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Falta de adaptación y humildad en Bolivia: "Las empresas españolas han sido las peores"

Pese a los problemas con las constructoras españolas y algunos fallos en el desarrollo comunitario, Bolivia está aprovechando eficazmente la inversión del Fondo del Agua. El reto es ahora la continuidad

Foto: Ademas de la pileta en la que lava la ropa, la cooperación española ha proporcionado a Lucía Quispe un baño ecológico. (Paula Guisado)
Ademas de la pileta en la que lava la ropa, la cooperación española ha proporcionado a Lucía Quispe un baño ecológico. (Paula Guisado)

Frente a una fachada azul turquesa que ha vivido tiempos mejores, Gary frena su destartalado Toyota y señala al suelo: “Antes de que hubiese alcantarillado, los desechos se arrojaban a un pozo ciego. Cuando se llenaba, uno pagaba a una empresa para vaciarlo”. La vivienda se encuentra en una zona privilegiada del barrio conocido como Plan 3.000, en la periferia de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia. La localidad, de casi 1,5 millones de habitantes, está al otro lado de los Andes y a unos 400 metros de altitud, muy por debajo de los 4.000 metros del altiplano boliviano. En un ambiente relajado, de tráfico lento y calor pegajoso, es donde se desarrolla el mayor proyecto del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en el país.

Un vaivén de calles estrechas, caminos de tierra y tramos esporádicos de pavimento llevan a la casa turquesa. En sus alrededores aún se intuye la huella de la guerra del agua que estremeció al país a comienzos del siglo XXI. Desencadenada en Cochabamba por el intento de privatizar el agua, la gestión del servicio pasó a un consorcio empresarial en el que participaba la española Abengoa. El aumento de las tarifas y, sobre todo, la exigencia de una licencia para recoger el agua de lluvia incendiaron los ánimos de la población. El conflicto boliviano fue el detonante de un proceso político y social a favor del reconocimiento del derecho humano al agua que ha marcado la trayectoria de Bolivia.

 

La guerra de antaño se ha sustituido por una nueva disputa en torno al agua en este barrio cruceño, levantado para realojar a las más de 3.000 familias que se quedaron sin hogar por el desbordamiento del río Piraí en 1983.Y de nuevo, una compañía española vuelve a ser protagonista. Las obras de la planta de tratamiento, a cargo de la empresa pública Tragsa, se han retrasado por la oposición de varias comunidades vecinas preocupadas por los efectos medioambientales.

Este no ha sido el único problema de un proyecto que lleva casi dos años de demora. En el retraso han influido desde las dificultades de adaptación al país hasta la subida del salario mínimo para los trabajadores locales, una de las medidas aprobadas por el presidente Evo Morales antes de su reelección en octubre de 2014.

Aunque el 45% de la población de Bolivia se encontraba debajo del umbral de pobreza, el país ha crecido en los últimos años por encima del 5%. (Paula Guisado)
Aunque el 45% de la población de Bolivia se encontraba debajo del umbral de pobreza, el país ha crecido en los últimos años por encima del 5%. (Paula Guisado)

“Es un palo muy grande”, lamenta Sara Aizpún, delegada de Tragsa en Bolivia. “Es uno de esos detalles que tienes que conocer antes de hacer un presupuesto a tres años. También es verdad que las obras eran para un año y se han alargado”.

Si desde el Gobierno boliviano sólo hay alabanzas hacia la cooperación española, el gesto se tuerce cuando se menciona a las adjudicatarias españolas. Sentado en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en La Paz, el ministro José Antonio Zamora reconoce estas dificultades. “La coordinación ha sido excelente. Extrañamente, en algunos de los proyectos sí hemos tenido problemas con las empresas españolas”, confirma en referencia al Plan 3.000.

'El Banco de las letrinas'

La percepción general es que Bolivia ha aprovechado los 87,7 millones de euros aportados por España, hasta el punto de ser la cuarta región con mayor porcentaje de ejecución. La agenda común de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Evo Morales tiene como prioridad el acceso al agua y saneamiento para toda la población en 2020.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que complementa la donación española con créditos reembolsables, es el encargado de supervisar el proyecto del Plan 3.000. “El BID lleva trabajando desde 1959 y el primer proyecto que hizo fue uno de agua en Bolivia. Tal es así que Che Guevara lo llamaba el Banco de las letrinas”, relata Omar Garzonio, especialista sectorial del banco. La entidad gestiona cuatro de cada cinco euros del Fondo en Bolivia a través de distintas entidades dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En el caso de Plan 3.000, esta labor la lleva a cabo la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).

