Detenidas otras 23 personas en el caso del fraude en los cursos de formación

La Policía ha detenido hoy a otras 23 personas en varias provincias andaluzas dentro la operación Eduende, tercera fase de la denominada Edu que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.

Según han informado fuentes policiales, por hoy no se esperan más arrestos en una operación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que continúa abierta.

Ayer, los agentes detuvieron a 30 personas e imputaron a otras tres en Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada, mientras que otras 5 fueron arrestadas en Sevilla.

Se trata, entre otros, de directores jefes de servicio y jefes de departamento de las direcciones de Empleo de la Junta de Andalucía correspondientes a casi todas las provincias andaluzas y administradores de empresas que han recibido subvenciones. Entre ayer y hoy son 58 los detenidos ya en esta tercera fase, además de tres imputados.

Un centenar de empresarios

La última fase de la Operación arrancó este lunes bajo el nombre de Eduende y según adelantó este diario va a saldarse con la detención de casi un centenar de empresarios de las provincias de Huelva y Sevilla, dos demarcaciones que hasta ahora habían salido indemnes de las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Los agentes, sin embargo, han conseguido demostrar en los últimos meses que el reparto indiscriminado de fondos públicos para formación también llegó a esas dos provincias, extendiendo así la trama a la totalidad de la comunidad autónoma.

37 altos cargos

En total, según fuentes próximas al caso, la UDEF tiene prevista la detención a partir de este lunes de 37 responsables de empleo, entre delegados provinciales, jefes de servicio, jefes de departamento y técnicos de seguimiento, por su intervención en los expedientes de concesión de ayudas irregulares para la formación de los ejercicios 2010 y 2011 que son específicamente objeto de investigación desde hace tres años y que han provocado la apertura de procedimientos judiciales en las ocho provincias andaluzas.