AVT y Covite piden la detención urgente de los etarras excarcelados para evitar su fuga

Los principales colectivos de víctimas del terrorismo han acogido con satisfacción la decisión del Supremo de tumbar la doctrina que permitía a presos de ETA descontar de su tiempo en prisión las condenas cumplidas en otros países. A juicio de la AVT y de Covite, el varapalo del Supremo a la Audiencia se debe traducir en la detención y entrada en prisión inmediata de los sanguinarios Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, inductor del atentado de Hipercor, y Joseba Plazaola, condenado a 46 años de prisión por dos delitos de asesinato frustrado y otro de estragos por la colocación de una bomba en la puerta de un bar en 1987.

“Esperamos que la misma rapidez que tuvieron para soltar a los etarras de la ‘doctrina Parot’ la tengan ahora para volver a meterlos en la cárcel”, reclama la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, que se manifiesta en la misma línea que la presidenta de la organización de víctimas del País Vasco, Covite, Consuelo Ordóñez: “Dijimos que la decisión de la Audiencia eran actos de dudosa legalidad y el Supremo nos ha dado la razón. Lo que pedimos ahora es que se proceda a la detención inmediata de los excarcelados de manera cautelar. Tienen que volver a la cárcel y cumplir todo lo que les han descontado, que es mucho”, explica.

Podrían salir del país libremente

AVT espera, sin embargo, que esta resolución no llegue tarde y pide extremar el cuidado para que ambos etarras no huyan del país, situación que se presenta complicada pues ambos terroristas tienen, hoy por hoy, libertad de movimientos al contar con una resolución judicial que avala su excarcelación y porque el Supremo todavía no se ha pronunciado específicamente sobre sus casos. De hecho, podrían incluso comprar un billete de avión para salir al extranjero e intentar evitar una futura extradición. Fuentes jurídicas señalan que se aplicará también a otros casos, que se tendrán que ver recurso por recurso.

El Tribunal Supremo propició ayer un fuerte varapalo jurídico a la Audiencia Nacional al fallar que no debe aplicarse la normativa europea que apuntaba a acumular condenas impuestas a reos en los países de la Unión. Por nueve votos a seis, los magistrados desestimaron el recurso presentado por el etarra Kepa Pikabea. Hasta ahora, la Audiencia había resuelto que cada sección resolviera los asuntos que le entraran después de que el Pleno, presidido por Fernando Grande-Marlaska, no consiguiera llegar a un consenso al respecto.

La Fiscalía había informado en contra de esta acumulación al considerar su aplicación un fraude de ley. Los casos recurridos por la Fiscalía eran los de los etarras Santi Potros, Francisco Mújica Garmendia, alias ‘Pakito’; Rafael Caride Simón y Alberto Plazaola. Sin embargo, de los cuatro, los únicos que fueron excarcelados en diciembre son los ya aludidos. Sostiene la Fiscalía que debe primar la ley orgánica 7/2014, aprobada en diciembre, que se opone tajantemente a dicha acumulación.

Hace justo un mes, el Tribunal Supremo se había reunido en pleno para estudiar el recurso de Pikabea, pero ante la falta de un acuerdo unánime decidió pedir informe a la Fiscalía y al condenado y convocó una nueva reunión para ayer. Los magistrados debían debatir entre la normativa europea y la nueva ley orgánica, que traspone la decisión marco europea 2008/675, que apuntaba a la acumulación de las condenas de presos en varios países, y que afectan principalmente a los etarras que han sido condenados tanto en España como en Francia.

Posible recurso al Tribunal de Justicia de la UE

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Ana Ferrer, Joaquín Giménez, Luciano Varela, Miguel Colmenero y Jorge Barreiro emitirán un voto particular conjunto. Algunos creen que la ley española desnaturaliza la decisión europea de acumular las penas cumplidas en el ámbito comunitario, mientras que otros apuestan por que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclare las dudas sobre el derecho de los Veintiocho. En cualquier caso, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional –que ordenó las excarcelaciones– tiene en su mano la opción de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, para esclarecer las dudas sobre la aplicación de la decisión marco en España.

Si los jueces de la Audiencia deciden acudir a esta vía, podría ser interpretado como un cuestionamiento a su instancia superior, al propio Tribunal Supremo, pero estarían en su derecho de hacerlo si dudan de la legislación española al creer que 'trampea' el derecho comunitario. Además, los propios afectados, como por ejemplo Kepa Pikabea, pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si creen que los tribunales españoles han conculcado sus derechos fundamentales.