El Congreso acaba con el papel en los juzgados: la comunicación será telemática

La Comisión de Justicia del Congreso aprobará previsiblemente mañana, con competencia legislativa plena, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que todos los asuntos entre profesionales se comuniquen de forma telemática a partir del 1 de enero de 2016.

La reforma, aprobada por el Gobierno el pasado 27 de febrero, persigue un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los trámites con la Administración de Justicia y tras su aprobación por el Congreso pasará al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.

En este sentido, la principal novedad que incorpora el texto es la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2016 de que las comunicación y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de manera electrónica.

No obstante, la oposición duda de que para esa fecha puedan estar listos los mecanismos para las comunicaciones telemáticas al considerar que no existen los medios para ello, si bien la ley establece que la administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.

Al respecto, los datos decorreo electrónico y de número de teléfono podrán ser utilizados para la localización del demandado y se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.

Los actos de comunicación se realizarán a través del Servicio de Dirección Electrónica Habilitada para los colectivos que resulten obligados y para aquellos otros ciudadanos que, sin estarlo, opten por dicho sistema.

En relación a los profesionales, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios para garantizar el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.

La reforma se enmarca en el Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales, que cuenta con un presupuesto de 56 millones de euros y, mediante el cual, el Gobierno persigue que la Justicia digital sea una realidad que se concrete en dos ideas: Justicia sin papel y Justicia en Red.

También introduce mejoras en la regulación del juicio verbal al incorporar la figura de la contestación escrita a la demanda, con lo que el demandante irá a juicio conociendo los motivos de oposición del demandado, y permitir la posibilidad de acordar al final de la vista un trámite de conclusiones, con la finalidad de que las partes puedan exponer sus alegaciones al término del juicio verbal.

El texto modifica los procesos monitorios, con la posibilidad de que juez pueda verificar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos para así garantizar al consumidor una protección efectiva de sus intereses y, además, establece que las acciones personales en el Código Civil pasarán a prescribir a los 5 años y no a los 15, como hasta ahora.