CÁRCEL POR PAGAR "EL IMPUESTO REVOLUCIONARIO"

El yerno del dueño del Faisán dice que las únicas cartas que vio fueron "felicitaciones"

La Audiencia Nacional comenzará este lunes el juicio contra el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA que cobraba el denominado 'impuesto revolucionario' a industriales

Foto: Juicio por el caso Faisán (EFE)
Juicio por el caso Faisán (EFE)

Carmelo Luquin, yerno del dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, ha negado este lunes haber participado en la distribución de cartas de extorsión de ETA para el cobro del 'impuesto revolucionario', y ha asegurado que va "en contra de sus principios" y que sólo ha remitido cartas "de los quintos" y "felicitaciones de Navidad".

Luquin ha declarado durante la primera jornada del juicio que celebra la Audiencia Nacional contra el aparato de extorsión de la banda terrorista encargado de extorsionar a industriales y empresarios que desarrollaban su actividad especialmente en el País Vasco y en Navarra y que tenía su "centro neurálgico" en el 'Faisán', en el que el 4 de mayo de 2006 se produjo un chivatazo policial que desbarató la operación que dirigía el juez Fernando Grande-Marlaska.

Ha agregado que "nunca" creyó que su suegro, fallecido el pasado año, formara tampoco parte del aparato y le ha descrito como una persona "activa" y "parlanchina", que siempre andaba "creando sus propias aventuras". "Metía muchas bolas", ha precisado.

El yerno de Elosúa ha recordado el viaje a Francia realizado junto a él, supuestamente para avisar de una posible detención al presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur, después de que el dueño del bar fuera alertado de que iba a desarrollarse una operación policial en su contra.

El comisario de Policía Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros fueron condenados por esta delación a 18 meses de cárcel y a cuatro años de inhabilitación en una sentencia dictada en octubre de 2013 por la Audiencia Nacional, confirmada un año después por el Tribunal Supremo y recurrida ante el Constitucional.

Elosua (i) y Madariaga en una foto tomada por la Policía en la puerta del bar Faisán en mayo de 2006
Elosua (i) y Madariaga en una foto tomada por la Policía en la puerta del bar Faisán en mayo de 2006

Luquin ha indicado que llevó a su suegro a Francia porque no le vió capacitado para conducir, ya estaba "muy nervioso", y que allí se encontraron con Cau Aldanur al que Elosúa quería advertir que no debía pasar por el Faisán y al que entregaron unos periódicos. No entendió la conversación que ambos mantuvieron ya que hablaban en euskera que él no entiende a penas.

Otros cuatro acusados de distribuir misivas dirigidas a recaudar el impuesto revolucionario, todos ellos de más de 65 años, han negado también tener relación con ETA. Jean Pierre Haracorene, Emilio Castillo e Ignacio Aristizabal han atribuído el intercambio de sobres y las llamadas que la Fiscalía relaciona con el aparato de extorsión al reparto de entradas para partidos de pelota vasca, la compra de vino para sociedades gastronómicas o la contratación de publicidad.

Haracorene ha precisado que trabajó toda su vida como periodista deportivo y que su única relación con la extorsión fueron sus intentos para que algunos afectados no pagaran. El acusado, que mantenía una relación de amistad con Elosúa, ha asegurado que era un hombre de "una incontinencia verbal y una imaginación sin límites"

Por su parte, Castillo ha contestado con una carcajada a la pregunta de su abogado de si dirigía una gestoría para canalizar el cobro del impuesto y ha negado haber extorsionado al cocinero Arzak.

En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público pide la pena más alta, de ocho años de cárcel, para , Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Jean Pierre Haracorene Camio y Emilio Castillo González de Mendivil, a los que atribuye un delito de integración en organización terrorista por trasladar desde Francia las cartas de extorsión de la banda y gestionar los pagos del llamado 'impuesto revolucionario'.

Además, reclama que el yerno de Elosua, José Carmelo Luquin, así como Ignacio Aristizabal sean condenados a seis años de cárcel por un delito de colaboración con organización terrorista, al haber participado en la distribución de las cartas de extorsión y otros trámites para asegurar los pagos.

La causa se seguía contra otras dos personas, Jesús Iruretagoyena y Alfonso Martínez de Lizarduy pero el primero de ellos ha fallecido y el segundo ha quedado apartado de la vista oral debido a que padece una avanzada demencia.

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