Obras del emisario en el barrio del Plan 3.000, donde se desarrolla el mayor proyecto del Fondo del Agua en Bolivia. (Paula Guisado)
Obras del emisario en el barrio del Plan 3.000, donde se desarrolla el mayor proyecto del Fondo del Agua en Bolivia. (Paula Guisado)

“Las empresas españolas han sido las peores. Y entre ellas tenemos con nombre y apellido a Tragsa, una compañía que no ha podido asimilar el lugar donde estaba trabajando”, corrobora el ingeniero Ramiro Tirao, coordinador general de la UCP.

Los problemas de adaptación a la realidad boliviana han sido la tónica general entre las empresas españolas, adjudicatarias de los mayores contratos del Fondo del Agua en el país. Tragsa ha ganado concursos por importe de 15,4 millones de dólares, mientras que Imesapi, del grupo ACS, se ha quedado en los 14,1 millones. Esta última “también ha tenido dificultades para adaptarse, y eso ha influido tanto en el tiempo de ejecución como en los costos”, juzga Tirao desde su oficina en Calacoto, el barrio acomodado de La Paz.

"Las calles están hechas una desgracia"

A 270 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra se encuentra San José de Chiquitos. El trayecto de cuatro horas en coche hasta este municipio de 17.000 habitantes, fundado el 19 de marzo de 1697 por los jesuitas, transcurre por una carretera recién inaugurada, a lo largo de la cual desfila la fauna típica de la zona, desde tucanes que sobrevuelan el asfalto hasta avestruces andinas que observan el escaso tráfico desde la distancia.

Los miembros de la comunidad de Icrana, a orillas del lago Titicaca, trabajan para construir su propia red de saneamiento. (Carlos del Álamo - AECID)
Los miembros de la comunidad de Icrana, a orillas del lago Titicaca, trabajan para construir su propia red de saneamiento. (Carlos del Álamo - AECID)

Finalizadas las obras de saneamiento, las pocas calles empedradas de la localidad –aquellas que desembocan en la plaza central– aún tienen zanjas y baldosas levantadas entre las que se acumula el agua de lluvia. José Antonio vive en la misma plaza, a escasos metros de la iglesia que levantaron los jesuitas y hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad. “La obra del alcantarillado se ha hecho mal. La empresa dejó las calles hechas una desgracia”, se queja.

No es el único que opina así. En el Hotel Villa Chiquitana, la residencia de los representantes de Imesapi durante el año y medio que duraron las obras, el francés Jerôme Maurice coincide en señalar la falta de compromiso de la compañía del grupo ACS. “La empresa española dejó muy mala impresión en el pueblo”.

En las afueras, la casa del alcalde, con su impecable fachada bermellón, destaca entre las demás. Para Germaín Caballero, regidor de San José de Chiquitos desde hace diez años, ha faltado dedicación: “No es el estado en el que dejaron las calles, sino la falta de preocupación”.

El responsable de la Unidad Coordinadora de Proyecto reparte culpas. Por un lado, al afán electoral del primer edil: “Existió una gran incidencia política por parte de la alcaldía. Estábamos muy próximos a unas elecciones nacionales y el alcalde quiso usar el proyecto en beneficio particular”. Por otro, a la falta de humildad de Imesapi. “Llegaron a la población con cierta soberbia. Esto ha generado antipatías y los resultados los estamos procesando ahora”, sostiene Ramiro Tirao.

Llegar a la comunidad de Calapunco exige un vehículo capaz de atravesar caminos de tierra sin compactar. (Paula Guisado)
Llegar a la comunidad de Calapunco exige un vehículo capaz de atravesar caminos de tierra sin compactar. (Paula Guisado)

En su despacho del barrio Equipetrol, la zona ejecutiva de Santa Cruz de la Sierra, Alejo Murillo, delegado de Imesapi en Bolivia, responde a las acusaciones. “Ha habido falta de definición”, apunta. Y añade: “Estos proyectos están abiertos a la socialización. Hay una parte inicial de mostrar el proyecto y una final, después de la construcción, de ver las bondades del uso y mantenimiento de esas instalaciones. Pero no soy yo el que tengo que evaluar si se ha hecho bien o mal”.

El desafío de la coordinación

De esa labor de socialización depende la sostenibilidad de los proyectos. Por eso, de manera paralela a la construcción, se realiza el denominado desarrollo comunitario, que va acompañado de iniciativas de fortalecimiento institucional y que representa un pilar fundamental en las actuaciones de la cooperación española. La socialización recibe entre el 5% y el 20% del presupuesto de cada programa, cantidad insuficiente a juicio de Mar Humberto, responsable del Fondo del Agua en Bolivia.

El actor principal en este apartado, el SENASBA, institución creada por el gobierno en 2006 para ofrecer asistencia técnica a los proyectos, ha evidenciado algunas carencias. “Una cosa es la parte formal y otra, el día a día. Y si eso no lo sabemos superar en la etapa consultiva… Ahí el SENASBA no ha cumplido su rol como esperábamos”, critica el ingeniero Tirao.

