refuerza zonas que considera más conflictivas

Interior enviará más antidisturbios a Barcelona y Bilbao en detrimento de Sevilla

La Secretaría de Estado de Seguridad quiere reestructurar las Unidades de Intervención Policial con el fin de reforzar el control en las zonas de España con más conflictividad social

Foto: Varios policías antidisturbios toman posiciones tras unos contenedores en llamas en Barcelona. (EFE)
Varios policías antidisturbios toman posiciones tras unos contenedores en llamas en Barcelona. (EFE)

La Secretaría de Estado de Seguridad quiere reestructurar las Unidades de Intervención Policial (UIP, conocidas popularmente como antidisturbios) con el fin de reforzar la seguridad en las zonas de España con más conflictividad social. Por ello, el departamento dirigido por Francisco Martínez ha elaborado un borrador de orden ministerial que propone reducir el número de efectivos destinados en lugares donde son menos necesarios los antidisturbios e incrementarlo en aquellos en los que la seguridad demanda más sus servicios. 

En concreto, la propuesta de la Secretaría de Estado, aún en fase de borrador y susceptible por lo tanto de ser modificada durante las negociaciones con los sindicatos, prevé disminuir la plantilla de las UIP destinadas en ciudades como Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Valladolid, La Coruña o Vigo –que considera menos peligrosas en términos de altercados callejeros– e incrementar el personal en Barcelona, Pamplona, Bilbao, Oviedo o Zaragoza.

El nuevo mapa de los antidisturbios ha sido elaborado por un asesor del secretario de Estado por orden del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, antiguo responsable de las unidades de intervención, quien de hecho ha tomado la decisión de reestructurar el departamento al margen de la actual dirección de los antidisturbios.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)

Pino considera que hay destinos donde los agentes llevan muchos años y, sin embargo, prácticamente nunca actúan en la zona, sino que se dedican a viajar a otras ciudades cercanas donde les demandan más, con el consiguiente gasto en desplazamientos y dietas que el Ministerio tiene que asumir. Se trata, por lo tanto, de adaptar los recursos humanos a la demanda real de servicios que requieren de su intervención, explican fuentes policiales.

50 policías como mínimo

La reestructuración pretende también disminuir el número grupos que componen las UIP al tiempo que incrementa los efectivos que conforman cada uno de esos grupos. El fin de este segundo cambio es asegurarse de que, cada vez que la Dirección General de la Policía envía un grupo a atender un servicio, hay al menos medio centenar de individuos en ese grupo, cosa que actualmente no ocurría. Hasta ahora, este era el número que en teoría estaba asignado a cada grupo; sin embargo, la realidad del día a día (bajas, libranzas, cursos de formación interna, etc.) provocaba que los jefes nunca pudieran contar con esa cantidad en la práctica, lo que hacía menos operativos los servicios.

En concreto, las UIP se compondrán, según el mencionado borrador -que aún no tiene consideración oficial-, de 13 unidades (actualmente hay 11), cada una de las cuales contará con tres grupos, que a su vez estarán compuestos por cuatro subgrupos cada uno (hasta el momento había tres subgrupos en cada grupo). En total, las UIP, que actualmente se dividen en 52 grupos, pasarán a estructurarse en 39 grupos, que tendrán más plantilla cada uno con el fin de que siempre haya más de 50 efectivos disponibles. La cifra de subgrupos (cada uno se compone de 15 funcionarios), explican las fuentes consultadas, continúa igual (156), lo que ocurre es que ahora se redistribuyen en menos grupos.

Agentes antidisturbios de la Ertzaintza controlan a un piquete en el centro de Bilbao. (EFE)
Agentes antidisturbios de la Ertzaintza controlan a un piquete en el centro de Bilbao. (EFE)

Fuentes de las unidades aseguran que es muy importante que los efectivos se ajusten a las previsiones, ya que los estrictos protocolos aplicados por este departamento policial requieren controlar detalladamente el número de componentes reales con que se cuenta en cada momento.

La intervención de los antidisturbios durante la presente legislatura ha sido probablemente la más relevante de todos los años de democracia. La conflictividad social provocada por la inflación, el paro y la crisis económica y política ha sacado a la calle a millones de personas ya desde el final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha conllevado puntuales conflictos sociales de diferente importancia.

El punto álgido de estos altercados se produjo el pasado 22 de marzo en Madrid, cuando tras las denominadas Marchas por la Dignidad un numeroso grupo de radicales comenzó a lanzar piedras y objetos contra la Policía, que se vio acorralada en numerosas ocasiones en lo que supuso la mayor batalla campal desde que se instauró la democracia en España. Casi un centenar de policías y ciudadanos resultaron heridos, aunque fueron los primeros los que se llevaron la peor parte con 68 bajas.

Tras aquel desagradable episodio, la intervención de los antidisturbios ha ido decreciendo paulatinamente en paralelo a la disminución de las manifestaciones ciudadanas y a la leve mejora de la economía.

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