El arquitecto de la Policía utilizó una sociedad para 'asesorar' a quienes adjudicaba obras

La Unidad Asuntos Internos sospecha que el jefe del Área de Arquitectura de la Policía, Luis L. S.–imputado por en el caso de la adjudicación de obras–, utilizó una empresa que estaba a nombre de su mujer, Azucena M. S., para cobrar por supuestos servicios de asesoría a arquitectos a los que, por otro lado, contrataba desde el departamento que dirigía para realizar obras en comisarías.

La sociedad, denominada Consultoría y Gestión Archena, fue constituida en 2001 por Azucena M. S.–también imputada en el caso– y se mantuvo activa hasta 2013, según consta en el Registro Mercantil. El objeto social de la firma –domiciliada en la vivienda que compartía la pareja–, era el “asesoramiento” en materia de “proyectos de arquitectura y de dirección de obras de construcción”, una actividad cuando menos llamativa teniendo en cuenta que la administradora única de la empresa era farmacéutica de profesión y no tenía ningún empleado.

En concreto, según fuentes de la investigación, los ingresos de Archena procedían"de relaciones comerciales con empresas que guardan nexo directo con adjudicatarias de obras y prestaciones de servicio contratadas desde el Área de Patrimonio y Arquitectura" de la corporación.

La mercantil es, de hecho, uno de los ejes de la investigación que dirige el Juzgado número 26 de Madrid en colaboración con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. De ahí que, según cuentan fuentes judiciales,los agentes que se encargan de las pesquisas desde hace tres añoshayan preguntado insistentementea la práctica totalidad de los miembros del Área de Arquitectura –conformadapor una treintena de personas–por esta polémica sociedad durante la toma de declaraciones que han practicado a lo largo de los últimos meses.

En varios casos, explican las mismas fuentes, los técnicos que contrataban los servicios deArchena eran al mismo tiempo adjudicatarios de las obras que desarrollaba el Área de Arquitectura de la Policía, extremo que lleva a los investigadores a plantearse la posibilidad de que esta sociedad realmente sirviera para cobrar los favores que por otro lado Luis L. S.hacía a sus amigos adjudicándoles obras.

La Fiscalía los acusa de cohecho y malversación de fondos públicos por amañar supuestamente la adjudicación de obras en dependencias policiales

La magistrada Concepción Jerez tomahoy declaración a los cinco imputados en el caso. En concreto, se trata del que fuera jefe del departamento durante 27 años, Luis L. S.; su mujer, Azucena M. S.; el arquitecto laboral contratado en la misma área Santiago H.; el también técnico Gonzalo R.,y un quinto que no ha podido ser identificado por El Confidencial. La Fiscalía los acusa de los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos por amañar supuestamente la adjudicación de obras en dependencias policiales.

Tras las imputaciones ordenadas por Jerez a principios de marzo, la Dirección General de la Policía ordenó destituir a Luis L. S., que llevaba 27 años en el cargo, y destinó para el puesto a la comisaria Carmen Solís, bióloga experta en ADN, que tomó posesión de su nueva plaza el pasado 17 de marzo, apenas dos semanas después del cese de su predecesor.

Sin embargo, no todo fueron desplantes hacia la presunta piedra angular de la trama. Jefes de áreas paralelas a la de Arquitectura y superiores del destituido lehomenajearonjusto después de su cese en una suerte de comida que servía para despedir al que había estado al frente del departamento durante casi 30 años seguidos.

La magistrada Jerez comenzó la instrucción del caso en 2012. Un escrito anónimo que detallaba cómo procedían los funcionarios encargados de conceder las obras llegó a la Intervención Delegada de Hacienda, que lo remitió a la Dirección General de la Policía, que a su vez ordenó a Asuntos Internos abrir una investigación. Esta última unidad policial elaboró un exhaustivo informe basado en la documentación recibida y se lo presentó a la Fiscalía Anticorrupción, que decidió judicializar el asunto.

En paralelo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) recibió un escrito similar al que llegó a la Intervención Delegada de Hacienda. Este segundo documento –titulado Graves daños a los intereses de la administración como consecuencia de corrupción en el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía–, también anónimo, fue adjuntado por el entonces secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, en otra denuncia interpuesta por este sindicato ante la Fiscalía Anticorrupción.

El anónimo del SUP mencionaba que en el área técnica señalada se estaban produciendo desde hacía tiempo “continuas prácticas de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios técnicos”. Entre estas ilegalidades, el escrito hablaba del “amaño de antemano” de las adjudicaciones, procedimiento que venía “acarreando graves perjuicios económicos a la administración”. “Es conocido que reparten honorarios por asegurar los contratos con técnicos externos”, señalaba.

El escrito ponía de manifiesto que “falsas contrataciones de supuestos servicios” han provocado pérdidas por valor de “cientos de miles de euros”. Según el anónimo, los funcionarios “fraccionaban el gasto de obras mayores en una repetida adjudicación de contratos menores a una misma empresa sobre obras localizadas en un mismo edificio policial (…) para evitar la publicidad”. En algunos casos, añadía, “es tal la grosería que una misma persona física es administrador de varias empresas situadas en la misma dirección fiscal”. El documento también destacaba el pago de comisiones a “amigos” a cambio de obras que “no servían para nada a la Policía”.

La instrucción dirigida por Concepción Jerez está siendo especialmente lenta, ya que va camino de cumplir su tercer año desde que la juez comenzara las diligencias en 2012 y hasta hoy no han prestado declaración los imputados. La magistrada Jerez, por ejemplo, tardó 11 meses en responder a la petición realizada por la Fiscalía en abril de 2014 de imputar a los cinco investigados.