fraude de los cursos de formación

La Policía critica la pasividad de los jueces del caso Edu frente a la proactividad de Alaya

Las detenciones del pasado 24 de marzo de 16 altos cargos de la Junta de Andalucía ordenadas por la magistrada a la Guardia Civil no han sentado bien a los policías que llevan meses investigando

Foto: La juez Mercedes Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla, el 13 de noviembre de 2014 (Reuters).
La juez Mercedes Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla, el 13 de noviembre de 2014 (Reuters).

La investigación del fraude en torno a los cursos de formación en Andalucía, que ha destapado un agujero de más de 3.000 millones de euros que deberían haber sido destinados a políticas de inserción laboral, ha provocado una guerra política. PP y PSOE se han tirado los trastos a cuenta de las ayudas presuntamente irregulares concedidas por la Junta e indagadas tanto por la juez Mercedes Alaya como por los ochos jueces de instrucción que dirigen la operación Edu. Pero no solo se ha generado una disputa partidista.

También a nivel policial y judicial se están produciendo pugnas en torno a la investigación del fraude de los mencionados cursos de formación. Las detenciones de 16 altos cargos del Gobierno andaluz el pasado 24 de marzo por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que actuaba a las órdenes de Alaya, por ejemplo, no sentaron bien en el departamento hermano, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, cuya Sección de Investigación de la Seguridad Social dirige la operación Edu y tiene en la mirilla a los mismos defraudadores que la magistrada de Sevilla.

Fuentes de la UDEF, de hecho, se quejan abiertamente de la pasividad de los ochos jueces –uno por cada provincia andaluza– que instruyen el caso Edu frente a la proactividad que demuestra Alaya, quien no necesita de exhaustivos informes para decretar una detención o pasar al siguiente estadio de la investigación.

Las mencionadas detenciones del 24 de marzo, de hecho, son consideradas por las fuentes consultadas como una muestra más de cómo la magistrada toma la iniciativa, algo que no ocurre -continúan- en la operación Edu, donde la Policía lleva meses proponiendo cada una de las actuaciones que luego los ocho jueces de instrucción ratifican en sus autos.

Imagen de la última operación contra el fraude de los cursos de formación (Efe).
Imagen de la última operación contra el fraude de los cursos de formación (Efe).

Las decenas de empresarios, funcionarios y altos cargos arrestados en la primera y segunda fases de la operación Edu coinciden en muchos casos con los mismos que también son señalados por la magistrada Mercedes Alaya, que investiga a través de la Guardia Civil un fraude similar en cursos de formación paralelo al que indaga la Policía. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que, probablemente, en la tercera fase de la operación Edu que aún queda por completar -y que abordará a los imputados de Huelva y Sevilla- coincidan algunos de los acusados por Alaya.

La operación Edu, que cumple ahora un año desde que se hizo pública, investiga desde hace meses las subvenciones fraudulentas concedidas por la Junta de Andalucía a academias y sociedades sin ánimo de lucro que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos, como la existencia de instalaciones adecuadas, de profesorado experimentado o del material correcto. Algunas de ellas se habían creado únicamente para recibir ayudas y, según la investigación policial, muchas otras pactaban con los inspectores del Gobierno regional el momento propicio para realizar las visitas.

La mayoría de alumnos, profesores, empresarios y funcionarios han pasado ya por dependencias policiales para prestar declaración en torno a la trama de clientelismo que se ha creado en Andalucía alrededor de los cursos de formación. Solo queda por establecer, y en eso está actualmente la Policía, el destino al que ha sido derivado el dinero.

Algunas academias se habían creado para recibir ayudas y otras pactaban con los funcionarios el momento de las inspecciones

Las ayudas iban en principio dirigidas a fomentar la formación que luego servía para colocar a los alumnos que recibían los cursos. De hecho, en muchos casos existía una obligación legal de contratar a un determinado porcentaje de estudiantes, que en la mayoría de ocasiones no era cumplida por las academias, que muchas veces también pactaban con los profesores y con los alumnos para que éstos únicamente figuraran como inscritos.

Desde la Policía también se quejan, de hecho, de que su investigación se ha llevado a cabo desde abajo -alumnos, profesores, fraudes concretos- mientras la de la Guardia Civil, aseguran, ha comenzado por el tejado, con la detención de los mencionados 16 altos cargos ordenada por Alaya bajo el nombre de operación Barrado.

En su auto firmado el pasado 20 de enero, la juez de Sevilla calificó de graves los hechos que investigaba y aseguró haber detectado diferentes “bolsas de fraude”, entre las que destacan los “entramados empresariales beneficiados por diferentes subvenciones, algunas de la cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación”, además de por las personas que dirigían las sociedades, que “tenían acceso a un volumen importante de subvenciones” e incluso en algunos casos estaban “relacionadas con determinados cargos de la Administración”.

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