la guardia civil mantiene un total hermetismo

El PP presiona para que la UCO le filtre si sus candidatos caerán en el caso Púnica

El PP está preocupado por el desgaste que le ha infligido la corrupción en las encuestas y teme que el castigo experimente un repunte al final de la legislatura

Foto: Mariano Rajoy en la Convención Nacional del PP junto a otros dirigentes del partido. (Efe)
Mariano Rajoy en la Convención Nacional del PP junto a otros dirigentes del partido. (Efe)

El Partido Popular está preocupado por el desgaste que le ha infligido la corrupción en las encuestas, y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para evitar que el castigo experimente un nuevo repunte en el tramo final de la legislatura. Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil consultadas por El Confidencial aseguran que Génova ha transmitido a la cúpula del cuerpo su interés por conocer qué cargos de sus filas podrían verse salpicados por la segunda fase de la operación Púnica, la trama de corrupción desmantelada parcialmente el pasado mes de octubre por los agentes del nuevo Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

El PP ha efectuado la consulta en pleno diseño de las listas para las elecciones autonómicas y municipales. La formación de Mariano Rajoy teme el efecto que puede tener en sus votantes la continuación de las pesquisas sobre esta red corrupta, que ya se han saldado con la imputación de más de una veintena de dirigentes populares y amenaza con superar holgadamente esa cifra después de mayo.

Génova quiere anticiparse a ese escenario limitando las opciones de que concurran a los comicios candidatos que estén bajo sospecha por su presunta participación en la trama Púnica. En concreto, los populares pretenden impedir que alguno de sus dirigentes sea imputado sólo unas semanas después de que haya sido elegido en las urnas y apenas medio año antes de que Rajoy acuda a las generales. Con todo, lo cierto es que ni el PP nacional ni el de Madrid han tomado ninguna medida en esta dirección, a pesar de las numerosas informaciones sobre el futuro inmediato del caso que ya han trascendido a través de los medios de comunicación.

Traslado a la prisión de Soto del Real de Francisco Granados, en una foto de archivo. (Efe)
Traslado a la prisión de Soto del Real de Francisco Granados, en una foto de archivo. (Efe)

Segunda fase en marcha 

Los investigadores aún están analizando la abundante documentación de la que se incautaron en la primera fase del caso Púnica, el pasado 27 de octubre. En total, fueron detenidos 51 políticos, empresarios y funcionarios por su presunta participación en el amaño de contratos públicos por valor de 250 millones de euros, en su mayoría adjudicados a la firma de servicios energéticos Cofely. Pero, como adelantó este diario el pasado 2 de noviembre, además de diseccionar los datos de los que ya dispone, la UCO está trabajando en una segunda fase de la operación, que puede tener consecuencias aún más demoledoras para el PP.

Según ha podido saber El Confidencial, los agentes tienen en su punto de mira a al menos cuatro grandes consistorios de la Comunidad de Madrid por conceder supuestamente contratos a Cofely de forma irregular. Se trataría de los ayuntamientos de Móstoles –que ya fue registrado en la primera fase–, Alcalá de Henares, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, todos ellos gobernados por el PP.

Salvador Victoria y Francisco Granados en una foto de archivo. (Efe)
Salvador Victoria y Francisco Granados en una foto de archivo. (Efe)

Tres aforados en el punto de mira

Además, como reveló El País la semana pasada, los investigadores también disponen de indicios incriminatorios sobre tres aforados: el consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Salvador Victoria; el exalcalde de Valdemoro José Miguel Torres Moreno; y el actual regidor de Sevilla la Nueva, Mario de Utrilla Palombi. La Guardia Civil remitirá todas las pruebas que acumula sobre estos tres cargos al órgano competente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para que determine si los hechos que han aflorado merecen la apertura de un nuevo procedimiento, según han adelantado a este diario fuentes cercanas al caso.

Génova ha intentado en los últimos días confirmar estas noticias dirigiéndose directamente a la Dirección de la Guardia Civil. Sin embargo, el Partido Popular no ha recibido ninguna respuesta. Tampoco va a recibirla, según ha podido saber este diario. La instrucción judicial no sólo permanece bajo secreto, sino que la UCO ha decidido imprimirle al caso un perfil extremadamente discreto para evitar fugas de información y presiones de los partidos afectados. Los populares tendrán que confeccionar sus listas guiándose por su instinto. Disponen de elementos suficientes para orientarlo.

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