Anticorrupción se inclina por exigir sólo la devolución del dinero de las tarjetas 'black'

La Fiscalía Anticorrupción se inclina, a estas alturas de la investigación, por mantener a los directivos de Caja Madrid fuera de la imputación por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid De los 85 usuarios, 27 eran miembros del Consejo de Administración y el resto directivos. Para el Ministerio Público, son penalmente responsables tanto los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato como los consejeros, al ser éstos los encargados de aprobar las políticas retributivas de la entidad.

Los directivos de la entidad, a pesar de utilizar una tarjeta que estaba fuera del circuito legal, no son los administradores de la caja. Anticorrupción considera por tanto que no se les puede imputar y menos acusar de un delito de administración desleal. Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, si no hay un cambio de criterio, a los directivos se les fijará como responsables a título lucrativo, que conlleva la devolución del dinero.

El responsable a título lucrativo es aquella persona que ha disfrutado de un dinero ilícito pero sin saber que su procedencia no era legal. A esta persona no se le puede imputar un delito dado que desconocía la ilicitud del dinero del que estaba disponiendo. Es la misma condición que la Fiscalía Anticorrupción fija para la infanta Cristina de Borbón en el 'caso Noós' o para la exministra de Sanidad, Ana Mato, en el 'caso Gürtel'. Ambas disfrutaron de un dinero obtenido ilegalmente por sus maridos, a través de la malversación y el cohecho, pero desconociéndolo.

En el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, desde las que se gastó más de 15 millones de euros entre los años 2003 y 2012, tanto los dos expresidentes como los miembros del Consejo de Administración, consintieron, aprobaron y utilizaron unas tarjetas fuera del circuito legal según el Ministerio Público. Al ser los responsables de aprobar las políticas retributivas de la entidad, ellos debían saber que esas tarjetas no formaban parte del paquete retributivo fijado para directivos, consejeros y ejecutivos.

Ninguno sabía su ilicitud

Por ahora, Anticorrupción se inclina por la imputación por delito de administración desleal, que lleva aparejada una pena máxima de tres años. En su escrito, ya alertó a los consejeros que el cargo que ostentaban era algo “serio” y que no podía consistir en ser “plegables instrumentos” a manos de los ejecutivos. Los 27 miembros del Consejo de Administración imputados han declarado a lo largo de esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. La frase más utilizada de todos ellos, según fuentes presentes en el interrogatorio, era que “no sabían”, “yo pensaba...”, es decir, tirar balones fuera. Ellos utilizaban las tarjetas, pero jamás supieron su naturaleza. La mayoría se ha escudado en que desde presidencia mantenían mucho secretismo cuando se pedía que aclarara qué tipo de tarjeta era y cómo tributaba. No tenían que preocuparse por nada. La caja asumía su declaración y sus gastos.

Fuentes jurídicas aclaran que aunque la imputación inicial es la de administración desleal, todavía no está claro si podrían finalmente ser acusados de un delito de apropiación indebida, es decir, gastarse un bien ajeno. Por ahora, la Fiscalía opta por el primer delito y el juez ya fijó tanto para Blesa como para Rato un delito continuado de administración desleal, y por lo que les impuso 16 millones de euros para el primero y tres millones de euros para el segundo como fianza civil. Sin embargo, en función de las pruebas que aparezcan, todo puede cambiar.

Anticorrupción considera que los usuarios 'black' disfrutaron de un dinero ilícito sin saber que su procedencia no era legal

A los usuarios de las 'black', de los cuales sólo nueve han devuelto el dinero gastado -seis a la propia Bankia y otros tres a través de un depósito ante notario-, no les ha venido nada bien una reciente sentencia del Tribunal Supremo, cuyo ponente ha sido el magistrado y exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, por la que se condena a un trabajador de un delito de apropiación indebida por utilizar la tarjeta de empresa para comprarse un aire acondicionado para su domicilio.

Los directivos, los siguientes

El alto tribunal sostiene que es del “más elemental sentido común” no utilizar una tarjeta visa del trabajo, aunque no tenga un límite establecido, para hacer gastos personales.

Precisamente, el debate que hay abierto en la pieza separada que investiga a Andreu y que el propio juez tendrá que resolver, es si los cargos de las tarjetas opacas de Caja Madrid eran gastos de representación o gastos personales. Lo cierto es que del análisis de los movimientos de las tarjetas es difícil mantener que se trataban de gastos propios de su función en la entidad, teniendo en cuenta que hay comprar de aparatos de gimnasia, ropa deportiva, cargos en supermercados, licorerías o joyerías, entre otros.

En caso de entenderse como gastos personales entonces formarían parte de su retribución, es decir, parte de su salario, pero en ese caso cada uno de los usuarios tendría que haber tributado por ella, extremo que ninguno de los 85 poseedores de la tarjeta hicieron. Una vez que Andreu ya ha escuchado a los exconsejeros, quienes han dado versiones dispares y contradictorias, el siguiente paso es citar a los directivos. El instructor ya les ha imputado, en contra del criterio de la Fiscalía y a petición de la acusación representada por UPyD, pero no ha fijado fecha para interrogarles.

Asimismo, otra de las pruebas que, según fuentes de la investigación, podría requerir es a la Agencia Tributaria para que aclare si es cierto la afirmación de algunos de los miembros del Consejo de Administración de que existía un acuerdo con el organismo del Ministerio de Hacienda por el que se les eximía de tributar por las tarjetas de crédito. El magistrado también tiene pendiente fijar fianzas civiles para los consejeros, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.