El fiscal se enfada con los 'black': "¿Para qué está el Consejo de Administración?"

En el escándalo de las tarjetas 'black' hay un denominador común: todos se lavan las manos y se pasan la pelota los unos a los otros. En el Consejo de Administración de Caja Madrid prácticamente todos las usaban pero ninguno tuvo nada que ver en la decisión de otorgarlas. Las preguntas del millón son: ¿Quién decidió que se entregara a consejeros y directivos esa tarjeta? ¿Qué dijo el Consejo de Administración al respecto? ¿Cómo se declararon? ¿Ninguno se percató de la ilegalidad? Tras escuchar una y otra vez cómo los imputados tiraban balones fuera, el fiscal del caso estalló en una de las declaraciones: “Entonces, ¿para qué está en Consejo, no sirve para nada?”.

Efectivamente, esa es la pregunta clave. Precisamente, la sospecha que ronda en torno al uso de estas tarjetas 'black', desde las que se gastó 15 millones de euros, es que en el trasfondo está una compra de voluntades a los consejeros. Bastante explícito fue uno de sus miembros y exsecretario de Estado, Estanislao Rodríguez Ponga, cuando el fiscal de Anticorrupción le espetó esa pregunta retórica, o no tan retórica. “El Consejo de Administración se reunía cuando el presidente convocaba y era éste el que fijaba el orden del día. Pero no se discutían los temas. No se podía salir del orden del día”, contestó el imputado.

Es decir, según su versión, Miguel Blesa, primero, y Rodrigo Rato, después, llegaban con el trabajo hecho, sólo para que los consejeros firmaran lo que ellos traían preparado. El fiscal Alejandro Luzón, con muestras claras de enfado en los interrogatorios, a los que ha tenido acceso El Confidencial, insiste con otro usuario de la tarjeta: “¿Dónde aparecen reflejados los gastos de esa tarjeta, que tipo de concepto retributivo?”.

Era en el informe anual de gobierno corporativo donde aparecía reflejado, supuestamente, este complemento, un documento que iba firmado por el Consejo de Administración: “¿Dónde pensaba usted que venían incluidos esos gastos?”. Pero nada, no consigue sacar nada en claro. “No tengo ni idea dónde podía incluir en el informe corporativo estos gastos”, replica José Manuel Fernández Norniella en su interrogatorio ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

“No obstante, usted estaba en la creencia de que estaban incluidos, no sabe dónde, pero estaban incluidos”, responde el fiscal. “Totalmente, porque es un informe que genera toda una organización, que está auditado y controlado y que llega al Consejo simplemente para que se apruebe”, aclara el exconsejero de la entidad. “Simplemente...”, espeta Luzón, que a la luz de sus preguntas no llegar a creerse que el Consejo de Administración ni preguntara ni sospechara ni quisiera saber realmente qué pasaba con unas tarjetas que no constan en el circuito legal de la entidad.

“Con toda la humildad se lo digo, es imposible que lo supiera. Un consejo no entra en esa profundidad. Se supone que toda la estructura, todas las auditorías, todo el sistema tiene que tratar adecuadamente todos esos gastos”, aclara Fernández Norniella, quien niega ante el juez que autorizara a otros consejeros que siguieran utilizando la tarjeta tras su cese, tal y como varios han reconocido. “No he hablado con nadie de estas tarjetas porque ni siquiera sabía cómo funcionaban y ni mucho menos la historia de cómo se hacía antes. Pasé de ser un consejero a ser vicepresidente no ejecutivo con las mismas funciones. Así que no tuve ningún contacto con estos temas”.

“Tuve que tener otra actitud. Lo siento”

De la treintena de declaraciones que el magistrado ha escuchado ya, pocas cosas claras se sacan. Asimismo reconoció el instructor en su último auto por el que fijó en más de cuatro millones de euros las fianzas a pagar por los consejeros en concepto de responsabilidad civil. Lo que sí parece claro es que el Consejo de Administración 'ni pinchaba ni cortaba' en la entidad. “En Caja Madrid el único que tenía capacidad para representar a la entidad era el presidente. Los consejeros no tenían esa capacidad”, reconoció durante su interrogatorio Jesús Pedroche, quien insistió en que siempre creyó que las tarjetas eran legales y estaban perfectamente declaradas a Hacienda por parte de la caja, como le aseguraron desde la secretaría general. “Que yo debí tener otra actitud, no lo sé. No la tuve. Lo siento”, respondió al fiscal cuando éste le insistió en porqué como miembro del Consejo no preguntó ni se cuestionó la legalidad de esos pagos. “Es evidente que si yo la uso para otra cosa de para lo que me lo han dado no pasan ocho años sin que Caja Madrid me informe que estoy usando mal esa tarjeta. En ningún momento he recibido una llamada para decirme que no eran legales”, señaló.

Por eso, cuando saltó el escándalo en los medios de comunicación en octubre del pasado año “mi primera reacción es sufrir una profunda decepción y preocupación”. Sintió un “engaño tremendo” y por eso tras conocer esta circunstancia respondió ante Hacienda de esos ejercicios. Anteriormente, Rodríguez Ponga había insistido que existe una “presunción de veracidad”. Es decir, la entidad enviaba a los consejeros anualmente el certificado de retenciones y eso es lo que declaraban. Si la caja no hizo constar esos gastos es responsabilidad de la empresa. “Si no es presunción legal es si usted era consciente de que estaban incluidos”, preguntó el fiscal. “A día de hoy, Caja Madrid no me ha comunicado una cosa diferente”, respondió el exsecretario de Estado.

“Si no me la hubieran dado, no me lo hubiera gastado”

De los interrogatorios de los consejeros se puede sacar en claro que no se les puede culpar de utilizar una tarjeta que la entidad a la que representaban les había dado para usarla y jamás se les reclamó nada. Si Caja Madrid no alertó de los gastos era precisamente porqué desde presidencia se había autorizado y permitido. “Si nunca me la hubieran dado, nunca la hubiera utilizado”, así contesto Rodolfo Benito, representante de CCOO en la caja.

Este imputado también mantuvo que el asunto de las tarjetas 'black' nunca fue tratado en el Consejo de Administración. A él le dijeron que podía usarla para gastos de representación. “Mientras yo he estado en la entidad nunca he participado ni he adoptado ninguna decisión para favorecerme a mi y a mi familia”.