anticorrupción pide para el empresario cuatro años y medio de cárcel

Un constructor arrepentido de la Gürtel admite comisiones al exmarido de Ana Mato

"Mi mandante muestra su arrepentimiento y se muestra dispuesto a reparar el daño que pudiese acreditarse", recoge el escrito presentado por el abogado del empresario García Pozuelo

Foto: El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la exministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, a su salida de la Audiencia (EFE)
El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la exministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, a su salida de la Audiencia (EFE)

Se acerca la fase final del caso Gürtel y comienzan las primeras sorpresas. El empresario Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, ha reconocido que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra él son ciertas y asume los delitos de cohecho y prevaricación por haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones cuando el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, ostentaba el cargo de alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Así lo ha asegurado en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que asegura que los hechos descritos por la Fiscalía en su escrito de acusación son ciertos. “Mi mandante muestra su arrepentimiento por la comisión de tales hechos, se muestra dispuesto a reparar el daño que pudiese acreditarse, y ha abonado ya la suma que como medida cautelar para el pago de la multa que se le pudiese imponer se acordó en el auto de apertura de juicio oral”, recoge el escrito presentado por su abogado.

En esa resolución, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz daba por concluida la primera fase del caso Gürtel, conocida como pieza Época I: 1999-2005 y fijaba para el empresario 188.303 euros. En ese mismo auto, el magistrado fijaba para Sepúlveda, el edil que se benefició de sus comisiones, cerca de 3,5 millones de euros, por todas las comisiones y regalos que recibió no sólo de García Pozuelo, sino de la trama organizada y liderada por el empresario Francisco Correa. De esos regalos se habría beneficiado la exministra de Sanidad, Ana Mato, quien también tendrá que ir a juicio en calidad de partícipe a título lucrativo –es decir, se benefició de esas comisiones pero sin conocer su origen ilícito– y por lo que ha tenido que pagar una fianza de cerca de 30.000 euros. Precisamente, la decisión de Ruz de señalarla como partícipe a título lucrativo fue lo que costó a Mato su cargo en el Departamento de Sanidad.

Pide una pena de dos años de cárcel

La exministra Ana Mato. (EFE)
La exministra Ana Mato. (EFE)

En su escrito de acusación, Anticorrupción pide para García Pozuelo cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de cohecho y el pago de una multa de 141.000 euros y nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación continuada. Según su escrito de defensa, el empresario reconoce el primer delito en concepto de autor y el segundo en concepto de inductor. Así, solicita que se le aplique el atenuante por el reconocimiento de los hechos y arrepentimiento y pide que se le rebaje la pena a dos años de cárcel y una multa de 56.491 euros, y que la inhabilitación se reduzca a dos años y medio. Asimismo, solicita que la cárcel sea sustituida por una multa económica de 432.000 euros.

Al decir que son ciertas las acusaciones contra él, reconoce las sospechas tanto de Ruz como de las fiscales de que Sepúlveda favoreció, en connivencia con el entonces concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Roberto Fernández, fundamentalmente a las empresas de Francisco Correa y a Constructora Hispánica, de García Pozuelo.

“Jesús Sepúlveda, prevaliéndose de la autoridad de su cargo y de su superioridad orgánica, impartió instrucciones a distintos funcionarios del Ayuntamiento que presidía de contratar con las sociedades presuntamente vinculadas a Francisco Correa, de modo que éstas comenzaron a recibir adjudicaciones del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a raíz del nombramiento de Sepúlveda como alcalde, dejando de recibirlas prácticamente al mismo tiempo en que cesaron los regalos y contraprestaciones a aquél”, señala el auto de conclusión del instructor.

Para Ruz, hay indicios suficientes que acreditan la posible intervención del exmarido de Mato en las contrataciones otorgadas por el Ayuntamiento que presidía. “Así, en cumplimiento de lo convenido con Pablo Crespo y Francisco Correa, la referida entidad (Constructora Hispánica) resultó adjudicataria, el 18.3.2004, del 'Proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de Las Huertas' y beneficiada con una subcontratación relacionada con la adjudicación, el 7.6.2004, del 'Proyecto de obras de Operación Asfalto 2004'”.

Para conseguir tales beneficios se procedió a la formal tramitación de expedientes de contratación “prescindiendo total y absolutamente” de la normativa administrativa con la finalidad de dar una forma jurídica aparentemente lícita a la previa decisión de favorecer a esa empresa. En pago de esos servicios, García Pozuelo entregó a Correa al menos 65.941 euros.

Archivada su imputación en 'papeles Bárcenas'

García Pozuelo también había estado imputado en la pieza separada que investiga Ruz sobre la presunta contabilidad B del Partido Popular. Sin embargo, en el auto de conclusión el magistrado decidió, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acordar el archivo de la causa respecto de este empresario y del resto de dueños o altos cargos de empresas, principalmente constructoras, que habrían pagado donaciones al partido presidido por Mariano Rajoy, por encima de las permitidas por ley.

Imagen de archivo del extesorero popular Luis Bárcenas. (EFE)
Imagen de archivo del extesorero popular Luis Bárcenas. (EFE)

Ruz no pudo acreditar de manera indiciaria que estos empresarios pagaran las donaciones a cambio de adjudicaciones por parte de Administraciones gobernadas por el PP. Según la contabilidad elaborada a mano por el extesorero, Luis Bárcenas, García Pozuelo habría realizado nueve entregas a los tesoreros del PP que ascendían a un total de 258.161,94 euros.

La empresa Constructora Hispánica recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 fueron adjudicados por cargos 'populares', según consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que obra en la causa. Sin embargo, tanto el juez como el fiscal y el resto de investigadores sostienen que no hay manera de comprobar que esas adjudicaciones se concedieron como respuesta a esas donaciones.

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