Guatemala: La burocracia congela 34 millones de euros en un país sin ley de agua

Ciudad de Guatemala se asienta sobre una balsa de agua, según lo ha confirmado recientemente un grupo de geógrafos españoles. Debajo de la capital del país centroamericano, una metrópoli con una extensión similar a la de Madrid pero tres veces menos poblada, hay un acuífero aún más grande. Pero en la zona 18, al norte de la capital y donde vive alrededor del 20% de la población, los operarios se afanan para llevar el agua potable a los vecinos.

En Nueva Guatemala de la Asunción, nombre oficial de la principal ciudad del país, “haces un agujero en el suelo, sacas el agua y ya la puedes vender, incluso al ayuntamiento”, explica Luis, un ingeniero que ha trabajado largo tiempo en la capital. Ninguna ley regula el acceso a dicho bien.

En este contexto, en mayo de este año la cooperación española tendrá en ejecución 38 infraestructuras para la mejora de acceso al agua potable financiadas por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Nacen gracias a los 69,4 millones de euros donados por España al país centroamericano para proyectos hidráulicos.

Transcurridos cuatro años desde que el Fondo del Agua comenzara su andadura en el país, una parte de la ayuda se encuentra bloqueada. Se trata del único programa multilateral, al que España ha aportado 34,2 millones de euros. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debería aportar la misma cantidad a este programa, pero los problemas burocráticos y la ausencia de una legislación clara han provocado que, en uno de los países con los mayores índices de pobreza de América Latina, se hayan bloqueado los nuevos desembolsos.

Las tuberías abandonadas del río del Silencio

Sin ley, cualquier trámite se atasca. Y llevar agua hasta lugares recónditos no es sólo cuestión de saber dónde colocar las tuberías. Lo saben bien los habitantes de la aldea de Sacuchum, en el departamento de San Marcos. Viven en un altiplano a escasos 70 kilómetros de la frontera sur con México, con el volcán Tajumulco en el horizonte. Son las tierras donde, a principios del siglo XVI, el héroe maya quiché Tecún Umán se enfrentó al ejército del conquistador español Pedro de Alvarado.

La mitad de los 1.200 habitantes de Sacuchum bebe de los pozos de sus casas, que en verano se secan frecuentemente. Entonces toca ir hasta el río más próximo, valle abajo, al que se accede por una carretera de piedras y barro que acaricia la montaña y tras superar un desnivel de 300 metros. Delante de ellos, una tubería escala la pared de rocas, árboles y malas hierbas. Es el esqueleto de uno de los planes nacionales que llegaron hasta esta remota aldea y, como otros, fueron abandonados a su suerte. La cara visible de la dejadez por parte de las autoridades.

“Hacía años que soñábamos con que el agua potable llegara a nuestras viviendas”, asegura Francisco, de unos 50 años y con un gorro de paja que le hace sombra en la cara abrasada por el sol.

Mira con aire incrédulo los seis chorros de agua que salen de la pared de la montaña. En la obra se ha tenido el detalle de canalizarlos con un sistema de captación muy parecido, en color y formas, a la roca original. Un salto de 400 metros permite transportar el agua hasta el gran tanque superior, aún en construcción. De ahí, por gravedad, entrará en las casas.

Es un salto también para la vida de esta comunidad, castigada duramente por la guerra civil que asoló el país a principios de la década de 1980. Aunque los pozos no son una garantía de abastecimiento. “En verano se secan y tenemos que andar horas y horas”, se lamenta Vicenta, madre de cuatro hijos, en su casa baja de piedra y una única habitación.

Una vez concluido el proyecto, el agua llegará a unas 440 viviendas, aumentando la cobertura hasta el 95% de la población. Pero el camino no ha sido fácil. De hecho, todavía no está terminado del todo, pese a los más de cuatro años que han pasado desde su inicio.

En un primer momento, la firma adjudicataria presentó un proyecto inviable. Fue rechazado por la comunidad a las pocas semanas de ponerse en marcha, con la consiguiente necesidad de buscar otro ejecutor. Entre sospechas de favoritismo en esa primera licitación, una segunda empresa ha llevado a cabo los trabajos, pero no ha sido fácil llevar hasta Sacuchum la maquinaria y el personal necesarios para dar vida al proyecto. Esta circunstancia se ha repetido en más de una aldea.

“Al comienzo no contábamos con un número suficiente de trabajadores para arrancar la obra”, explica Miranda, representante de la empresa en el lugar. Se ocupa de la parte social, de conseguir que la población local entienda por qué el proyecto le beneficia y que participe. Una colaboración que también forma parte del Fondo del Agua, ya que el 20% del presupuesto de cada proyecto debe ser aportación de la comunidad local. El nivel de pobreza de Sacuchum no permite un desembolso económico, pero sí de mano de obra no cualificada para la construcción de la obra. La recompensa es el proyecto en sí.

“Nos ha costado mucho convencer a la gente para participar. Al no recibir un salario, prefirieron seguir yendo a cortar café y ganar dinero como jornaleros que trabajar en el proyecto”, explica Miranda. Tras meses de asambleas locales se acordó la obligatoriedad de una rotación para que los trabajos nunca quedaran desatendidos. El regidor local, Carlos Enrique Bautista, no puede estar más satisfecho de ello. “Además de tener la obra, se consigue que la comunidad la sienta como suya al haberla hecho con sus manos. Este aspecto es la base para que sea sostenible en el tiempo y no se convierta en un elefante blanco”, apunta.

En Guatemala ya han visto demasiados elefantes blancos. Desde ejemplos poco invasivos, como las tuberías abandonadas en la fuente del río del Silencio, hasta las potabilizadoras que hace años entregó la cooperación japonesa. Hoy inutilizables, se han convertido en un obstáculo psicológico para aceptar cualquier nueva ayuda internacional.