Mar Humberto insiste en la importancia del desarrollo comunitario para alcanzar lo que en la jerga de la cooperación se conoce como apropiación, que en algunos proyectos lleva a la comunidad a construir sus propias infraestructuras. “No es sólo poner una pileta o el alcantarillado. La gente tiene que participar. Es una transformación cultural”, enfatiza.

Este trabajo directo con la comunidad significa que el desarrollo de las actividades depende en gran medida de la relación entre las partes: desde las cooperativas que gestionan las tarifas hasta las constructoras que levantan las calles, pasando por los vecinos que se erigen en supervisores mientras duran las obras.

Los Comités para Agua Potable y Saneamiento están formados por miembros de la comunidad que se encargan de la gestión y el mantenimiento. (Paula Guisado)
Los Comités para Agua Potable y Saneamiento están formados por miembros de la comunidad que se encargan de la gestión y el mantenimiento. (Paula Guisado)

“Si pones en juego a todos los actores, tienes el desafío de coordinarlos. Es un trabajo del día a día y lo que hace sostenible el proyecto”, asevera Cristina Mecerreyes, técnico del BID que hasta el verano de 2014 fue la responsable de proyectos del Fondo del Agua en pequeñas comunidades rurales.

Sentados en el patio de la sede de la AECID, en un edificio contiguo a la embajada española en La Paz, Cristina Mecerreyes y Sergio Martín-Moreno, coordinador general de la Oficina Técnica de Cooperación, se atreven a poner una nota al Fondo del Agua en Bolivia: notable. Cuando ya han finalizado varios proyectos y a falta de dos años para el cierre previsto del programa, el reto principal es la continuidad.

“El gran desafío es mantener y seguir avanzando en la sostenibilidad”, destaca Omar Garzonio, responsable sectorial del BID. Con el 77% de los fondos ejecutados, los responsables del BID empiezan a hablar de lecciones aprendidas: la apropiación de los proyectos, el seguimiento de los objetivos del Gobierno y la adaptación de la regulación.

Saber adaptarse en un contexto cambiante

A dos horas y media en coche de La Paz, en un lugar recóndito del altiplano boliviano donde la agricultura y la ganadería son el principal sustento, la comunidad de Calapunco tiene jornada de evaluación. Pequeños y mayores comprenden el castellano, pero aquí sólo se habla en aimara, la lengua del pueblo indígena del mismo nombre.

Carlos del Álamo, técnico de Tragsatec –filial de Tragsa que da apoyo técnico a proyectos públicos–, acude a la escuela para comprobar el uso y estado de las piletas y los baños ecológicos que se inauguraron hace menos de un mes y que han beneficiado a 32 familias. Libreta en mano, pone a prueba los conocimientos adquiridos durante el desarrollo comunitario, llevado a cabo por la ONG Catholic Relief Services.

Para llevar agua potable a la unidad educativa de Achica Arriba ha sido necesario cavar un pozo de 80 metros de profundidad. (Paula Guisado)
Para llevar agua potable a la unidad educativa de Achica Arriba ha sido necesario cavar un pozo de 80 metros de profundidad. (Paula Guisado)

A continuación visita algunas casas de adobe en las que sus habitantes han construido un baño ecológico y una pileta que les lleva agua potable desde las lejanas montañas. “Waliki”, saluda en aimara una anciana cuando Carlos entra al patio de su casa. Se llama Lucía y es una de las beneficiarias de la ayuda española.

En un contexto cambiante, donde los ciclos de poder tienen un año de duración, es fundamental saber adaptarse. Sergio Martín-Moreno lo tiene claro: “Si fuese un proceso estático sería muy fácil de valorar, pero es dinámico. Hace diez años había mucha reglamentación que no existía porque nadie invertía en agua”.

Ajena a las preocupaciones de los responsables del Fondo del Agua, Lucía se moja el pelo en la pileta construida en su patio gracias la cooperación española. Las manos de dedos nudosos rehacen las trenzas que, como cada día, ordenarán su melena. Dirigiendo su mirada vidriosa al horizonte, agradece no tener que ir al río, como cada día durante toda una vida, para poder peinarse. “Es que está muy lejos, ¿sabes?”, comenta señalando a las montañas, “y yo ya estoy mayor”.

 

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Esta información forma parte del proyecto El Fondo del Agua: cómo España abastece a América Latina, ganador en concurso público de una ayuda periodística internacional gestionada por el Centro Europeo de Periodismo y la Fundación Bill & Melinda Gates. El único contacto con ambas instituciones ha consistido en cumplimentar diversos formularios relacionados con el proyecto, pero en ningún caso acerca de la orientación periodística de los reportajes.

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