Ruiz-Mateos y su abogado se enfrentan a 12 y 7 años de prisión por estafar a inversores

Los Ruiz-Mateos volverán al banquillo a partir del lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. El empresario jerezano, tres de sus hijos y su abogado Joaquín Yvancos se enfrentan a entre siete y 12 años de cárcel por los delitos de estafa e insolvencia punible en el marco del caso de la Corporación Financiera Hispano Suiza (CFHS), en el que también hay otros nueve imputados relacionados con la empresa.

La Fiscalía considera que, entre 1993 y 1997, la sociedad “procedió a captar fondos de pequeños inversores”a los que ofrecía, “mediante engaño, una imagen de estabilidad empresarial de la que carecía”. La compañía “iba a ser, en realidad, calculadamente descapitalizada por sus responsables, quienes durante 1995 y 1996 ejecutaron numerosas operaciones de transferencia de activos hacia sociedades vinculadas, principalmente Virnax”.

El 5 de agosto de 1993 la empresa fue cedida a los imputados José Patón Amiama, Antonio Gutiérrez Dorado y José Antonio Hurtado García, quienes, según el Ministerio Público, “seguían instrucciones de Ruiz Mateos”, que era “el verdadero adquiriente” de la compañía, a pesar de que se “ocultó por propia voluntad tras los anteriores”.

El Ministerio Público pide para los 14 imputados penas que van desde los seis a los 12 años de prisión por los delitos de insolvencia punible y estafa

“La finalidad” del convenio que formalizó esta cesión era, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, “proceder a la liquidación” de la Corporación. Sin embargo, la entidad, a través de sus representantes, “continuó captando fondos de particulares a quienes se les ocultó tanto la situación de crisis financiera como la finalidad del convenio”.

“Como consecuencia de ello y de otras irregulares operaciones, CFHS, previa distracción de sus fondos, provocó su propia situación de insolvencia frente a sus acreedores e inversionista”, continúa el Ministerio Público. “Tras acordarse su liquidación, solicitó la suspensión de pagos”, asegura el escrito, que añade que por medio de este “mecanismo” los imputados “habrían tratado de encubrir una auténtica quiebra fraudulenta y las numerosas irregularidades que provocaron la intervención del Banco de España”.

La Fiscalía detalla la venta de cuatro fincas por importe de 85 millones de las antiguas pesetas como ejemplos de operaciones que llevaron a la “situación de insolvencia”. “El dinero que recibía a cambio CFHS era inmediatamente destinado a conceder préstamos a otras sociedades vinculadas, operaciones realizadas pese al requerimiento del Banco de España”, que pidió que se abstuviera de efectuareste tipo de acciones.

La Fiscalía considera que la sociedad “procedió a captar fondos de inversores” a los que ofrecía“una imagen de estabilidad de la que carecía”

“De esta manera, CFHS quedó despatrimonializada y las personas que habían efectuadodepósitos en la entidad perdieron cualquier posibilidad de hacer efectivos sus derechos”, señala el Ministerio Público, que agrega que, ante “el temor de que el Banco de España interviniera, el verdadero dueño, José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada, decidió transferir el resto de los inmuebles de CFHS a otras entidades también controladas por él”.

El dinero que recibía la sociedad por estas últimas transferencias de bienes “era inmediatamente destinado a conceder préstamos a otras sociedades vinculadas”, pese a la prohibición que le había hecho el Banco de España. Entre estos inmuebles, la Corporación vendió a Virnax –que tenía a Joaquín Yvancos y a José Antonio Hurtado como administradores hasta 1996 y a Alfonso y Pablo Ruiz Mateos Rivero desde ese año– seis fincas en Castelló d’Empúries, tres más en Granada, El Espinar y Vigo, dos locales comerciales en Madrid, una plaza de garaje y un establecimiento en San Sebastián de los Reyes y una finca en Murcia. Todo ello valorado en más de 320 millones de las antiguas pesetas.

Según la Fiscalía, posteriormente, además, los acusados ocultaron en la solicitud de suspensión de pagos el resultado de la inspección del Banco de España, que había detectado un déficit de 532 millones de pesetas. El Ministerio Público pide para los 14 imputados penas que van desde los seis a los 12 años de prisión por los delitos de insolvencia punible y estafa. Además, solicita que los acusados indemnicen a las personas que pusieron dinero creyendo que la empresa era solvente, entre las que se ha detectado a casi una decena de ciudadanos, que reclaman más de 230.000 euros. El juicio comenzará el próximo lunes y está previsto que se alargue previsiblemente hasta el 18 de junio.

La causa respecto a José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada ha sido sobreseídahasta que el imputado recupere las facultades cognitivas, comunicativas y funcionales que le permitan asistir al juicio oral, ya que el médico forense de la Audiencia Provincial confirma que el acusado padece una enfermedad que le impide ejercer con normalidad el derecho de defensa.