Juicio NovaCaixa: Un asesor admite que los altos cargos estaban "nerviosos" por la fusión

El experto en derecho laboral y asesor de Caixa Nova en el proceso de fusión con Caixa Galicia Ricardo Pradas ha asegurado que él siempre actuó “a petición de la entidad” y “en representación” de la misma. “Nunca en representación de ninguno de los directivos, hombre, por favor”, ha afirmado con contundencia durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra cinco directivos de la caja y el mencionado asesor. La Fiscalía les acusa de la apropiación indebida de casi 19 millones de euros.

Según Pradas, que ha declarado durante cuatro horas -y aún falta el interrogatorio de su abogado-, hubo 1.227 personas dentro de Nova Caixa Galicia que se acogieron a las condiciones de prejubilación y que la mayoría de ellas, como hicieron los directivos procesados, optaron por capitalizar todo el montante que les correspondían y, por lo tanto, cobrarlo todo de golpe, no en plazos mensuales.

Pradas ha dicho que los contratos de los directivos que el Ministerio Público califica de “nulos”, únicamente “actualizan” las condiciones al pacto de fusión, extremo que no era “ni necesario”, ya que todo lo que reflejan está contemplado en el convenio de cajas, en el pacto de fusión y en la ley. “Se hicieron para dotar de mayor claridad y transparencia a la entidad”, subraya el asesor jurídico de la caja, quien admite que ésta le consultaba “muchísimos asuntos”, como es “normal en una entidad que quiere actuar con honradez jurídica”.

Según Pradas, que se ha autodenominado “asesor de referencia de la entidad”, los dos directivos José Luis Pego Alonso y Francisco Javier García de Paredes pudieron prejubilarse a pesar de no alcanzar los 55 porque su contrato permitía que lo hicieran “aun no cumpliendo con el requisito de edad”. “Era una de las mejoras que se recogió en el borrador de su contrato”, ha subrayado.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el propio banco y Adicae, solicitan tres años de prisión para cada uno de los seis procesados

Sin embargo, Pradas –que admite no haber cobrado por la minuta profesional que pasó por sus últimos servicios– ha dejado meridianamente claro que él no se responsabiliza de los contratos de los directivos, puesto que él es asesor y únicamente manejaba borradores. “Me los mandaban para que yo los examinara”, ha aclarado el asesor jurídico de la entidad, quien ha afirmado, respecto a una cláusula de orfandad incluida en uno de los contratos de los directivos, que era “la primera vez” que tenía “conocimiento de ese contrato definitivo”. “Yo solo me hago cargo del borrador”, ha insistido.

Pradas ha dicho que él en ningún momento ha tenido conocimiento de los salarios de los directivos. “No he tenido ni idea” hasta ahora, ha afirmado. Sin embargo, ha admitido que “en enero de 2010” ya le pidieron opinión sobre si se podía aplicar una norma en relación con la posible salida de los directivos de la entidad. “Tenían inquietud acerca de cuál era el futuro y me preguntaron sobre la aplicabilidad o no de la cláusula de desistimiento”, ha dicho. “Mostraron interés en poner en marcha el mecanismo de desistimiento, tanto con motivo de la fusión como por la transformación en banco”, dos hitos que ya por aquel entonces se veían en el horizonte. “Había nerviosismo e inquietud, porque no sabían cuál iba a ser su futuro y su cometido en la nueva entidad”. “Me parece razonabilísimo y humano” este sentimiento, ha añadido Pradas, quien admitió que para esa época ya había “algún directivo al que le constaba que no iba a formar parte del nuevo banco”.

El asesor de la entidad ha sido el único que ha declarado esta mañana en la primera sesión del juicio contra los cinco directivos de Nova Caixa Galicia y el propio Prada que ha comenzado en la Audiencia Nacional y que se prolongará previsiblemente a lo largo de los próximos días. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el propio banco y Adicae, solicitan tres años de prisión para cada uno de los seis procesados, además de la inmediata devolución del montante que se llevaron.

En concreto, según el Ministerio Público, el director general de Caixa Nova, José Luis Pego, se ingresó más de 7,7 millones de euros tras abandonar la caja durante el proceso de fusión y conversión en banco; el director general adjunto de Asuntos Institucionales de Caixa Nova, Óscar Rodríguez Estrada, 691.000 euros; el director general adjunto de Comercial de Caixa Nova, Gregorio Gorriarán, 4,8 millones de euros; y el director general de Caixa Galicia, Francisco Javier García de Paredes, 5,7 millones de euros.

La Fiscalía considera que todos ellos, con el conocimiento y la ayuda del entonces presidente de Caixa Nova, Julio Fernández Gayoso, y con el mencionado Ricardo Pradas, idearon un plan para que los cuatro primeros salieran de la entidad por voluntad propia cobrando el mencionado montante en calidad de prejubilación, concepto que el asesor de la entidad ha diferenciado en todo momento de una cláusula de blindaje.