Hacienda pide para Luis Bárcenas 20 años más de cárcel que la Fiscalía

Los propios son más duros que los ajenos con Luis Bárcenas. Y es que, según aseguran fuentes conocedoras del documento, la Abogacía General del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, ha pedido en su escrito de acusación, presentado ayer, 62 años y ocho meses de prisión para el extesorero del Partido Popular por 17 delitos cometidos contra la Hacienda Pública por defraudar 11 millones de euros durante la primera etapa de la trama Gürtel. Se trata de 20 años más que la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente, la Audiencia Nacional acordó ayer la libertad del que fuera dirigente popular, en prisión desde julio de 2013, siempre y cuando consiga reunir una fianza de 200.000 euros.

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, sostuvo desde el primer momento que la Declaración Tributaria Especial (DTE) presentada por Bárcenas dentro de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, carecía de validez al no haber sido rubricada por el titular o dueño real de los bienes. En este sentido, la utilización de la sociedad Tesedul para llevar a cabo la regularización de 10 millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza, allá por el arranque de 2013, hacía que la declaración fuera “no veraz” y, por tanto, careciera de eficacia legal.

Además, Hacienda siempre ha dejado claro que la DTE sólo permite regularizar rentas lícitas y que no limpia ni borra delitos. En este sentido, el escrito provisional de la Fiscalía Anticorrupción, registrado el viernes, solicitaba que Bárcenas sea condenado a 26 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, siete años y nueve meses por blanqueo de capitales, tres años por falsedad, otros tres por apropiación indebida, y dos años y nueve meses por estafa procesal en grado de tentativa. En total, 42 años y medio. Sin embargo, consideraba un atenuante que se acogiera a la amnistía fiscal.

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En concreto, en la página 403 de su argumentación, el Ministerio Público estima que concurre “circunstancia atenuante de reparación del daño ocasionado en relación con los delitos contra la Hacienda Pública por el concepto de su IRPF correspondientes a los ejercicios 2007 y 2009”. La tesis de la Agencia Tributaria difiere en alguna medida, al entender que si el ingreso no se puede imputar a Bárcenas, tampoco puede ser un atenuante para él. Y recuerda que la regularización la efectúa Tesedul. Se trata, en todo caso, de una cuestión técnica que tendrá que decidir el juez.

Atenuante en el alero

Es más, según la tesis del Ministerio de Hacienda, a los efectos de considerar la devolución como atenuante, poco tendría que ver que el ingreso se hubiera efectuado mediante una regularización fiscal extraordinaria –en el caso de que esta hubiera sido presentada por el titular real de los fondos– o, por poner un ejemplo, vía ingreso en sede judicial. Por todos estos argumentos, la Abogacía del Estado no ha tenido en cuenta a la hora de presentar su petición de pena los ingresos efectuados por Luis Bárcenas en la Agencia Tributaria.

Si deposita la fianza que se le pide, la Audiencia impondrá también a Bárcenas otras obligaciones, como la de comparecer en el juzgado de Pablo Ruz –que siempre había rechazado su libertad– los lunes, miércoles y viernes; la designación de domicilio, y prohibición de abandonar el territorio nacional. También se mantiene la retirada de su pasaporte. Para acordar su puesta en libertad, la Sección Cuarta de lo Penal pondera los delitos que se le imputan, que la instrucción está ya terminada y el largo tiempo transcurrido en prisión preventiva, próximo a los dos años.

La decisión fue tomada por el tribunal después de que Bárcenas recurriera varias veces desde que en julio de 2013 la Audiencia ordenara su ingreso en prisión. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que el en otro tiempo peso pesado en Génova “ya no está en el PP” y añadió que el Ejecutivo respeta las decisiones judiciales. El portavoz popular, Rafael Hernando, había asegurado por la mañana que la justicia debe caer con toda su fuerza sobre quienes han usado la política para enriquecerse. Y lamentó el daño hecho a la imagen del PP.

Hacienda reconoce que el PP no declaró pagos durante dos décadas

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Confidencial, la Abogacía del Estado, que representada a la Agencia Tributaria, consideras que ha quedado acreditado que Bárcenas se prevaleció de sus cargos de gerente y tesorero del PP -puestos que ocupó desde el año 1990 hasta el 2009- junto con el imputado Álvaro de Lapuerta -quien fuera tesorero del PP hasta el año 2008- “de una contabilidad paralela o “Caja B” –denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública– del referido Partido político entre los años 1990 a 2008”.

Así, durante el periodo en que ocupó el cargo de gerente del Partido Popular, Bárcenas se habría apoderado de recursos de esta formación “aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada”, al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas.

De igual forma, entre los años 2001 y 2002, también procedió a desviar fondos, esta vez, lícitos y declarados a la Hacienda Pública, de entidades en cuya gestión podría haber intervenido para usos propios como el pago de viajes y servicios turísticos organizados por la empresa del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Por otra parte, a fin de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad ilícita, el extesorero “utilizó, en connivencia con su esposa, Rosalía Iglesias, además de una supuesta facturación ficticia, un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas”.

Para la Abogacía del Estado, Bárcenas procedió a aflorar fondos al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte; operativa que también utilizó Iglesias al objeto de aflorar recursos propios. “Llegando ambos imputados a elaborar documentos indiciariamente mendaces dirigidos a justificar formalmente algunas de esas transacciones y conseguir el archivo de esta causa en relación con el delito fiscal correspondiente al IRPF de 2006 de Rosalía Iglesias”.

Asimismo, explica que a principios del año 2009, tras conocer que estaba siendo investigado en este procedimiento, Bárcenas, auxiliado por, entre otros, los imputados Iván Yáñez y Ángel Sanchís “procedió a desplegar una compleja operativa de ocultación de los fondos que tenía depositados en Suiza al objeto de impedir su descubrimiento e incautación y de desvincularlos de su origen y titularidad así como de poder aflorarlos posteriormente bajo una cobertura aparentemente legal”.