botella lo aparca por falta de tiempo

Madrid gastó 14 millones en revisar el Plan General de Urbanismo que acaba de retirar

Gallardón planeó revisar el Plan vigente desde 1997, pero Botella lo ha retirado por falta de tiempo. El proyecto se ha comido varios miles de millones

Ana Botella anunció a principios de diciembre que no aprobará el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que promocionó su antecesor en el Palacio de Cibeles, Alberto Ruiz-Gallardón, por falta de tiempo. La alcaldesa de Madrid deja en manos de su sucesor a que siga trabajando en la aprobación de este proyecto, que desde 2011 se ‘ha comido’ ya 14 millones de los presupuestos públicos.

El Ayuntamiento de Madrid se había propuesto aprobar un nuevo plan urbanístico que marcara el crecimiento de la capital de la próxima década, pero los dirigentes municipales han dado un paso atrás porque “los plazos van a estar muy ajustados”. La revisión del Plan General significó que el Ayuntamiento de Madrid creara en junio de 2011, nada más estrenarse esta legislatura, una Dirección General dirigida única y exclusivamente a la revisión del Plan General, dependiente de la Oficina de Planificación Urbana del consistorio madrileño.

Este departamento se nutrió de 1,6 millones de euros en 2011; 3,7 en 2012, 4,8 en 2013 y 3,8 millones de euros durante el año en curso, según consta en los presupuestos anuales del consistorio. En total, 14 millones de euros destinados a un proyecto cuyo futuro está en el aire. El Ayuntamiento matiza que "sigue trabajando y así lo hará hasta el último día de la legislatura", y dejará un documento "muy estudiado y extremadamente riguroso", que el siguiente equipo podrá aprobar inmediatamente, "si así lo estima oportuno, o introducir las modificaciones que considere".

Fue Gallardón quien se comprometió en la campaña electoral de 2011 a aprobar en esta legislatura un nuevo Plan General que sustituyera el proyecto actual, aprobado en 1997. Tras su marcha al ministerio de Justicia, Botella nunca ratificó ese plazo y continuó avanzando en el desarrollo del citado proyecto. Entre otros cambios, el Ayuntamiento planteó una “red de naturaleza o ambiental” que incluía la creación de una red de "corredores o ejes urbano-ambientales” que unirían y darían continuidad a los espacios verdes de la ciudad. 

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella. (EFE)
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella. (EFE)

Para David Ortega, portavoz municipal de UPyD, “estos más de catorce millones de euros de dinero público que el Ayuntamiento ha tirado a la basura son la guinda de unos pésimos cuatro años para el Urbanismo de Madrid. Iba a ser la legislatura del nuevo Plan General, y ha sido la legislatura del Urbanismo a la carta, el Urbanismo de parches que en vez de planificar la ciudad pensando en la calidad de vida de los madrileños se mueve al ritmo que marcan proyectos privados como la compra del Edificio España o la remodelación del Bernabéu. Y esto sin olvidar los problemas judiciales que origina la mala gestión del Ayuntamiento, como bien saben en Valdebebas, donde aún muchos madrileños esperan para poder entrar a vivir en sus casas a que se solucione el embrollo jurídico en el que están metidos por culpa del PP. Se equivocan constantemente, y nos cuesta dinero a todos los madrileños: esperamos que estos 14 millones sean el último ejemplo de esta peculiar forma de hacer política”.

Actuaciones singulares del proyecto paralizado

Entre las actuaciones singulares que se planteó, figuraban un plan para la recuperación de bulevares, la renovación y rehabilitación urbana en el entorno del Madrid Río, un ámbito estructurante denominado Villaverde Tecnológico y la nueva centralidad Sur: Delicias-Méndez Álvaro-Abroñigal. Botella calificó entonces el proyecto de "liberalizador y flexibilizador" de todos los trámites de la planificación urbanística que actualmente "atenazan y retraen la inversión" en la ciudad. (Ver gráfico).

El plan ahora paralizado también preveía dar a un centenar de unidades urbanísticas –parcelas y edificios– que ahora son dotaciones públicas –equipamientos administrativos, sanitarios, educativos...– un nuevo uso económico lucrativo para convertirlos en oficinas, hoteles o comercios. Se pretendía sacar rédito a un suelo destinado al servicio público, en una época en la que la crisis azota principalmente al mercado inmobiliario. 

Para el consistorio, paralizar de momento este Plan es "un acto de responsabilidad política", porque "no parece razonable forzar la aprobación de un instrumento tan esencial", que marcará la hoja de ruta de la ciudad para los próximos 20 o 25 años, "a escasos meses de un proceso electoral del que saldrá un nuevo equipo con responsabilidades de gobierno, que será quien decida si continúa con los planteamientos realizados o introduce modificaciones".

En relación al presupuesto, fuentes del consistorio aseguran que los trabajos de la revisión los están llevando a cabo funcionarios municipales. "Solo se han externalizado los trabajos que, por su especialización y singularidad, no pueden realizar los técnicos municipales y es necesario apoyo externo", como los trabajos de la revisión del Catálogo de Elementos Protegidos, que ha conllevado el estudio de 17.000 edificios. "Estos gastos solo han supuesto más de dos millones de euros".

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