El juez Castro investiga la presunta financiación ilegal del PP balear

Nuevo día negro para el Partido Popular en los tribunales. El juez de Palma José Castro acaba de acordar iniciar una investigación sobre una posible financiación ilegal de la formación en las Islas Baleares, después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo solicitara en base a indicios de que podrían haber pagado la sede de la capital mallorquina con dinero negro.

De esta manera, el magistrado, a punto de jubilarse y a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial le conceda la condición de emérito para seguir en el Juzgado, acaba de abrir la pieza separada número 28 del caso 'Palma Arena', que pone en entredicho toda la gestión del expresidente balear Jaume Matas. Precisamente, el 'caso Noos', por el que la infanta Cristina de Borbón tiene que ir a juicio, es una de las piezas separadas de esta marcrocausa.

En esta nueva, Castro va a investigar la presunta compra/venta de la sede del PP en Palma, que podría haberse financiado con fondos procedentes de empresarios que, a su vez, fueron adjudicatarios de contratos públicos. Estas sospechas surgen a raíz de una declaraciones ante la Fiscalía, por otro asunto, del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, versión que coincide, según Anticorrupción, con la aportada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Vídeo: El juez Castro investigará la financiación ilegal del PP balear

En las diligencias abiertas por el fiscal, antes de solicitar su judicialización, se han realizado investigaciones sobre la existencia de una doble contabilidad en el Partido en tanto que determinados gastos de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 se habrían abonado con dinero fiscalmente opaco.

En su auto, Castro explica que con las pruebas presentadas por la Fiscalía es suficiente para iniciar una investigación por una posible financiación ilegal del PP de las Islas Baleares y que de la misma podría relacionarse con contrataciones ilegales. El primer paso que da en el caso es citar para el próximo día 24 en calidad de testigo al ex concejal de Urbanismo que ha asegurado la existencia de esta financiación ilegal.

Matas exigió un sueldo fantasma para su mujer

Estos hechos ocurrieron cuando era Jaume Matas presidente balear. Precisamente, el Tribunal Supremo acaba de confirmar su segunda condena, ésta por un delito de cohecho pasivo impropio al pago de una multa de 9.000 euros, que había fijado un tribunal de jurado de la Audiencia balear. Este exdirigente popular se encuentra en prisión desde julio, cumpliendo una condena de nueve meses de prisión, después de que el alto tribunal se la rebajara desde los seis años que había sido condenado inicialmente por la Audiencia de Baleares.

En esta nueva condena, que sólo lleva aparejada una multa económica, la Sala de lo Penal le considera responsable de conseguir que un hotelero mallorquín pagase 3.000 euros al mes a su mujer durante un año por no hacer nada, mediante un contrato simulado, y por lo que el tribunal también fija el comiso de los 42.111 euros que el empresario pagó a la mujer de Matas.

En su sentencia, el Supremo destaca que para cometer este delito basta que se constate la recepción de la dádiva, y en este caso está demostrado no sólo eso sino que hubo además una petición por parte de Matas, quien “valiéndose de su posición como presidente del Govern balear”, solicitó al administrador de la empresa propietaria del hotel Valparaíso de Palma “que le entregase a su esposa 3.000 euros cada uno de los meses del año 2007”, según los hechos probados de la resolución confirmada.

Los magistrados ratifican que, de acuerdo a los usos sociales, la aceptación de determinados obsequios puede obligar a hacer un esfuerzo de discernimiento sobre si entra dentro de lo que es delito o no, pero “la cantidad mensual de 3.000 euros para su esposa, sin contrapartida alguna, es sobradamente constitutiva de tipicidad”. Aquí “no existe fórmula alguna de adecuación social”, según recoge la sentencia.

El tribunal también rechaza la prescripción del delito, ya que la providencia en la que fue citado a declarar como imputado interrumpió dicho plazo. La sentencia confirmada recoge que la empresa Valparaíso S.A. abonó mensualmente a la mujer de Matas 2.938,31 euros durante todo el año 2007, con dos pagas extras en junio y diciembre, cobrando un total neto de 42.111,13 euros. Como había sido convenido por Jaume Matas y Miguel Ramis (administrador de la empresa dueña del hotel), la mujer del primero "no desarrolló trabajo alguno” para la empresa hotel Valparaíso S.A. durante el año que duró la simulada contratación laboral. Y concluye: “La cantidad que mensualmente se le abonaba no era más que una prebenda o donación”.