El PP intenta desmarcarse y ‘enterrar’ a Rato ante el caso abierto desde Economía

Rodrigo Rato pertenece al grupo de “los que ya no están” aunque lo fueran todo en otros tiempos y con otro Gobierno. Esa es la doctrina de respuesta oficial del PP al último escándalo en que se ve envuelto el exvicepresidente económico, exdirector del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ante la investigación abierta por el organismo del Ministerio de Economía (Luis de Guindos) que vigila el blanqueo de capitales. Mientras, el PSOE carga contra el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, por promover de la regularización fiscal de los fondos en el extranjero.

“Hace años que no tiene nada que ver con nosotros y nadie de los nuestros mantiene relación alguna con Rato (ya no es ‘Rodrigo’)”, repiten en fuentes del PP y confirman hasta sus más fieles partidarios, que los tenía, al menos hasta que saltó el caso de las tarjetas opacas de Bankia. El problema, como también admiten en los mismos medios, es que para la opinión pública el exvicepresidente del Ejecutivo sigue siendo un referente del Partido Popular por mucho que rompiera con José María Aznar en 2003 y Mariano Rajoy fuera el elegido como sucesor. Otro problema de imagen añadido a los casos de Bárcenas o Gürtel.

Rajoy recurrió a su antiguo compañero después de que hubiera dejado el FMI para imponerle en Caja Madrid con tal de que Esperanza Aguirre no controlara la entidad financiera. El presidente del Gobierno no le defiende desde julio de 2012, cuando aún no se conocía la magnitud del desastre de gestión en Bankia. Aunque se acumulen los escándalos, el desconcierto entre los populares es total ante el hecho de que Rato se haya beneficiado de la llamada “amnistía fiscal” impulsada por Hacienda y, sobre todo, porque le investigue el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

“Una cosa es que pueda tener en el extranjero dinero propio o heredado y otra que esos fondos puedan ser fruto de actividades ilícitas”, apuntaba un dirigente del PP, aunque insistiera en que el partido no tiene obligación alguna de explicar las actividades particulares de Rato y que es a él a quien conviene defenderse. Al contrario, en medios populares reiteran que con este caso se demuestra que las instituciones del Estado, con el PP en el Gobierno, actúan con transparencia y sin favoritismo alguno. De hecho, el nuevo escándalo perjudica al partido en el poder.

Aunque desde la sede de Génova, la Moncloa y en el Grupo Parlamentario Popular eludieran responder oficialmente sobre el asunto, dirigentes de todos los sectores del partido a título personal sí invitaron a Rato a explicarse, desde la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la ministra Ana Pastor o Esperanza Aguirre. En el Congreso, Cristóbal Montoro tuvo que capear la embestida de los socialistas en el trámite de preguntas y en las interpelaciones, sin poder aportar dato alguno porque se lo prohíbe la ley. “Y es probable que no tenga información”, comentaban en medios de los populares al recordar el origen de la investigación: Economía.

Pedro Sánchez pidió la dimisión de Montoro, el miembro del Gobierno al que peor le ha venido que salte el escándalo, dos días antes de llevar al Consejo de Ministros la reforma legal que debe permitir a Hacienda, en determinados casos, hacer públicos los nombres de los defraudadores. El texto tiene que entrar en la Cámara este mes, pero en el Gobierno admiten que difícilmente estará aprobado antes de julio. Después llegan las vacaciones de agosto y la legislatura termina en el otoño. Quedará muy poco tiempo para aplicar la ley y falta por ver si podrá hacerse a casos antiguos.