CiU, ERC y ANC se movilizan para blindar a Artur Mas frente a la querella de la fiscalía

El objetivo es blindar a Artur Mas. No importa si hay base jurídica en la querella que la Fiscalía presentó contra el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau por “prevaricación administrativa continuada, desobediencia grave, usurpación de funciones y malversación de caudales públicos”. Los soberanistas tienen claro que la solución pasa por politizar todo. Incluso la judicatura.

Eso es lo que se pretende en estos momentos tanto desde el Gobierno de la Generalitat como desde los partidos favorables a la independencia. La ofensiva incluye no sólo la defensa a ultranza del propio Gobierno autonómico, sino una movilización masiva de la “sociedad civil” y la consolidación de un frente soberanista que incluye a la extrema izquierda e incluso a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que controla CiU y que ha llamado a una campaña de autoinculpación similar a la de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El que quiera hacer algo por el país, ha de inculparse de los mismos delitos que su presidente, Artur Mas.

El portavoz del Gobierno catalán y consejero de Presidencia, Francesc Homs, fue la punta de lanza de la nueva ofensiva independentista y echó leña al fuego. “No hay antecedentes en países democráticos donde a los que pongan urnas les interponen querellas. Es un acto de incomprensión, desesperación y cultura democrática escasa”, dijo, obviando todo lo demás. Y lanzó sus dardos envenenados contra el Gobierno español por propiciar las iniciativas judiciales: “Tiene un máster en visiones miopes”, atacó.

En este trasfondo, Artur Mas y el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, se han visto varias veces durante la última semana. El republicano quiere la convocatoria de elecciones cuanto antes, sabiendo que en estos momentos está montado en la cresta de ola y que dentro de unos meses posiblemente ya se haya bajado de la misma, por lo que sus resultados electorales serían mucho más exiguos.

Desde la oposición, se cree que ambos ya han pacto un calendario electoral. “Tienen un pacto sellado y han establecido acuerdos bilaterales –afirma a El Confidencial Carina Mejías, portavoz de Ciutadans-. Esquerra ha blindado a Artur Mas ante la corrupción, evitando que comparezca en la comisión de investigación sobre Jordi Pujol, y eso que fue su mano derecha durante los últimos Gobiernos de éste. Paralelamente, CiU ha cedido en algunos puntos de los presupuestos. Pero hay un dato a tener en cuenta: ERC había planteado una enmienda a la totalidad de los presupuestos del 2015. En el momento en que hubo rumores de que desde la oposición podíamos apoyar esa enmienda, se apresuraron a retirarla, porque hubiese supuesto dejar a CiU en minoría”.

Rosario de autoinculpaciones

Pero lo cierto es que, tras el cierre de filas del Gobierno sobre Artur Mas, todos los soberanistas se movilizaron. Para empezar, el coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull, acudió al TSJC junto al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, para inculparse por el 9N. Políticamente, es una acción correcta. Pero jurídicamente, puede traerles dificultades. Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau están inculpados por acciones realizadas con motivo de sus propias responsabilidades en la Administración.

Si los demás se autoinculpan, en realidad, pueden estar acusándose falsamente de un delito, ya que tanto Rull como Junqueras podían haber realizado acciones de apoyo al 9N sin consecuencias jurídicas, ya que no tenían responsabilidades administrativas. Si se autoinculpan, sí que podrían incurrir en delito simulado, lo que en términos judiciales los dejaría en la cuerda floja independientemente del delito del que se autoinculpen. En realidad, se trataría a todos los efectos de una falsa autoinculpación, puesto que ellos no pudieron, por su condición de ciudadanos normales, incurrir en los mismos delitos que Mas, Ortega y Rigau. Cierto que de lo que se culpan es de participar en el proceso del 9N, pero eso no exime de responsabilidad a los verdaderos imputados.

En la misma tesitura está la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la organización cívica que ha protagonizado todas las grandes movilizaciones independentistas de los últimos años y que ha tocado a rebato para que sus militantes acudan en masa a defender a los dirigentes catalanes acusados. La ANC ha propiciado una Comisión de Desobediencia y Soberanía, presidida por Andreu Porta, miembro del secretariado. De cara a la galería, esta comisión puso a disposición de los militantes un impreso para entregar en el TSJC y consiguió que se visualizase una larga fila de ciudadanos que querían autoinculparse y que hacían cola a las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona.

En el escrito, señalaban que la petición del Gobierno español al TC pidiendo la suspensión del 9N fue ilegal (ni el Estatuto ni la Constitución permiten a la Generalitat organizar un referéndum) e ilegítima porque “coarta los derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión”. Y, además, “hace patente una grave falta de garantías democráticas en el Estado español, donde la división de poderes se demuestra inexistente”. Jaume Marfany, vicepresidente de la ANC, y Porta reconocieron ante las puertas de la Audiencia que habían desobedecido al “Estado español” y que ya no lo obedecerán más. Y terminó el vicepresidente: “Están atacando a nuestro presidente, Artur Mas, Y si lo atacan a él, nos están atacando a todos”.

“Persecución política”

El portavoz de CiU en el Parlamento autonómico, Jordi Turull, aplaudió la actitud de la ANC y habló de “persecución política” contra los soberanistas. Turull justificó la campaña de autoinculpaciones como una muestra de la solidaridad ante esa “campaña de persecución política”, subrayando que el president convocó la pseudoconsulta del 9 de noviembre como una consecuencia de un “mandato popular”. Pero incluso el diputado Quim Arrufat, de la CUP, recordó también que este partido ya se autoinculpó masivamente hace unos meses, y que ahora está en manos de la Fiscalía el sumar a los dirigentes de la CUP en la lista de acusados en la querella, junto a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Arrufat habló, igual que Turull, de “persecución política del Estado” y de que no hay voluntad de solucionar el tema políticamente. Pero aprovechó para pedir a Artur Mas elecciones cuanto antes y que “no utilice los tiempos muertos en beneficio propio, para hacer su lista de país convergente”.

Más sorprendente fue el líder socialista catalán, Miquel Iceta, que aseguró que “no entendemos que Artur Mas cometiera ningún delito. Creemos que defendió unas ideas y un mecanismo participativo que nosotros no compartimos pero que en ningún caso creemos que deba ser objeto de persecución penal”.

Los otros partidos de la oposición no independentista fueron especialmente críticos. Tanto PP como Ciutadans hablaron de manipulación las autoinculpaciones. Para Carina Mejías, portavoz de Ciutadans, “la única forma de intentar parar la querella es que la gente se mueva en la calle. Así, la ANC y su presidenta, Carme Forcadell, tienen como cometido la movilización callejera. Las autoinculpaciones son una pantomima. Yo lo que quiero es instar a que se respete la justicia y las resoluciones judiciales, porque estos señores sólo acatan las resoluciones que les son favorables”.

Mejías señala también que “Carme Forcadell es la directora del activismo callejero. A CiU y a ERC les conviene ahora mover a la gente en la calle y por eso han dado la orden de que se visualice. Pero han de entender que a un Estado de derecho no se le puede desafiar. El que le desafía, que se atenga a las consecuencias”.