La cúpula de Banco Madrid dio un millón a Petrov en contra de su órgano de control

El Consejo de Administración de Banco Madrid no sólo conocía las operaciones sospechosas de blanqueo llevadas a cabo desde la entidad sino que en alguna ocasión las aprobaron en contra de sus órganos de control. Así consta en el expediente sancionador elaborado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y al que ha tenido acceso El Confidencial.

En éste consta cómo en abril de 2012 el Consejo aprobó por unanimidad un préstamo hipotecario de un millón de euros para financiar la construcción de un local comercial en Lloret de Mar a favor de la entidad DDC, de la que eran accionistas los ciudadanos rusos Viktor Kanaikine y Andrei Petrov, siendo éste el administrador único. "Dicho acuerdo se adoptó en contra de la opinión del departamento de cumplimiento, que en un informe señalaba la imposibilidad de conocer la estructura de propiedad o control de la entidad y manifestaba que no existía información suficiente para formar un juicio sobre la admisibilidad o no del cliente", recoge el documento.

Es precisamente esa falta de conocimiento del propio cliente la que determinaría, según el SEPBLAC, su inadmisibilidad. "No obstante, lo cierto es que la operación fue aceptada y no se llevó a cabo su comunicación por operativa sospechosa".

En la fecha que se concedió el crédito al mafioso ruso, el Consejo de Administración estaba compuesto por el propio presidente de la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), José Pérez, el consejero delegado, Joan Pau -detenido por las autoridades andorranas-; los propietarios del BPA, Higini y Ramón Cierco; además de Ricard Climent y Luis César Jayme García Salcedo, siendo secretario del mismo Rodrigo Achirica.

En el informe, los inspectores destacan que el banco debería haberse abstenido de establecer relaciones de negocio con Petrov. La inspección añade que Tribunal Constitucional de Andorra fijó en 2014 que BPA tenía relaciones con este mafioso ruso desde 2011.

'Desde Cumplimiento Normativo se informa que con la documentación aportada no es posible emitir una opinión y que, de hacerlo, sería desfavorable'

El expediente de aprobación de la operación contenía un informe del área de riesgos que señalaba que "desde Cumplimiento Normativo se informa que con la documentación aportada hasta el momento no es posible emitir una opinión por su parte y que, en caso de hacerlo, la misma sería desfavorable". La principal causa para que la comisión de control no aprobara la operación es que no se había podido determinar la estructura de la propiedad o de control de la sociedad. "A juicio de la inspección, la entidad debió de abstenerse a aprobar la operación", destaca.

Este mafioso ruso fue detenido en enero de 2013 y aún así el Banco Madrid no realizó examen especial ni comunicación por ninguna sospecha a este cliente. Junto a Petrov, la inspección enumera otros 13 clientes con los que la entidad "no debería haber establecido relaciones de negocio" como la sociedad panameña Era Trading, la holandesa Convergence Capital Partners, el abogado mexicano Gabino Antonio Fraga Peña, la panameña Izote Energy Inc, el grupo venezolano Omar Jesús Farías Luces o Greentrail International (Panamá).

Presuntos responsables del blanqueo

Para el SEPBLAC estos hechos podrían implicar incumplimientos por parte de Banco Madrid de las obligaciones establecidas, en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Consecuentemente, "los hechos que se han relacionado podrían implicar, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, la responsabilidad de los administradores y directivos de la entidad". Precisamente, son estos datos lo que lleva a la Comisión del SEPBLAC abrir un expediente sancionador al Consejo de Administración, "al resultar indiciariamente del informe de inspección una intervención directa en relación con el presunto incumplimiento de deberes legalmente impuestos de comunicación y abstención de ejecución de operaciones".

La incoación de este expediente sancionador se firma el 13 de marzo, tres días después de la intervención de Banco de Madrid por parte de España tras la denuncia de Estados Unidos a su matriz andorrana por sospechas de blanqueo de dinero. Fue el día 12 cuando el Comité Permanente del SEPBLAC se reúne para analizar la información obtenida del servicio de inspección, que había realizado su visita al banco para llevar a cabo este proceso entre el 9 de abril y el 23 de mayo de 2014, y el resultado es el que se envía a la Fiscalía Anticorrupción para que analice si las operaciones sospechosas detectadas podrían incurrir en algún delito de blanqueo de capitales. Precisamente, fuentes de la investigación señalan que a día de hoy los principales sospechosos de este asunto son los miembros del Consejo de Administraciones y quienes tendrían que responder, en su caso y si la investigación lo permite, ante los tribunales.

Este informe pone negro sobre blanco la dejadez del banco para controlar debidamente a sus clientes, respecto de quienes en muchas ocasiones desconocía su titularidad real. La Dirección de Cumplimiento Normativo del banco (DCN), encargado de analizar sus clientes potenciales antes de ser admitidos como tales, estudió, entre 2013 y 2014, a 152 clientes, de los cuales a 56 los calificó de riesgo bajo cuando a criterio de la inspección debían tener un riesgo superior.

