La 'cárcel' del vudú en el polígono del sexo

A principios de 2013, tres nigerianas de apenas 20 años que no se conocían entre sí se plantearon casi a la vezsalir al extranjero en busca de una vida más fructífera. Dos tenían claro que su único futuro posible pasaba por laprostitución,un negocio muy arraigado en su país y lo mejor que sabían hacer.La otra pensaba que trabajaríade peluquera, oficio para el que había estado preparándose durante semanas. Las dos primeras acertaron en sus pronósticos. La tercera no tuvo más remedio que resignarse.

Entraron en contacto con una mujer que tenía a sus hijos en España, todos ellos relacionados con el negocio de la carne, y se pusieron en marcha.El viaje duró cuatro meses y siguió más o menos el mismo trayecto en los tres casos. De Benin City partieron hacia Lagos. De ahí a Mali y luego a Senegal, Francia y por fin Madrid. Nada más llegar,fueron conducidas al mayor prostíbulo del país al aire libre, el polígono Marconi.Alquilaron su cuerpo por horas durante varios meses y comenzaron a establecer amistad con algunos de susclientes más habituales.

Sin embargo, "no se comportaban igual"que el resto de meretricesde la zona. Así al menos lo detectóuna oenegé que habitualmente atiende a las prostitutas por las calles de Madrid, a la que llamó la atención que todas fueran juntas yque unallevara siemprela voz cantante como una suerte de jefa. Tras ponerlo en conocimiento de la Policía, éstaabrióuna investigación coordinada por la Fiscalía. Durante las pesquisas, los agentes de la Brigada contra la Trata localizaron a tres de esos parroquianos asiduos que frecuentaban alas nigerianas y les pidieron ayuda.

Los clientes colaboraron y explicaron en el juicio celebrado la pasada semana en la Audiencia Provincial de Madrid que algunas chicas les confesaron que pasaban hambre y frío, que tenían miedo por sus familias, que debían cumplir un horario muy restringido y que estaban obligadas aentregar todo el dinero que ganaban para hacer frente a una cuantiosa deuda.

Para localizar a los líderes de la supuesta organización, los agentes acordaron con los clientes que, una vez que éstos terminaran con las chicas, se ofrecieran aacompañarlasa casa para que los investigadores pudieranseguirlesen un coche camuflado. Sin embargo, ellas siempre les exigían que las dejaran en un céntrico lugarde la localidad madrileña de Parla, donde residían.Nunca permitían que sus acompañantes supieran dónde vivían,extremo que la Fiscalía atribuye al miedo que las jóvenes tenían. Este pánico, de hecho, fue confirmado por las psicólogas que comparecieron durante la vista oral que tuvo lugar ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

Las tres víctimas, aseguraron las especialistas, presentaban cuadros de ansiedad cuando fueron entrevistadas tras su liberación. Una de ellasmostraba estrés postraumático crónico, temores y angustias. “No quería ni hablar, presentaba un estado de shock propio de quien ha visto su vida en peligro”, resumió la psicóloga, que pertenecía auna de las oenegés que la atendió. Las otras dos chicas ofrecían trastornos adaptativos, llanto frecuente ytristeza. "Se describía como una persona alegre y segura de sí misma que había experimentado un fuerte cambio en su forma de ser", relató la otra especialista de una de esas dos víctimas restantes.

Algunas chicas confesaron a sus clientes que pasaban hambre y frío, que tenían miedo por sus familias y que estaban obligadas a entregar el dinero que ganaban

“Es cierto que a las mujeres no les estaban todo el día pegando”, admitió el pasado jueves durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid la representante del Ministerio Público, Ana García, quien sin embargo aclaró que “hay otras formas mucho más sutiles de explotar”. Las nigerianas eran sometidas a “horarios leoninos”, fueron alejadas de su entorno familiar por primera vez en su vida, no conocían el idioma, eran jóvenes e inexpertas, tenían que pagar una enorme deuda (entre 50.000 y 60.000 euros)y estaban en situación irregular, argumentó la fiscal para explicar que no tenían más remedio que someterse a lo que les indicara la organización, pues no existía otra salida.

Además, continuó el Ministerio Público, nada más instalarse en Parla, las nigerianas fueron sometidas a estrictos ritos de vudú que, según García, para ellos son "sagrados". Sus creencias estipulan queincumplir los compromisos que asumen durante estas ceremonias les acarreala muerte. La fiscal indicó, de hecho, que durante los rituales juraron no revelar nada sobre los jefes de la organización, porque esto podría tener consecuencias para con sus hijos, que aún estánen Nigeria.

"Ellas creen profundamente en el vudú; desde su primera socialización, ven esa realidad; te dicen que no creen en ello, que son cristianas, pero es por el componente de secretismo que tiene este rito, que incluye normas que obligan a no hablar de eso bajo amenaza de muerte", explicó en la vista una de las psicólogas más acostumbrada a asistir a mujeres nigerianas víctimas de la trata o que seprostituyen voluntariamente.

Las contradicciones en que incurrieron las tres víctimas durante el juicio, sin embargo, hacen que no se trate de un caso sencillo para el tribunal. Solo una de las chicasofreció un testimonio coherente. Sus declaraciones ante la Policía, durante la fase de instrucción del proceso judicial y en el juicio oral coincidieron. Denunció que fue traída a España mediante engaños para ser explotada en los tres foros citados y detalló sus penalidades.No fueron tan claras, sin embargo, las otras dos chicas, que sí denunciaron hechos similares en sus primeros testimonios, pero que no los corroboraron durante el juicio. Es más, ofrecieron versiones contradictorias, lo que la Fiscalía atribuyó a sus afectaciones psicológicas, al miedo a las represalias y al respecto que tenían a los actos de vudú.

Cinco personas se sentaron en el banquillo durante todas las mañanas de la pasada semana en el marco de este proceso. Por sus nombres en clave, se trata deRita –a la que el Ministerio Público señalaba como “la controladora”–, sus hermanas Happy –la que “facilitaba los alojamientos”– y Joy –“la verdadera jefa a quien el resto le remitía el dinero”–, su hermano Ehosa –que tenían papel “poco activo”, aunque “se aprovechó de los beneficios” de la organización– yVíctor –quien ayudó en los alojamientos–. Todos ellos están acusadosde tres delitos de trata de personas con prostitución coactiva yuno de extranjeríaque conllevan la pena de 13 años de cárcel para cada uno.

Durante uno de los recesos de la vista, el pasado jueves, Happy se tiró al suelo y comenzó a gritar. "Soy inocente, soy inocente, quiero morir, no he hecho nada", aseguraba mientras cuatro policías trataban de levantarla. "No sé por qué me hacen esto", insistía una y otra vez la acusada, que tiene dos hijos pequeños en España que vivían en la casa donde se alojaba ella junto al resto de chicas que ofrecían sus cuerpos en Marconi.