MALESTAR EN EL TRIBUNAL SUPREMO

La Fiscalía encarga a su 'guardia de corps' que tome el control de los casos de aforados

Varios de los fiscales del Tribunal Supremo han mostrado su malestar ante esta reciente orden de la fiscal general del Estado, a quien le han solicitado que se la entregue por escrito

Foto: Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, defiende una respuesta penal tajante e inmediataante la corrupción (EFE)
Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, defiende una respuesta penal "tajante e inmediata"ante la corrupción (EFE)

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha ordenado que las causas que se llevan o que van a llevarse en el futuro en el Tribunal Supremo contra personas aforadas sean despachadas por los fiscales jefes de la Sección del órgano judicial. Así se lo ha hecho llegar la jefa del Ministerio Público a los fiscales del Alto Tribunal, que hasta ahora estaban investigando a dirigentes políticos.

La orden general de Madrigal no ha sido trasladada por escrito a los miembros de la carrera fiscal que ejercen su labor en el Alto Tribunal, aunque sí hay ya alguna comunicación por escrito a fiscales concretos para que abandonen las causas respecto de aforados que están siendo investigados por diversos motivos, principalmente dirigentes políticos.

Según fuentes consultadas por El Confidencial, varios de los fiscales del Tribunal Supremo han mostrado su malestar ante esta reciente orden de Madrigal, a quien le han solicitado que les entregue la orden por escrito, algo que a día de hoy no ha ocurrido.

Estos fiscales entienden que el objetivo de la orden de Madrigal no es otro que intentar controlar los casos que entran en el Supremo de aforados nacionales, sobre todo lo relativo a dirigentes políticos, y más en una época electoral como la que se avecina este año.

Sin embargo, otras fuentes más próximas a la fiscal general explican que la idea de esta orden es, primero, que los fiscales jefes tengan más responsabilidad en aquellos asuntos más delicados y, la segunda, que se agilicen los informes sobre la admisión a trámite de las querellas.

Corregir las dilaciones

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. (EFE)
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. (EFE)

Fuentes jurídicas señalan que el presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Manuel Marchena, y a su vez presidente de la Sala de Admisión, habría mostrado su preocupación acerca de las dilaciones por parte de la Fiscalía en informar sobre las admisiones a trámite de las querellas contra aforados, informes que, a su juicio, podrían resolverse en días cuando en algunos asuntos han tardado semanas e incluso meses.

La fiscal general habría compartido su sensibilidad de reducir al máximo tiempo posible los informes del Ministerio Público respecto de la existencia de indicios penales para iniciar una investigación a un aforado. Uno de los razonamientos expuestos para que sean los fiscales jefes de las secciones quienes se encarguen de las admisiones, y posteriormente se queden con las causas, es que estos se encuentran físicamente en el Alto Tribunal, mientras que los demás tienen sus despachos en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Aquellos que se encuentran en total desacuerdo con la decisión de Madrigal sostienen que esta versión no es plausible porque diariamente se envían todos los documentos desde la sede del Supremo a la sede de la Fiscalía General, donde se encuentra el fiscal jefe del Alto Tribunal y quien visa en última instancia todas las decisiones de sus fiscales.

De ahí que tampoco se comprenda el control, porque ningún fiscal va a tomar una decisión sin el visado previo de su superior, como ocurre en todas las Fiscalías. Fuentes fiscales reconocen que la idea de Madrigal es no provocar una distorsión en la vida política y dejar a un dirigente político mucho tiempo a la espera de conocer si va a ser investigado, sobre todo en un momento en que se están jugando la incorporación a las listas electorales.

Iglesias, Monago o Imbroda

Son varios casos los que el Alto Tribunal tiene abiertos contra aforados. Uno de los últimos –contra el líder del Podemos, Pablo Iglesias, contra quien se querelló el sindicato Manos Limpias– ha tardado aproximadamente dos meses en recibir informe del Ministerio Público sobre la admisión a trámite, para finalmente hacerlo en contra al calificar la querella de “confusa” y “sin soporte probatorio”. Sin embargo, todavía está pendiente que la Sala de Admisión se pronuncie.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

El Alto Tribunal también ha archivado recientemente una querella presentada contra el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago (PP), por los viajes que realizó a Canarias entre 2009 y 2011 cuando era senador, al no considerar que los hechos tengan una naturaleza delictiva. A este se añade el archivo, una vez admitido, de la investigación al presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), tras tomarle declaración como imputado. Este asunto fue remitido por un juez de Melilla, que vio indicios de un delito de prevaricación en la contratación de un abogado externo por la ciudad autónoma para determinados pleitos en materia laboral a partir de 2001, por los que cobró 395.000 euros hasta 2010.

En estos últimos meses, el Supremo también ha archivado, en este caso por prescripción, una causa abierta por un presunto delito de cohecho contra el presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), y el consejero autonómico de Obras Públicas Francisco Javier Rodríguez Argüeso relacionado con su estancia en un balneario de Oviedo en agosto de 2010, que fue pagada por Aquagest, una empresa investigada en el caso Pokemon en Galicia.

Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. (EFE)
Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. (EFE)

Actualmente, se está investigando a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PSOE) por el asunto de los ERE fraudulentos. Por ahora, se está tomando declaración a los imputados y después el instructor decidirá si se deben practicar más diligencias, si deben ir a juicio o si no hay suficientes indicios para sentarlos en el banquillo.

También está pendiente de resolver por la Sala de Admisión la denuncia por violencia de género contra el eurodiputado socialista y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, respecto al que la Fiscalía ha informado que debe ser investigado al existir indicios de un delito por maltratos a su mujer.

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