecidos, se podría retrasar hasta después de la celebración del Congreso Extraordinario.

Otro de los puntos calientes es el coste que supuso la contratación de la empresa Forest Digital Evidence por la investigación, a pesar de los mermados recursos con los que el partido contaba en esas fechas y precisamente en el momento en que afronta un ERE que afectará a la mayoría de su plantilla.