Imputados de las tarjetas 'black' acusan a Blesa de permitir los gastos personales

Varios de los imputados que han declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu han asegurado que fue Miguel Blesa cuando llegó a la presidencia de Caja Madrid quien cambió el criterio de las tarjetas, de gastos de representación a gastos personales dentro de su retribución. Sólo alguno de ellos, como Juan José Azcona o Rodolfo Benito (ambos de CC.OO), han mantenido durante el interrogatorio que pensaron en todo momento que se trataba de una tarjeta para gastos de representación y le dieron el uso como tal. Ramón Espinar (UGT) ha señalado que le dijeron textualmente que podía hacer gasto de viajes, hoteles, libros y restaurantes.

Fuentes presentes en el interrogatorio han señalado que aún así la mayoría ha reconocido que cuando llegó Blesa hubo un cambio de naturaleza en las tarjetas. Era él mismo quien fijaba el límite de cada tarjeta, en función del cargo que representaban. Antes del aterrizaje de este presidente, eran gastos de representación pero flexible y debían ser prudentes en su uso. Es decir, se permitía ropa u obsequios. Azcona ha explicado que, por ejemplo, para su puesto de trabajo le exigían vestir traje y corbata y por eso entendió que podía pasar el gasto de este tipo de ropa a la entidad.

El fiscal sólo se ha creído, en base a los gastos demostrados en los extractos de las cuentas, que tres de ellos pudieron utilizar realmente la tarjeta como gastos de representación. Se trata de Azcona, Benito y Guillermo Marcos (representante de Impositores y Consumidores), para quienes el fiscal no ha solicitado ninguna fianza civil, en contra del resto de los siete imputados que han sido interrogados. Tampoco ha pedido fianza para Martín Pascual.

Ahora el juez debe decidir si fija esta fianza de manera solidaria, con la cantidad ya fijada tanto a Blesa como a su sucesor, Rodrigo Rato -19 millones de euros en total-.

A pesar de que algunos de ellos han mantenido que se trataba de una tarjeta para cubrir los gastos propios de su cargo, algunos de ellos la siguieron utilizando después de ser cesados de su cargo. Han explicado que se trataba de "usos y costumbres" poder utilizarla hasta tres meses después de su salida, porque normalmente eran recolocados en consejos de entidades participadas, según ha explicado José María Arteta (PSOE).

José Antonio Moral Santín (IU) es el imputado que, según las mismas fuentes, ha recaído en más contradicciones. A su juicio, estaba totalmente permitido la extracción de dinero en cajeros automáticos, aunque otros miembros del Consejo de Administración ha reconocido que eso no se les estaba permitido. A él le dijeron que se trataba de una tarjeta de libre designación para hacer gastos habituales. Hacía el uso que procedía y no entendió nunca que tuviera que gastar hasta el límite establecido. Era un sistema instituido por Blesa, ha asegurado.

Todos entendieron que no tenían la obligación de tributar por esta tarjeta porque debían ser Caja Madrid la que lo hiciera. También desconocían que en el informe de gobierno corporativo no viniera reflejado el gasto de estas tarjetas, de las que se gastaron más de 15 millones de euros.