Este informe muestra la dejadez del banco para controlar a sus clientes, respecto de quienes en ocasiones desconocía su titularidad real

Este es el caso del abogado costarricense Francisco Lavagni o de Carlos Luis Aguilera, un antiguo capitán del ejército venezolano que formó parte, según consta en el expediente, del círculo más cercano del expresidente Hugo Chávez, del que habría sido guardaespaldas. Fue director de Relaciones Presidenciales, viceministro y director de los Servicios de Inteligencia a principios de la década pasada. En su caso, al SEPBLAC le llama la atención que las tres empresas que constan a su nombre contraten al mismo consultor, aunque con objetos diferentes, y que en los tres casos se fije una retribución variable y no fija, siendo además idéntico el porcentaje de remuneración.

Aguilera recibió en agosto de 2013 en su cuenta de Banco Madrid un abono de 600.000 euros procedentes de Suiza y remitió 87.973 dólares con destino a Estados Unidos en el mes de septiembre. "Dados los indicios de blanqueo de capitales que concurren, las operaciones del cliente debieron ser objeto de examen especial y de comunicación por indicio".

Una sicav en Luxemburgo

Entre los clientes que el banco, presidido entonces por José Pérez, exdirector del servicio de supervisión del Banco de España, ni tan siquiera conocía los titulares reales se encuentra la sicav BMGA Alternative Lux, constituida en Luxemburgo por Banco Madrid Gestión. A la inspección le llama la atención esta sicav está sujeta a la normativa del país europeo y su consejo de administración está formado por el propio personal del Banco Madrid.

Caliope Global Founds es un subfondo de ésta y mantiene cuenta en Banco Madrid a través de la cual canaliza su operativa. El valor liquidativo de Caliope en mayo de 2014 superaba los 10 millones de euros. Además, en su cartera tiene participaciones de World Solidarity Fund, cuya gestora es BMGA, y cuya liquidez es de 2,6 millones de euros. Y a todo esto se añade que el titular del 90% de las participaciones es la propia Banca Privada de Andorra.

Ante las dudas existentes de que el BPA fuera titular de esta participación por cuenta propia -"no es habitual que una entidad de crédito adquiera participaciones en una sicav"- el equipo inspector solicitó información al respecto. Y efectivamente, el banco andorrano confirmó al Banco Madrid que en realidad no actuaba por cuenta propia. Banco Madrid omitió seis operaciones con indicios de blanqueo De esos 152 clientes que el propio Banco de Madrid analizó, seis de ellos tuvieron que tener un examen especial al concurrir indicios de blanqueo de capitales que, sin embargo, la entidad no llevó a cabo.

Otras irregularidades que detectaron los inspectores es que en las ocasiones que el propio banco ha cancelado cuentas de clientes por motivos relacionados básicamente con la prevención del blanqueo de capitales, esta información no ha sido trasladada a las autoridades policiales ni judiciales para que actuaran en consecuencia si así procedía. Los inspectores concluyen que de los ocho exámenes especiales que el propio banco llevó a cabo desde 2012, uno fue insuficiente, que es el relacionado con Lavagni. Además, el SEPBLAC identifica 13 operaciones donde debería haberse realizado un examen especial y no se produjo, sobre todo de sociedad radicadas en Panamá, Andorra, Holanda, Uruguay, Venezuela o México.

Cuando el banco ha cancelado cuentas por motivos relacionados con prevención del blanqueo, la información no ha sido trasladada a las autoridades

En este último país se encuentra la entidad del abogado Gabino Antonio Fraga Peña, con un saldo en su cuenta de 445.014 euros. En este caso, la entidad tuvo conocimiento de la implicación de una persona con este mismo nombre en un caso de compra de votos en México pero finalmente se decidió admitir dos transferencias desde el país mexicano porque "el cliente no se encontraba en listas negras", según consta en el propio acta del banco.

Fraga Peña, según el SEPBLAC, fue coordinador territorial de la campaña en 2012 del candidato a la presidencia de México Enrique Peña Nieto, apareciendo como presunto implicado en una supuesta financiación irregular de dicha campaña. "A juicio de la inspección, la ausencia de explicación sobre el propósito de la apertura de una cuenta en España por un ciudadano no residente, así como el desconocimiento existente sobre el origen de los fondos y los antecedentes conocidos del cliente, conduce a la necesidad de hacer un examen especial".

Los inspectores enumeran otras operaciones sospechosas como las relacionadas con Nervis Gerardo Villalobos, persona con distintos puestos de responsabilidad política en Venezuela, o Javier Alvarado Ocho, viceministro venezolano y presidente de Electricidad de Caracas. Estos dos últimos se encuentran vinculados a través de la sociedad Derwick Associates, respecto de la cual existen implicaciones en casos de corrupción.