Andreu decide el 9 la fianza millonaria a Bankia para pagar a los preferentistas

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se enfrenta a una nueva fianza civil, solicitada por varios querellantes del 'caso Bankia'. El exministro de Economía en la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno sabrá dentro de nueve días si tiene que abonar una nueva cantidad para hacer frente a las responsabilidades civiles que deriven de la causa.

En la pieza separada por las tarjetas opacas, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le fijó una fianza de tres millones de euros por su responsabilidad en el uso fraudulento de tarjetas por directivos y consejeros de la entidad bancaria mientras él la presidía. Ahora varias acusaciones, algunas de ellas en representación de preferentistas (entre ellas UPyD), han solicitado al magistrado que fije una fianza a aquellos que considera responsables del perjuicio generado por las preferentes.

En uno de los escritos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, los querellantes piden que se fije una fianza civil solidaria a Rato, a su exvicepresidente, José Luis Olivas, el que fuera adjunto a la presidencia, José Manuel Fernández Norniella, o el exconsejero delegado, Francisco Verdú. También señalan a los consejeros Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros, Juan Manuel Serra, José Antonio Moral Santín, Atilano Soto y Antonio Tirado.

El juez ha fijado para el próximo día 9 de febrero la vista a la que tendrán que acudir las partes para solicitar formalmente las fianzas. Una vez escuchadas a las partes, el instructor decidirá si deben pagar la cantidad que se fije en ese momento. Los perjudicados ya habían solicitado en otras ocasiones la fijación de una fianza que fue rechazada hasta que la investigación avanzase.

En su escrito, explican que ya Andreu dictaminó que había que esperar al avance de la causa y fundamentalmente a los correspondientes dictámenes periciales. “Dichos tiempos han transcurrido y los dictámenes esperados se han incorporado a la causa. De los mismos se deducen y confirman consecuencias anunciadas por esta acusación. Las actuaciones practicadas hasta la fecha acreditan que efectivamente los hechos denunciados presentan claros indicios de delito. Que dicho delito supone para los perjudicados un perjuicio patrimonial perfectamente cuantificable”, recoge el documento.

Garantizar el pago a los perjudicados

En el escrito presentado por varios preferentistas perjudicados para fijar la fianza se han sumado las cantidades perdida por cada uno de ellos. El total alcanza los 400.000 euros. Sin embargo, a esta cantidad se tendría que sumar la que puedan pedir en la vista otras acusaciones. Los querellantes se acogen al artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que: “Cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias [...] La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera parte de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias”.

Los peritos del Banco de España concluyeron en su informe entregado en diciembre que las cuentas anuales de 2011 de Bankia y BFA “no expresaban la imagen fiel de estas entidades debido a la existencia de ajustes de importancia material no contabilizados”. La documentación analizada pone de relieve la “pésima calidad” del seguimiento del riesgo de crédito, pues buena parte de los expedientes carecían de estados financieros de los acreditados y de información actualizada sobre las garantías. “Ello explica en parte el deterioro de la inversión crediticia, en perjuicio de accionistas y acreedores".

En este caso, abierto en junio de 2012 tras admitir una querella de UPyD, se imputó inicialmente a 33 consejeros de Bankia por delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales en conexión con delitos societarios y delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. El magistrado comenzó a investigar a todo el Consejo de Administración con Rodrigo Rato a la cabeza, por presuntas irregularidades en la fusión y salida a bolsa de la entidad y un agujero contable de casi 3.000 millones. A la causa principal se sumaron después otras cuatro querellas por la comercialización de preferentes y 18 nuevos imputados, entre ellos el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.