González exige una explicación "rápida" a Tomás Gómez por el tranvía de Parla

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha exigido este martes una explicación "rápida y clara" al secretario general del PSM y exalcalde de Parla, Tomás Gómez, y a su sucesor como edil parleño, José María Fraile, sobre las últimas informaciones publicadas por El Confidencialy ampliadas por ABCacerca del sobrecoste del tranvía de la localidad.

"Exige una explicación rápida y clara por parte del PSM y de los alcaldes de Parla que tomaron las decisiones: el primero Gómez y después, su sucesor porque lo que conocemos cada día es mucho más turbio y poco claro", ha afirmado González en la Real Casa de Correos preguntado por estos datos, que apuntan a un aumento del sobrecoste del tranvía.

González ha indicado que el hecho de que el concejal de Urbanismo que hizo la adjudicación es socio de una empresa que era del gerente del Consorcio del tranvía en que se han producido las desviaciones de dinero " es de extrema gravedad y exige una explicación rápida y clara por parte del PSM y de sus responsables, que en aquel momento eran responsables del Ayuntamiento de Parla".

Un 175% de sobrecoste

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía va a remitir en los próximos días al Juzgado de Instrucción número 5 de Parla un informe que concluye que el sobrecoste del 175,2% que experimentaron las obras del tranvía de ese municipio, el proyecto más emblemático de los impulsados por Gómez durante su etapa como alcalde de la localidad, es injustificado y podría serfruto de conductas irregulares, según fuentes cercanas al caso consultadas porEl Confidencial.

El informe sólo es el primero de los que tendrá que elaborar la UDEF a petición de ese juzgado para averiguar si, como sospecha el Ministerio Público, el coste del tranvía se disparó de forma intencionada. Gómez adjudicó las obras en 2005 con una dotación de 93 millones de euros pero, en 2013, el presupuesto de la infraestructurase había elevado hasta los 256 millones, lo que provocó la quiebra de un consistorio que apenas cuenta con 124.000 habitantes.

La Fiscalía y la instructora del procedimiento, la jueza María del Pilar Pérez, ya han dictaminado que los recurrentes incrementos de gasto aprobados por Gómez y el resto de dirigentes socialistas que gobernaron Parla durante las obras podrían ser constitutivos de los delitos deprevaricación y malversación de caudales públicos, y han solicitado a la UDEF que dictamine si “los fondos presupuestados se invirtieron en lo proyectado, si existía algún informe técnico a favor en relación con las modificaciones del proyecto inicial y si no era necesaria (…) una nueva licitación” tras los numerosos cambios que sufrió el diseño original, entre otros aspectos.