El juez de Púnica investiga si el PP se financió irregularmente con los contratos de imagen

Los siete meses que han transcurrido desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó las primeras detenciones de la Operación Púnica han permitido al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, desentrañar el funcionamiento de esta red especializada en la adjudicación irregular de contratos públicos. De las diligencias se desprende que la trama actuaba con la ayuda de dirigentes de PP, PSOE y otras formaciones minoritarias. Pero fuentes cercanas al caso aseguran que el magistrado está intentado abrir una línea de investigación que apunta directamente a la existencia de financiación irregular en el Partido Popular.

Por ahora, esa acusación no se dirige expresamente contra ninguno de los 51 imputados en el procedimiento ni tampoco contra los partidos que se han visto salpicados por las pesquisas. Sin embargo, fuentes de la investigación aseguran que Velasco está convencido de que el PP pudo financiarse irregularmente consiguiendo que compañías privadas asumieran gastos de comunicación y propaganda de dirigentes del partido en la Comunidad de Madrid,y que incluso se destinaran fondos públicos para abonar esos servicios.

Lo cierto es que los interrogatorios que ya han trascendido a los imputados y al centenar de testigos que han pasado por la Audiencia Nacional evidencian que el juez está interesado en confirmar si, como sospecha, los populares pudieron recibir aportaciones públicas y empresarialesno declaradas para costearsu actividad. Sin embargo, según ha podido saberEl Confidencial, en las últimas semanas han sido citados nuevos testigos que están siendo específicamente preguntados por esas mismas cuestiones. En concreto, el juez quiere comprobar la naturaleza de los trabajos que las compañías de la trama Púnica habrían prestado para el PP, si estos fueron fielmentereflejados por las facturas oficialessufragadas por el erario público y también si Púnica prestó servicios que fueron abonados de otro modo.

Imagen personal de dirigentes

El juez tiene elementos para mantener esa línea de investigación, aunque la sombra de la financiación ilegal no haya emergido aún en ninguno de los autos del procedimiento. La primera fase de la investigación ha detectado que el Gobierno popular de la Comunidad de Madrid destinó fondos públicos para que Eico Online Reputation Management, una consultora de reputación en internet y redes sociales, mejorara presuntamente la imagen personal de dirigentes de la formación, unos servicios que deberían haber sido costeados por Génova o por los propios mandatarios. Además, las pesquisas probarían que el Ejecutivo madrileño intentó que algunos de sus proveedores sufragaranhasta 120.000 euros en facturas por esos trabajos de reputación online. La UCO ya ha acreditado que, de esa cantidad, al menos 10.000 euros fueron presuntamente abonados por la multinacional tecnológica Indra a petición del consejero de Presidencia y Justicia en funciones, Salvador Victoria.

Las sospechas del juez de la Audiencia Nacional se están topando con algunas evidencias contundentes. Como ya desveló El Confidencial el pasado 12 de mayo, el Gobierno de Ignacio González habría utilizado recursos públicos para que Eico Online Reputation Management gestionara cuentas en Twitter vinculadas al PP desde las que se defendieron las tesis de esta formación y se atacaron informaciones críticas con sus máximos responsables. Además, la empresa de Púnica también se habría encargado de mantener el blog personal del propio González.

Fuentes próximas al caso revelan que en las últimas semanas han pasado otros dos empleados de Eico por la Audiencia Nacional para comparecer en calidad de testigos. El instructor de la causa remarcó en ambas declaraciones las preguntas sobre los servicios que presuntamente realizó la compañía para el Partido Popular. También centró en esta cuestión el interrogatorio a una de las imputadas, la directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego. Sus respuestassiguen bajo secreto de sumario pero, según ha podido averiguar este diario, Velasco insistió en conocer los servicios de imagen que realmente fueron financiados por Administración autonómica.