Mancomunidades y BID, dos caras de una moneda

Donde bien recuerdan estos proyectos es en el Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Activo desde la década de 1960, tiene como objetivo ofrecer asistencia técnica y financiera a las municipalidades. El instituto ha trabajado como punto de canalización de la cooperación internacional que ha llegado a Guatemala y hoy lo hace con los fondos españoles.

Su anterior director, Guillermo Ruano, fue destituido hace un año debido “a los pocos avances en el tema del agua”. Según los últimos datos, el instituto ha desembolsado unos 17 millones de euros entre contratos de obras y de consultoría. Todos ellos corresponden a la parte bilateral, ya que los multilaterales han sido cancelados. Seis de estos concursos fueron adjudicados para después ser anulados, mientras otro no recibió la no objeción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. El INFOM ha preferido no participar en este reportaje.

Fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) destacan la “falta de entendimiento” entre el Instituto y el Banco, que ha rechazado los mecanismos de licitación guatemaltecos. Los más necesitados vuelven a ser los más perjudicados: 34,2 millones de euros se encuentran en vía muerta. “El BID no ha encontrado esa correa de transmisión que para la parte bilateral son las mancomunidades. El INFOM debería hacer ese trabajo, pero está claro que no lo está haciendo”, destaca un ingeniero que trabaja en uno de los proyectos del Fondo del Agua.

Como principal ejecutor de los proyectos bilaterales, las mancomunidades reúnen a todos los alcaldes de un territorio. En 2002 se convirtieron en una figura legal y desde entonces su objetivo no ha cambiado. “Buscamos financiación externa para llevar a cabo proyectos para los cuales no tendríamos recursos”, explica Julio Ramírez, director del programa de agua en la Mancomunidad de Mankatitlán, que reúne a cinco municipios a las orillas del lago Atitlán, centro turístico del país a menos de dos horas en coche de la capital.

"Los niños ya no enferman tanto como antes"

Choquec, un poblado de dos docenas de casas bajas, algunas de adobe y otras de madera, se encuentra a pocos kilómetros del corazón de Guatemala, rodeado de los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro. Las pequeñas viviendas destacan en medio de los campos de maíz multicolor, alimento casi diario durante todo el año para una población que reside a más de 1.500 metros de altitud.

El único lugar comparable a un comercio es una casita con una ventana que mira a una explanada que hace las veces de plaza principal. Los jóvenes visten como lo harían en España, con la ropa que les traen las pacas, como así se conocen a las mujeres que llegan a los mercados con enormes paquetes de ropa para venderla por unos pocos quetzales. En muchos casos estas prendas, que en Europa se depositan en grandes cubos amarillos, llegan de la mano de las ONG del Viejo Continente.

Las mujeres mantienen las tradiciones locales y los colores de sus vestidos tardan años en perder la viveza con la que nacieron. “Ahora empezamos a utilizar hilo chino, que es más barato”, confiesa Sandra, que en su veintena ha sido presidenta de la comunidad mientras se desarrollaba el proyecto de abastecimiento. Con un gran machete en una mano y un smartphone marca Huawei en la otra –“no sabía que también fuera chino”–, explica cómo ha funcionado este proyecto de “mejoramiento del sistema de agua potable”.

Mejoramiento es, en este caso, un eufemismo. Sandra muestra el río al que acudían los vecinos para coger agua antes del proyecto. Al pequeño riachuelo, a más de 2.000 metros de altitud, se llega a través de un estrecho camino de montaña tras superar un desnivel de 400 metros. Sandra guía la comitiva de mujeres que, mientras bajan con zapatos de bailarina y niños a cuestas, recuerdan cómo participaron en la construcción del sistema que hoy lleva el agua hasta sus casas. “Estuvimos llevando los sacos de arena y cemento y las tuberías con lluvia, frío y calor”, recuerda la joven.

Desde entonces, una bomba impulsa el agua para que haga este recorrido. Antes de que se instalara, había que llevarla andando, subiendo y bajando el costado del valle, durante más de una hora. Ya no hay abastecimiento dos horas a la semana, sino que todos los hogares tienen un chorro. Un sistema de cloración potabiliza el agua, con la consiguiente mejora de las condiciones de vida. “Ahora ahorramos la leña que usábamos para hervir el agua”, explica Luisa, madre de unos treinta años, “y los niños ya no enferman tanto como antes”.

El precio, además de la participación en la construcción de las tuberías, es de dos quetzales (unos 20 céntimos de euro) por metro cúbico de agua. Un importe más alto que el promedio en Madrid, donde para uso doméstico es menos de la mitad. “No nos importa pagar por ello; se está mejor”, admite Luisa.

En una comunidad donde no hay servicios públicos, la gran diferencia la hace este gesto. El hecho en sí de abonar una cuota mensual implica “tomar conciencia de la importancia de ese bien y velar para su sostenibilidad”, resume Francisco Tomás Moratalla, responsable de programa de la AECID en Guatemala.

La pelota se encuentra ahora en el tejado de Madrid. Si España desestima una prórroga para los planes que no han comenzado de acuerdo a los tiempos previstos, proyectos como el de Choquec podrían no ver la luz en 2015. Si fuera así, el Fondo del Agua entraría en el historial de elefantes blancos que ha contemplado Guatemala.

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Esta información forma parte del proyecto El Fondo del Agua: cómo España abastece a América Latina, ganador en concurso público de una ayuda periodística internacional gestionada por el Centro Europeo de Periodismo y la Fundación Bill & Melinda Gates. El único contacto con ambas instituciones ha consistido en cumplimentar diversos formularios relacionados con el proyecto, pero en ningún caso acerca de la orientación periodística de los reportajes.