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Archivada la causa del espionaje madrileño seis años después de abrirse
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SE INVESTIGABA EL USO DE FONDOS DE LA COMUNIDAD

Archivada la causa del espionaje madrileño seis años después de abrirse

Investigaba desde el año 2009 si el Gobierno regional de Esperanza Aguirre utilizó fondos públicos para hacer seguimientos a varios dirigentes 'populares', entre ellos al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo

Foto: Ignacio González y Esperanza Aguirre (EFE)
Ignacio González y Esperanza Aguirre (EFE)

Un juez de Plaza de Castilla acaba de archivar la causa del espionaje madrileño, que investigaba desde el año 2009 si el Gobierno regional de Esperanza Aguirre utilizó fondos públicos para hacer seguimientos a varios dirigentes 'populares', entre ellos al exvicealcalde de MadridManuel Coboyal exconsejero de AguirreAlfredo Prada. El instructor estima la petición tanto de la Fiscalía como de los dos imputados y sobresee el asunto al entender que no hay indicios contundentes para llevar a juicio.

Hasta ahora, estaban imputados un empleado de la consejería de Seguridad,José Manuel Pinto, y un exguardia civil, José Oreja Sánchez. En esta causafue citado a declarar en calidad de testigo el que fuera en ese momento consejero del Interior de la comunidad, Francisco Granados, actualmente en prisión por la 'Operación Púnica'. Granados estaba al frente del departamento en el que trabajaban como asesores tres exguardias civiles y tres expolicías nacionales a los que, según los investigadores de la causa, se les habría ordenado hacer los seguimientos a políticos, afirmación que el juez de instrucción no puede acreditar.

Del sumario se había desprendido que estos exmiembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado habrían sido contratados como asesores de la consejería de Interior, y con fondos públicos siguieron a Cobo y Prada a sus citas públicas y privadas, y dejaron constancia de lo que veían en partes mecanografiados. Durante su interrogatorio como imputado, Oreja explicó que Granados era consciente de la situación, que les dijo que se negaran a hacer lo que les mandaban, pero que sus jefes siguieron ordenándoles los mismos servicios.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ya había archivado en una ocasión este asunto por falta de pruebas, pero la Audiencia Provincial le obligó a reabrirlo para que practicara más diligencias al no poder considerarse la instrucción por finalizada. En el auto, el instructor señala que ha hecho lo ordenado por la Sala y sigue manteniendo que “las pruebas ordenadas a realizar se han llevado a cabo con resultado poco satisfactorio”.

La única prueba consistente respecto a los seguimientos son las hojas mecanografiadas en su totalidad a excepción de breves notas, fundamentalmente números de coches escritos a mano en ellos. De las pruebas periciales llevadas a cabo tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil, se deduce que las palabras escritas a mano lo fueron por el imputado Pinto y no por el entonces subdirector de Seguridad, Miguel Castaño, como intentó sostener el primero de ellos tres años después de iniciarse la causa y sin ninguna prueba que lo ratifique.

La Policía encargada de este asunto ha intentado ratificar que los teléfonos móviles de los imputados estaban localizados a través de su BTS en el mismo lugar y hora que recogen las notas de los seguimientos, y así poder confirmar que efectivamente estaban detrás de los cargos políticos supuestamente espiados. Pero el juez recoge tanto el informe policial como el de la Fiscalía que apunta que dado que esos seguimientos se hicieron en Madrid capital es muy difícil ratificar su localización porque las antenas de Telefónica están saturadas en esa zona, a lo que se une que en zona analizada existen otros edificios públicos de la Comunidad de Madrid donde acudían los imputados en el ejercicio de sus funciones.

“Ello implica la dificultad para ubicar a alguno de los imputados en las zonas donde según las notas se encontraban haciendo los seguimientos, generando una duda muy razonable sobre la fiabilidad de los posicionamientos”, señala el juez, quien indica que, aunque se hubiera podido confirmar que estaban allí, esa prueba en sí sola no es delictiva.

No hay pruebas de que utilizaran fondos públicos

Respecto al delito de malversación de caudales públicos, por el que le acusaba la acusación representada por el Partido Socialista Madrileño, el magistrado sostiene que tampoco se ha podido comprobar. La acusación fijaba una cuantía, en la que sumaban las nóminas de los imputados, pagados con dinero público a pesar de dedicarse a otras funciones ajenas a su cargo, y por la utilización de los coches oficiales. “De la documentación telefónica, incluidos los posicionamientos, no se puede deducir el tiempo dedicado, las veces que se pusieron en contacto entre ellos para este fin, los coches que utilizaron o si alguna de las informaciones que se plasmaron en los partes, se obtuvieron en el ejercicio de sus funciones. Tampoco hay indicios de que toda su jornada laboral las dedicaran a estos seguimientos y en consecuencia el gasto de combustible de los coches se pueda considerar malversada, no la totalidad de un nómina”, destaca.

Y añade: “Este instructor tiene que reconocer que de toda la documentación que consta en la causa le es imposible determinar, con un mínimo de base una cantidad concreta que haya sido desviada de su función pública. Considerando que cualquier elucubración para determinar cualquier tipo de beneficio propio o de un tercero carecería de base probatoria, al no existir en la instrucción dato que la sostenga, e igualmente sucede respecto a la fijación de cualquier cantidad presuntamente malversada”.

Un juez de Plaza de Castilla acaba de archivar la causa del espionaje madrileño, que investigaba desde el año 2009 si el Gobierno regional de Esperanza Aguirre utilizó fondos públicos para hacer seguimientos a varios dirigentes 'populares', entre ellos al exvicealcalde de MadridManuel Coboyal exconsejero de AguirreAlfredo Prada. El instructor estima la petición tanto de la Fiscalía como de los dos imputados y sobresee el asunto al entender que no hay indicios contundentes para llevar a juicio.

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