El examen de acceso a la abogacía cambia de temario tres meses antes de celebrarse

La próxima hornada de graduados en Derecho se someterá a la prueba de acceso a la abogacía en mayo, examen sin el cual no pueden ejercer y para el que han tenido que realizar un máster específico, según lo establecido por la reforma de la Ley de Acceso a la Abogacía. La norma, impulsada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, establece que los estudiantes no serán llamados abogados hasta que no finalicen este posgrado (que comprende estudios y seis meses de prácticas en un despacho y supone el 30% de su nota final) y hagan el famoso examen (que fija el 70% restante).

Se trata de la segunda convocatoria de este examen, publicada el pasado viernes en el BOE, y que no ha estado exenta de polémica. Si la primera fue la de ‘adaptación’ y las críticas se dirigieron al “inabarcable temario” que hacía imposible el estudio completo de la oposición según los estudiantes; la de este 2015 es la de la indignación despertada por los cambios introducidos a última hora. Y es que los Ministerios de Justicia y Educación aprovecharon el anuncio de la convocatoria para publicar el programa definitivo del examen, que difiere bastante del anterior propuesto, y que se hace público a sólo tres meses de celebrarse la prueba.

Universidades y alumnos no esconden su perplejidad ante estas variaciones, que a priori pueden parecer una reducción del temario, pero que según Ramón Ragués, director académico del Máster en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, es “engañosa”. “Aunque el temario ocupa menos hojas, hay capítulos mucho más amplios y se han introducido cosas nuevas que no estaban en el programa anterior”. Ejemplo de ello son temas de procedimiento penal o todo lo relativo a la prevención de blanqueo, que han sido incorporados desde el pasado viernes. También hay casos contrarios, como el Código Deontológico Europeo, que ha sido suprimido sorprendentemente.

Los centros universitarios se quejan de esta decisión, que llega a mitad de curso, lo que obliga a modificar los contenidos del máster de forma precipitada, sin garantizar además que el año que viene no introduzcan más novedades. Lo mismo ocurre con los estudiantes, que contaban con un determinado temario que ahora deben replantearse. El lado positivo para algunos, especialmente para los que aún no se hayan metido en harina, será la menor cantidad de apuntes a memorizar.

El profesor Ragués de la Pompeu Fabra denuncia los cambios introducidos en el temario a sólo tres meses del examen. Tampoco se explica que los alumnos que finalizan el máster deban esperar cinco meses y medio para realizar el examen final, sin el cual no pueden ejercer.

El profesor Ragués lamenta fundamentalmente “la ausencia de conexión entre el máster y el posterior examen” e insiste en la necesidad de “exigir al Ministerio” una cierta estabilidad en los contenidos de la prueba. “Lo que es inaceptable es modificar el programa cada año”, afirma. Y esa no es la única incoherencia que el sector universitario denuncia. Otro de los grandes descontentos es el plazo que transcurre desde que la mayoría de los estudiantes acaban el máster (diciembre) hasta que se convoca el examen (este año a mediados de mayo y el pasado fue en junio). “No tiene sentido que pasen cinco meses y medio como mínimo entre una cosa y otra porque los estudiantes se quedan en tierra de nadie. No tienen estatus, no son abogados todavía y no pueden ejercer”, denuncia Ragués. Para el profesor de la universidad catalana, una de las soluciones pasaría por establecer dos convocatorias al año. “Hay gente más que suficiente para cubrirlas”, se evitarían dificultades logísticas y, sobre todo, ese “absurdo” periodo in albis de los graduados.

En la Universidad Carlos III, pionera también en este máster por ser uno de los primeros centros en los que se implantó el Plan Bolonia, también lamentan esa descoordinación y que los “simulacros del examen no se adecúen al programa”. La Complutense, por su parte, tampoco descarta más cambios, al ser la segunda convocatoria de un proyecto que “ha estado dando bandazos y hasta que no esté rodando un tiempo no se afinará”.

Los verdaderos afectados, los estudiantes y futuros abogados, también detectan estos problemas estructurales y muestran su descontento. María García, estudiante de Madrid, ha finalizado el máster, que le ha costado 7.000 euros, y en mayo se presentará al examen para poder ejercer la abogacía. Le parece “ilógico que tarden tantos meses en convocar la prueba” después de haber terminado el posgrado, que es cuando el temario está más fresco. Ilógico y curioso porque en la primera redacción de la reforma de ley impulsada por el exministro Gallardón quedaba recogido que la celebración del examen sería entre enero y febrero, una fecha más concordante con los tiempos de un máster que ya es obligatorio.

Esther, estudiante de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se enfrenta a otro de los problemas estructurales de la convocatoria. Los plazos en este centro son distintos a los de otras universidades y su posgrado empieza en el mes de marzo. Aunque el examen de acceso a la abogacía está previsto para mayo, ni ella ni ninguno de sus compañeros podrán presentarse a esta convocatoria. El motivo es que no podrían entregar su expediente completo hasta abril, fuera del plazo requerido para inscribirse al examen. Una faena que los estudiantes no comprenden porque llegará el día de la prueba… y ya tendrán su título en la mano. Y deberán esperar al año que viene para ser abogados.