Catalá 'recula' y dice que no se trata de penalizar las filtraciones de los medios

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reabre un viejo debate que ya puso sobre la mesa su predecesor, Alberto Ruiz Gallardón: ¿Se puede sancionar a un medio de comunicación por sacar a la luz información relevante en procesos judiciales? ¿Está por encima la libertad de expresión o la presunción de inocencia del reo?

Gallardón lo tenía claro: "Sí". De hecho, el proyecto de reforma dela Ley de Enjuiciamiento Criminal incluía"un sistema severo de sanción administrativa" para evitar las filtraciones y que limitará a un mes la posibilidad de mantener bajo secreto los sumarios.

Catalá no ha sido tan contundente perose ha mostrado partidario de "sancionar con firmeza" a los que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales y ha deendido que "sería un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información" con el fin de proteger la "confidencialidad" y la presunción de inocencia".

Sin embargo, y tras el revuelo causado, ha precisado que su planteamiento "no tiene nada que ver con penalizar a los medios" y la propuesta no está como tal en la agenda política del Gobierno ni en ninguna de las reformas legislativas en marcha. Lacuestión ha surgido enel Círculo Ecuestre de Barcelona, cuando unabogado le ha preguntado al ministro sisevulnerabala presunción de inocenciacuando la prensa llevaa cabojuicios paralelos.

El ministro ha considerado que es necesario "sancionar con firmeza" a los que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales y ha defendido que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información". "No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia", ha añadido Rafael Catalá.

¿Alque la filtra o alque la publica?

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el ministro ha suavizado sus declaraciones y se ha mostrado favorable a "someter a debate dónde poner los controles" en los casos de filtraciones de investigaciones judiciales o bajo secreto de sumario, "si en el que transmite la información o en el que la publica". Catalá ha puntualizado que se trata de una "reflexión" que debería ser objeto de un análisis por parte de la sociedad y de los poderes públicos.

El ministro ha lamentado que, en muchas ocasiones, la "presunción de culpabilidad" sustituye a la presunción de inocencia, de manera que el hecho de estar imputado se convierte en condena anticipada. Para Catalá, la falta de confidencialidad de los procesos en instrucción penal supone una "falta de respeto a la presunción de inocencia", un asunto que, en su opinión, difícilmente se podrá arreglar "con leyes".

Críticas desde la prensa

Las críticas desde el sector no han cesado desde que se hicieran públicas las declaraciones del ministro.Carmen del Riego, presidenta de la APM, ha querido mostrar en nombre del colectivo su "rechazo acualquier intento de imponer sanciones a los medios de comunicación por difundir informaciones, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial".

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) considera que "no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma" ya quelos medios y los periodistas tienen derecho a dar a conocer a los ciudadanos cualquier información veraz y de interés de la que tengan conocimiento".

Autorregulación y no represión

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha señalado este jueves que los "excesos" en la información "deben corregirse más por la autorregulación y por un ejercicio responsable de la profesión de los periodistas que por la vía de la represión".

Lesmes, que ha asistido a un desayuno informativo de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha señalado que en materia de filtraciones "lo absolutamente reprobable" es cuando la realiza "el servidor público, el funcionario, juez o fiscal". "Es claramente reprobable, constituye una infracción disciplinaria y, en algunos casos, puede constituir un delito de revelación de secretos", ha afirmado.

En este contexto, se ha mostrado convencido de que los medios de comunicación "cumplen con su deber informando y, por lo tanto, cuando se cumple con el deber informando no se puede cometer infracción".

Aun así, ha apuntado que "determinadas informaciones que provienen de investigaciones secretas pueden vulnerar derechos fundamentales y lesionar el derecho a la dignidad que tiene todo ciudadano, que no deja de serlo por el hecho de estar siendo investigado". "Sigue siendo ciudadano con todos sus derechos: derecho a la dignidad, a la intimidad, al honor y a la presunción de inocencia", ha añadido.

De igual modo, ha apuntado que los jueces deben comunicar a los ciudadanos lo que hacen "de la forma más transparente posible". "Somos un poder público y, por lo tanto, nuestro deber es responder a la ciudadanía a través de una política de comunicación transparente", ha dicho.

Además, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene al enemigo en casa. La candidata de Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha mostrado contraria a la propuesta del ministro de “sancionar con firmeza” a los medios que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales e imponerles que no la publiquen.

“No estoy de acuerdo. Los medios tienen que informar porque es una obligación y un derecho constitucional”, ha dicho Cifuentes en una entrevista concedida este jueves en El Programa de Ana Rosa. “Es el debate equivocado, así de claro lo digo. No se puede matar al mensajero”, ha continuado para dejar claro que los debates “que se deben abrir” son aquellos “que preocupan a los ciudadanos”.