El fiscal de las 'black': "Ser consejero es muy serio; no basta ser plegable a los ejecutivos"

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso presentado por varios imputados por las 'tarjetas black', que declaran a partir de hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. En un duro escrito, el fiscal se niega a atender a la versión de los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid primero y Bankia después, de que ellos desconocían el uso fraudulento de tales tarjetas. Los miembros del Consejo de Administración firmaron el consentimiento de su uso y tenían que haberlo detectado.

En el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público tira por tierra los argumentos de varios recurrentes, entre ellos el del exsecretario de Política regional de UGT en Madrid, Gonzalo Martín Pascual, quien alegaba que no se puede declarar fraudulentas unas tarjetas que fueron permitidas por la Agencia Tributaria. Sin embargo, el fiscal explica que no consta por parte de la AEAT la existencia de estar tarjetas, su finalidad y su opacidad fiscal, así que difícilmente iba a poder recriminar a Caja Madrid su uso. Además, resulta irrelevante la consideración que diera la Agencia de cara a un presunto delito de administración desleal.

También resulta "absurda" la pretensión de los recurrentes de que estas tarjetas fueron concedidas por los máximos representantes de la entidad, precisamente porque ellos fueron quienes decidieron conceder esas tarjetas y hacer uso de las mismas. "La percepción de normalidad que podían tener algunos usuarios de las tarjetas, remite al elemento subjetivo de la conducta o error producido por la creencia en la legalidad de su uso, toda su vez que les habían sido entregadas por quienes administraban la sociedad".

De ahí, que el fiscal haga distinción entre aquellos que administraba la sociedad y los que no. Precisamente, por esta razón, Anticorrupción sólo solicitó la imputación de los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia, al ser ellos quienes firmaron y dieron el visto bueno para el uso y distribución de estas tarjetas. Es el Consejo de Administración el órgano que fija la política retributiva de consejeros y directivos. Así, considera que la administración desleal sólo puede aplicarse a aquellos que tuvieran condición de administradores, "fuera de los supuestos de participación relevante como 'extraneus' en este delito, en principio no acreditada".

No sirve el "yo no sabía"

Ante estos hechos, el fiscal es muy duro en su escrito y recuerda que los miembros del Consejo de Administración tienen elnecesario deber de vigilancia, que deben ser capaces de identificar los asuntos claves que afectan a la entidad al margen de que las facultades de administración se encuentren delegadas. "Las leyes mercantiles, los códigos de buen gobierno corporativo, la normativa mercantil imponen una estrictas obligaciones de vigilancia puesto que ser miembros de un consejo de administración es un asunto serio y no se trata de rellenar el consejo con personas dispuestas a ser plegables instrumentos en manos de ejecutivos".

Es por tanto, que la declaración como imputados debe ser obligada y en ese acto podrán exponer su presunta participación en los hechos. "En definitiva, resulta claro que al menos los administradores de Caja Madrid deberán explicar la emisión de las tarjetas y que estas explicaciones deberán darse ante el Juzgado instructor, contestando si así lo desean, a las preguntas del juez, sin que la presentación de escritos de alegaciones pueda reemplazar esta obligación de atender la citación del órgano de investigación".

Andreu decidió imputar tanto a los miembros del Consejo de Administración como a los directivos, en total 78 personas,por presuntos delitos de administración desleal o apropiación indebida. En su auto, el juez explicaba que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que se emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a consejeros como directivos. El magistrado cree que las tarjetas ‘black’ se podrían explicar de dos formas, ambas irregulares: que fueran tarjetas de empresa, lo que no tiene "soporte documental"; o que fueran una retribución, ante lo que tampoco entiende que muchos no las usaran o que no llegaran al límite establecido.

Entre los imputados, hay políticos, empresarios y economistas de renombre como Pablo Abejas, Arturo Fernández, Gerardo Díaz Ferrán, Alberto Recarte, Ricardo Romero de Tejada, Virgilio Zapatero, Juan Emilio Iranzo, Miguel Corsini, y exdirectivos como Carlos Vela, Rafael Spottorno y Juan Astorqui. "Procede investigar si la conducta de los directivos de las entidades bancarias que hicieron uso de las tarjetas hubieran podido cometer el delito de apropiación indebida de las sumas que, irregularmente, gastaron con las mismas, y por ello tenerles como imputados en la presente causa", apuntaba el auto.