Sonia Castedo dimite como alcaldesa de Alicante: "No he hecho nada deshonesto"

Sonia Castedo abandona la Alcaldía de Alicante. Así lo ha comunicado ella misma en su perfil de Facebook, explicando que se trata de una decisión meditada y tomada “hace tiempo”, y que ha esperado a este 23 de diciembre porque es la fecha de su cumpleaños. Un día importante para comunicar lo que será “un antes y un después en mi vida”.

Castedo dice que da “por finalizada una etapa” en la que siempre se ha sentido muy “feliz” y ha aprovechado el comunicado para dar las gracias “absolutamente a todos” por haber contribuido a que se convirtiera en alcaldesa de la ciudad de Alicante.

Vídeo: Dimite la alcaldesa de Alicante

Sobre los motivos de su dimisión, de manera escueta recuerda que es “madre de dos niñas” a las que tiene que “proteger”; e insiste en que “no cree necesario decir nada más”. Eso sí, ha querido insistir en que podría haber seguido "aguantando y demostrnado" que jamás ha hecho “nada deshonesto”, pero que sus hijas “no pueden, no deben y no quieren vivir situaciones injustas que ningún ser humano se merece”.

Cronología de imputaciones

La trayectoria política de la hasta ahora alcaldesa de Alicante ha estado marcada por las imputaciones en dos de las ramas del caso Brugal, relativas a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la urbanización del barrio de Rabasa. En ambas investigaciones, la fiscalía cree que, presuntamente, la actuación de Castedo tanto en su etapa como concejal de Urbanismo como, a partir de 2008, de alcaldesa benefició al constructor Enrique Ortiz, también imputado.

El caso Brugal surgió a raíz de que, en 2007, se destaparan unas supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela, un multimillonario contrato de 8,5 millones de euros anuales durante diez años.

Las investigaciones posteriores sacaron a la luz otras presuntas ilegalidades que dieron origen a una veintena de ramas, entre ellas las que conciernen al plan comarcal de residuos de la Vega Baja, a la contratación de una planta de transferencia de residuos Calpe y a la supuesta financiación irregular del PSOE de Abanilla (Murcia).