ANDREU NO ESPERA EL INFORME DE ANTICORRUPCIÓN

La Audiencia Nacional investiga por blanqueo a Banco Madrid y siete consejeros

El magistrado adopta esta decisión sin el previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, que tiene una investigación abierta a la entidad

Foto: La entrada a la sede principal de Banco Madrid. (foto: Pablo López Learte)
La entrada a la sede principal de Banco Madrid. (foto: Pablo López Learte)

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado admitir a trámite la querella presentada por dos sociedades clientes del banco contra Banco Madrid y siete miembros de su Consejo de Administración. El magistrado ha aceptado investigar si la filial de Banca Privada de Andorra tenía una operativa de blanqueo de dinero, tal y como denunciaron las autoridades estadounidenses, y que provocó la intervención por parte del Banco de España de la entidad.

La querella fue interpuesta por Marine Instruments S.A. y Liuniaski S.L, después de que las autoridades españolas liquidaran el banco enviándolo a concurso de acreedores. El magistrado adopta esta decisión sin el previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, que tiene una investigación abierta por blanqueo de capitales respecto de Banco Madrid tras recibir un informe del Servicio de Prevención y Blanqueo de Capital (Sepblac), que tenía ya abierta una inspección por varias operaciones sospechosas que la entidad no controló, sobre todo con empresarios y dirigentes venezolanos.

Una vez admitida a trámite la querella, el magistrado se ha dirigido a Anticorrupción para confirmar si está tramitando diligencias sobre estos mismos hechos y de ser así, recabarlas para evitar duplicidades. La Fiscalía que dirige Antonio Salinas ya ordenó la entrada y registro de la entidad y se ha incautado de toda la documentación en formato papel y digital.

El escrito de querella de estos clientes de Banco Madrid relata los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir la entidad bancaria, a raíz de la propuesta de actuación del Departamento del Tesoro de EEUU respecto a Banca Privada de Andorra, matriz de Banco de Madrid. Se consideraba a esa entidad andorrana sometida a primer orden de preocupación en materia de blanqueo de capitales.

De izquierda a derecha: Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel
De izquierda a derecha: Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel

 

La querella explica todas las circunstancias que han originado la situación concursal de Banco de Madrid, así como la situación de pánico y desconfianza generada en sus clientes. Ante este escrito, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó favorablemente a la competencia de este órgano judicial y a preguntar a Anticorrupción si existen investigaciones preliminares sobre esta materia, a pesar de que era conocida la existencia de esta investigación por esta Fiscalía.

El magistrado entiende que los hechos detallados en la querella deben ser objeto de investigación penal en la Audiencia Nacional porque podrían ser constitutivos de delito, “pues lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno a los tipos penales denunciados, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional, desde el momento en que consta entre la documentación aportada el acuerdo del Banco de España de intervención de Banco de Madrid y que la misma se produce después de que el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas supervisor de BPA decidiera intervenir esta entidad, matriz de Banco Madrid”.

Para Andreu, la intervención es una decisión basada en asegurar el cumplimiento por parte de BPA de la normativa en materia de blanqueo de capitales. Esos hechos se van a investigar a partir de ahora en la Audiencia Nacional porque podrían haber causado numerosos perjuicios no solo a los depositantes e inversores, como los querellantes, “sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto”.

Los siete consejeros querellados son José Pérez, Higini y Ramón Cierco, Joan Pau Miquel, Soledad Núñez, Ricard Climent y Rodrigo Achirica, quienes serán investigados, junto a la propia entidad, por un delito de blanqueo de capitales, al entender que “pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos a que venían obligados, no sólo representándose y asumiendo la posibilidad de que fuera utilizada para mover u ocultar fondos de origen delictivo, sino incluso ofreciendo la entidad para dichos fines”.

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