El PSOE cambia por quinta vez de criterio sobre cuándo castigará a un cargo imputado

Y van cinco. Esas son las veces que el PSOE ha cambiado de criterio, en menos de seis meses, sobre el castigo a imponer a sus cargos públicos u orgánicos que sean imputados por un juez. La última, ayer mismo, cuando el secretario general, Pedro Sánchez, afirmó categóricamente que "la línea está trazada en el momento del juicio oral". Sin embargo, hace justo un mes, el pasado 17 de febrero, Ferraz se apresuró a rectificar a su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, cuando aseguró que esa misma regla, la de la apertura de juicio oral, se aplicaría a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados ese día por el Tribunal Supremo por el caso de los ERE fraudulentos.

Tras conocer la imputación de Chaves y Griñán, Hernando compareció ante los medios de comunicación en el Congreso. Y al ser preguntado acerca de si el PSOE exigiría a los dos expresidentes que renunciasen a sus actas de diputado y senador, respectivamente, el portavoz afirmó: "El principio es claro: en el momento en que hubiese una llamada a juicio oral sería el momento de tomar decisiones". Y añadió: "El Código Ético es el que es". Pero, casi de inmediato, Ferraz corrigió a su portavoz: Chaves y Griñán sólo tendrán que dejar sus escaños "cuando se les imputen delitos concretos". Para que no quedasen dudas, Hernando volvió a dar la cara en el Congreso: "El error ha sido mío", admitió.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro imputó en febrero a Chaves y Griñán por el caso de los ERE, pero no les atribuyó todavía ningún delito específico. Ello se debe a que los dos expresidentes autonómicos pidieron comparecer voluntariamente ante el juez, y la condición de imputados les ofrece más protección jurídica, ya que pueden declarar acompañados por su abogado y no están obligados a decir la verdad, al contrario de lo que ocurriría si fueran citados como testigos.

Ayer, Sánchez recuperó el criterio inicial, el mismo que aparece recogido en el Código Ético del PSOE, que entró en vigor el pasado mes de octubre. Según ese reglamento de buenas prácticas, "cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo, y solicitará la baja voluntaria". A los imputados, en cambio, el código sólo les exige "dar cuentas" a la Ejecutiva del partido.

La víspera, el expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE Felipe González había dicho, en una entrevista publicada en El País, que "es un error excluir a todos los imputados de las listas electorales", y que un político sólo debería renunciar a su cargo "en el momento en que fuera condenado". En respuesta a ese nuevo criterio expresado por González, Sánchez volvió ayer a la casilla de salida, tras asistir en Madrid a un desayuno informativo. "Los socialistas tenemos un compromiso ético muy exigente y riguroso –afirmó– que dice claramente que donde se ha trazado la línea es en la apertura del juicio oral".

No es ese, sin embargo, el criterio que Sánchez defendió públicamente el pasado mes de diciembre, dos meses después de la aprobación del Código Ético del partido. Entrevistado por el periodista Jordi Évole en el programa Salvados, de laSexta, el secretario general del PSOE afirmó con rotundidad que un imputado debe "asumir responsabilidades políticas" no cuando se le abra juicio oral y tenga que sentarse en el banquillo, sino "en función del delito que se le impute". Pero pocos minutos después eliminó de un plumazo ese importante matiz:

– En caso de imputación, ¿qué hará con Griñán y Chaves? –le preguntó Évole.

– Les exigiré que abandonen su acta de senador y de diputado –respondió Sánchez.

Un mes antes, el pasado noviembre, la presidenta andaluza, Susana Díaz, volvió a retorcer el Código Ético cuando le preguntaron por las medidas que adoptaría si Chaves y Griñán resultaran imputados, como así ha ocurrido. "Cualquier persona que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cualquier persona, va a tener que dejar su escaño". En otras palabras, que los dos expresidentes deberían entregar sus actas de parlamentarios independientemente de que el juez les atribuyera o no algún delito concreto.

Un portavoz oficial de Ferraz, al ser preguntado ayer por El Confidencial sobre si la línea roja que decidirá el futuro político de los cargos socialistas inmersos en un proceso judicial será la de la apertura de juicio oral, como dijo Sánchez, matizó: "El PSOE va a ser implacable con la corrupción. Como norma general, actuará en la apertura del juicio oral. Pero el partido se reserva la posibilidad de actuar antes en función de la gravedad del delito imputado. Este es el criterio también utilizado para la elaboración de las listas electorales".