El Gobierno extremeño destapa un presunto fraude a gran escala en cursos de formación
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El Gobierno extremeño destapa un presunto fraude a gran escala en cursos de formación

Este sistema irregular afectaría a tres millones de euros sólo en 2011 que habrían ido a parar a los principales sindicatos nacionales y extremeños en forma de "sobrefacturaciones"

Foto: El presidente extremeño, José Antonio Monago (EFE)
El presidente extremeño, José Antonio Monago (EFE)

El Gobierno de Extremadura ha destapado un "presunto fraude a gran escala" con los cursos de formación de ocupados por parte de la Creex (Confederación Regional y Empresarial Extremeña), CC.OO., UGT y Cepes (la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura) y que "podría alcanzar sólo en la convocatoria de 2011 más de tres millones de euros".

Los datos de este caso han sido puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción este pasado martes, según ha anunciado la consejera de Empleo, Mujer, y Políticas Sociales del Gobierno extremeño, María Ángeles Muñoz, en una rueda de prensa en Mérida.

En su intervención, Muñoz ha explicado una empresa externa al Ejecutivo regional ha llevado a cabo una auditoría en la que ha detectado que en el 10% de los cursos existen "indicios suficientes" de que en Extremadura "se creó y alimentó un sistema irregular de la gestión de la formación a ocupados".

“Los gastos facturados son superiores al coste real", por lo tanto "existen sobrefacturaciones" ya que "los costes superan con creces el valor de mercado". Ha calculado que "la diferencia entre el coste real y el coste facturado" sería de un 47% más.

Según ha señalado, de los 3,1 millones de euros de subvención que la Creex recibió en 2011 para estos cursos, existen "indicios de fraude de en torno a 1,5 millones", es decir, el 50% de la subvención, mientras que en el caso de UGT y CCOO, recibieron cada uno una subvención de 1,8 millones, y el "fraude" estaría en ambos casos "entre los 600.000 y los 650.000 euros", un 30%. En el caso de Cepes, la subvención en 2011 fue de 700.000 euros, de los que "los indicios de fraude rondan los 300.000 euros, más del 40% de la subvención".

Diferencias con Andalucía

La consejera de Empleo ha destacado que este caso es "distinto" al de los ERE de Andalucía, ya que "no se refiere a formación de desempleados, sino de empleados". En lo que se refiere a cursos para parados "el control es absolutamente riguroso".

Muñoz ha destacado que se ha realizado una "exhaustiva investigación" en la que se han detectado "hechos que pudieran constituir un delito contra la hacienda pública" por un "fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de las subvenciones públicas".

Así, y aunque "hasta el momento" se ha investigado la convocatoria correspondiente a 2011, el Gobierno extremeño ya ha "iniciado los pasos necesarios para analizar los años anteriores, que no estén prescritos".

En el relato cronológico del caso, la consejera de Empleo ha explicado que tras lo ocurrido en otras comunidades, el Gobierno extremeño decide "examinar con rigor" la convocatoria de estos cursos tras recibir de la Fundación Tripartita una "propuesta inicial de subsanación de deficiencias" correspondiente a los cursos de formación de ocupados de la convocatoria de 2011.

El Gobierno extremeño contrató en septiembre de 2014 a la empresa auditora Gabinete Extremeño de Auditoría S.L. para realizar el examen de la documentación. Muñoz ha querido dejar claro en todo el proceso, el Gobierno extremeño "ha actuado, como no podía ser de otra forma, bajo el principio de buena fe", ya que ha informado "de cada paso a las entidades investigadas, y "por supuesto, permitiendo que subsanen cada deficiencia, si es que podían subsanarla".


Así, y a partir de esta muestra obtenida en el 10% de los cursos, Muñoz ha realizado una "proyección" por la que la cantidad defraudada global "podría alcanzar los tres millones de euros" en conjunto.

Resultados de la auditoría

La consejera ha apuntado que de esta auditoría se desprende que las "irregularidades" de este caso estriban en que "los costes facturados son superiores a los costes reales". Así, “en una factura presentada por valor de 69.000 euros el coste real es de 9.600 euros", por lo que "se llevaron un beneficio del 800%".

En otra factura presentada "por valor de 35.000 euros, el coste real es de 12.000 euros", mientras que en otra de 43.900 euros, es 30.000 euros", ha señalado Muñoz, quien ha resaltado que "existen sobrefacturaciones".

Así, María Ángeles Muñoz ha apuntado algunos casos concretos detectados, como una de las facturas que se aportó como justificación, , y en la que aparecía como concepto único "cursos de formación por importe de 894.359 euros", y a la que se acompañaba un informe que "no contenía ningún soporte documental que acreditara que efectivamente esos eran los costes en los que se había incurrido".

También ha apuntado la consejera de la "desproporción" que a su juicio existía "entre lo que se abonaba y el valor de mercado", y ha puesto como ejemplo que "uno de los profesores cobró 7.600 euros por 500 horas de teleformación y 3.800 euros por 22,5 horas presenciales".

En este punto, ha señalado Muñoz que se han detectado casos de cobro de 427,5 euros, 630 o 820 euros la hora de clase impartida, por lo que ha resaltado que "el concepto de impartición es el mayor fraude", aunque también se han desvelado otros como que "las entidades beneficiadas se autoalquilaban las aulas donde impartían los cursos".

"En algunos casos no se justifica el trabajo de determinados profesores, y en otros los docentes realizan acciones formativas simultáneamente, lo cual es bastante curioso", ha apuntado Muñoz, quien ha añadido que también se ha dado la "situación rocambolesca de que el número de horas dedicadas a tutorías supera el número de horas dedicadas a enseñanza".

En otros casos, existen "vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas", de tal forma que "el propio beneficiario de la subvención contrataba a una empresa de la que él mismo era el dueño", ha señalado Muñoz, quien ha apuntado que en otro caso los tres presupuestos que se piden para contratar el curso "son de tres empresas del mismo administrador", por lo que "no hay libre competencia".

Próximos pasos

Tras presentar esta documentación en la Fiscalía Anticorrupción, "corresponderá a la justicia determinar las consecuencias penales para estas entidades y para sus responsables". Por su parte, el Gobierno de Extremadura ha avanzado que va a reclamar a estas entidades que "se devuelva la cantidad defraudada al pueblo extremeño", ya que se trata de "fondos públicos".

Además, María Ángeles Muñoz ha avanzado que va a pedir a la Intervención General de la Junta de Extremadura que examine todos los expedientes de los años anteriores "en los que podrían darse actuaciones similares y no hubieran prescrito", con el objetivo de "comprobar si ha tenido lugar el mismo presunto fraude".

Finalmente, la consejera apuntado además que tras esta convocatoria de 2011, ya con el Gobierno del PP, "se cambió el sistema de gestión y control de estas subvenciones" y "se endureció para evitar cualquier posible fraude".

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