La Audiencia desbloquea el 'caso Rato' y será juzgado en Plaza de Castilla

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de rechazar la inhibición planteada por el juez de Madrid Antonio Serrano-Argal a favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y ordena que sea el primero el que continúe con la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. La Sala rechaza el planteamiento de la Agencia Tributaria de que el investigado estaba intentando eludir el pago de las fianzas en el 'caso Bankia', porque éstas ya están satisfechas.

En el auto, la Sección 23 de la Audiencia Provincial explica que la decisión de Serrano-Arnal de enviar la causa a Andreu era porque los delitos que provocaron el registro en el domicilio de Rato y su detención constituirían los medios necesarios para preservar el patrimonio de Rato sustrayéndolo del pago de las responsabilidades civiles derivadas de las causas seguidas en el Juzgado Central de Instrucción 4 y por ello serían “delitos conexos” de los investigados por este último Juzgado.

Este planteamiento era el mantenido por la Fiscalía de Madrid pero, sin embargo, cuando el asunto lo asumió la Fiscalía Anticorrupción ya lo rechazó. Es más, el Ministerio Público recurrió la inhibición, postura que ha sido avalada ahora por el tribunal. Anticorrupción sostenía que las responsabilidades pecuniarias en el 'caso Bankia' y en la pieza separada de las 'tarjetas black' “han sido aseguradas, de momento”, ya que en la primera BFA/Bankia ha depositado una fianza de 800 millones de euros y en la pieza separada sobre las tarjetas opacas Rato ha depositado una fianza de 3.000.000 de euros.

“Estos datos son relevantes porque en este momento inicial el argumento principal para apreciar una conexidad delictiva consistía en que los hechos relatados en la denuncia que nos ocupa habían sido realizados como medio para sustraer el patrimonio del denunciado del abono de las responsabilidades económicas que pudieran recaer sobre él. Si las responsabilidades pecuniarias derivadas de esas causas han sido satisfechas, el anterior argumento no se sostiene”, recoge el tribunal.

Imposible determinar la gravedad de los hechos

Para el tribunal, en estos momentos resulta “imposible” afirmar que concurre alguna de las notas que determinarían la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos contenidos en la denuncia. La conclusión que se desprende de todo ello es que en este momento “no aparece con claridad la conexidad delictiva de los hechos relatados en esta denuncia con los investigados en las causas” que lleva el juez Andreu. Tampoco se puede afirmar “con toda seguridad de esos hechos que puedan constituir delitos que produzcan grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, prescindiendo ya de la consideración de si son delitos conexos o no”.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, considerase que los delitos y hechos por los que se investiga a Rato son más propios de la Audiencia Nacional. Este entendió que debía ser el instructor Fernando Andreu, que investiga la fusión y salida a bolsa de Bankia, quien debe encargarse de estas pesquisas.

La Fiscalía, en base a información de la Agencia Tributaria, sospecha que el exministro de Economía habría podido cometer un posible delito de alzamiento de bienes, además de cinco delitos fiscales y blanqueo de capitales, al intentar ocultar sus bienes para no hacer frente a la fianza impuesta en Bankia.

Precisamente, con este argumento Serrano-Arnal estimó que debía ser Andreu, el juez que fijó tal fianza, el que asumiera la instrucción. Sin embargo, Anticorrupción recurrió la inhibición en favor de la Audiencia Nacional al considerar que los delitos que se investigan no tienen la entidad suficiente ni conexión con el 'caso Bankia' como para que sea el órgano central el que lo asuma. “No cabe decir que nos hallemos ante defraudaciones susceptibles de ocasionar grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional, ni a una generalidad de personas”.

Alzamiento de bienes

El delito que más conexión tiene con el 'caso Bankia', por el que Rato se encuentra imputado, es el de alzamiento de bienes, después de que la entidad tuviera que asumir la fianza de 800 millones de euros impuesta de manera solidaria al banco, su expresidente y otros tres directivos. Es más, Bankia ya había anunciado que iba a iniciar los trámites para requerir a los cinco que devolvieran su parte correspondiente, solicitando el embargo de sus bienes. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rebajó recientemente, y después del registro y detención de Rato, a 34 millones de euros la fianza fijada, lo que supone que el expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en vez de tener que pagar 133 millones de euros únicamente tendría que asumir 5,6 millones de euros.

Fin a casi un mes de bloqueo

Hasta que la Audiencia Provincial ha resuelto el conflicto de competencia, Serrano-Arnal ha sido el encargado de seguir con las pesquisas aunque no ha adoptado ninguna decisión de relevancia al entender que él no era el juez competente. La Fiscalía había solicitado la práctica de una serie de diligencias y el propio Rato se ha personado en la causa. Sin embargo, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y el magistrado se ha cuidado mucho en evitar fugas de información.

Es más, fuentes jurídicas aseguran que tras asumir el caso, después de que otro juez que se encontraba de guardia acordara la entrada y registro y detención por unas horas del expresidente de la entidad bancaria, Serrano-Arnal inició las pesquisas pertinentes para averiguar de dónde procedían las filtraciones sobre el caso. En las horas posteriores al registro del domicilio de Rato, se conoció que la Agencia Tributaria estaba investigando un entramado societario a través de cual habría movido su patrimonio para no hacer frente a futuras responsabilidades pecuniarias en caso de ser condenado.