Los nombramientos a dedo y el pulso ante el 9-N forzaron la salida de Torres-Dulce

Eduardo Torres-Dulce lo ha intentado pero, según su entorno, no ha aguantado las constantes injerencias e intromisiones del Gobierno en su trabajo. Llegó a la Fiscalía General del Estado con el firme propósito de que la carrera fiscal estuviera bien representada y defendida. Sin embargo, y según las mismas fuentes, el Gobierno no le ha dejado trabajar con independencia. El ninguneo que ha sentido el fiscal general ha llegado a un punto tan insoportable que ayer decidió poner punto y final a su trayectoria y volver a su puesto como fiscal del Tribunal Constitucional. En las quinielas para sucederle, por primera vez, una mujer: la fiscal Pilar Fernández Valcárcel.

Prácticamente desde el principio, Torres-Dulce no consiguió buena sintonía con el Ministerio de Justicia. Tanto el que fuera titular, Alberto Ruiz Gallardón, como el secretario de Estado, Fernando Román, intentaron actuar a sus espaldas y boicotear su trabajo, según estas fuentes, lo que provocó duros enfrentamientos y un distanciamiento.

El hasta ahora fiscal general dio la cara por sus fiscales ante el Ejecutivo en momentos muy complejos. La petición de prisión del extesorero del PP, Luis Bárcenas, por parte de las dos fiscales del caso Gürtel no sentó bien en el Ejecutivo. Mucho antes ya había dado un golpe en la mesa cuando el Gobierno pretendía que la Fiscalía Anticorrupción no analizara la documentación que traía el exinformático del HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, con un listado de defraudadores fiscales españoles. En todos estos intentos, la fuerza de Torres-Dulce pudo con las intenciones del Ejecutivo pero esos envites iban desgastando al máximo representante de la carrera fiscal.

Con la dimisión de Ruiz Gallardón, el fiscal general esperó a ver si Rafael Catalá traía un poco de calma a la institución pero lejos de ser así éste se plegó a la línea del Gobierno. La consulta soberanista catalana ha sido un despropósito que ha llevado finalmente a la salida de Torres-Dulce.

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En contra de la imagen que se dio desde el Gobierno tras la celebración del 9-N de que era el fiscal general el que se encontraba dubitativo a la hora de interponer una querella contra Artur Mas por convocar una consulta ilegal, Torres-Dulce había insistido por activa y por pasiva al Gobierno de Mariano Rajoy en que había que actuar con celeridad.

Es más, antes de la celebración, el fiscal general, según estas mismas fuentes, había intentado convencer tanto al ministro de Justicia como al presidente de Gobierno de que había que interponer una querella a Mas en cuanto se anunciase la convocatoria, y no esperar a la celebración de la consulta. Sin embargo, la respuesta fue tajante: no se iba a actuar contra los representantes de la Generalitat. Sólo a última hora del 9-N, recibió el mensaje de que ya era hora de actuar, dejándole al pie de los caballos frente a la ciudadanía, que percibió esos días que la Fiscalía no quería actuar contra Mas ni ninguno de sus dirigentes.

Precisamente, fue debido a estos vaivenes por los que el día después de la consulta el fiscal general insistió públicamente en que la Fiscalía se tomaría el tiempo necesario para actuar contra los responsables de la consulta mientras que desde el Gobierno se mandaba el mensaje contrario.

Duros enfrentamientos

Esos días se vivió mucha tensión y presión en la Fiscalía General. Miembros del Gobierno y del PP incluso llegaron a anunciar públicamente lo que el Ministerio Público iba a hacer, dejando en evidencia el control que se pretendía hacer a la institución. Este episodio dejó a Torres-Dulce anímicamente muy debilitado, pero no había sido el único. Fuentes de la carrera fiscal aseguran que ha llegado a ser insoportable la intromisión del Gobierno en nombramientos de fiscales, cuando la potestad tendría que tenerla teóricamente Torres-Dulce. Éste ha sentido un auténtico desasosiego y malestar porque ha sido una constante que los nombres propuestos por él para diversos cargos en la Fiscalía han sido ignorados y elegidos al antojo del Gobierno.

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Y no sólo eso. Desde la carrera fiscal se ha reconocido el interés del Departamento de Justicia de no querer facilitar medios materiales y humanos a un Ministerio Público que está desbordado de trabajo, sobre todo en algunas áreas como la de la lucha contra la corrupción. Durante estos tres años, Torres-Dulce ha luchado por conseguir estos medios pero de manera infructuosa.

La quiniela de posibles sustitutos

El Gobierno tiene que dar cuanto antes el nombre de un sustituto, que se haga cargo de una Fiscalía General que va a estar en el ojo del huracán en un año electoral y con tantos procesos de corrupción abiertos contra los principales partidos políticos. Fuentes de la carrera fiscal creen que se va a aprovechar para colocar a una persona de confianza de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Los nombres ya han empezado a sonar en las quinielas de candidatos. En las últimas horas de la tarde de ayer, el nombre que parecía coger fuerza era el de Pilar Fernández Valcárcel, fiscal de carrera. El hecho de elegir a una mujer, la primera que llegó al Tribunal Supremo y la primera fiscal de Sala mujer, le da muchos puntos para ser tanteada. Su nombre ya sonó como teniente fiscal del alto tribunal cuando Antonio Narváez fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Una fiscal conservadora, querida por sus compañeros, bien vista por la carrera fiscal, que acaba de quedarse viuda, podría ser una buena elección para parar las fuertes críticas al gobierno de Mariano Rajoy por la salida de Torres- Dulce.

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, también ha sonado. Su nombre apareció hace unas semanas cuando estalló todo el conflicto tras el 9-N y la dimisión de Torres-Dulce se hacía inminente. Otro posible candidato que suena entre la carrera fiscal y judicial es Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo y también bien considerado por gran parte de sus compañeros. Precisamente, Del Moral ha sido uno de los cinco magistrados que no apoyaron a la mayoría de sus compañeros de la Sala de lo Penal del alto tribunal en un escrito remitido al presidente del tribunal y del CGPJ, Carlos Lesmes, criticando al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por unas declaraciones que para ellos es una clara intromisión a la independencia judicial, por motivo de las últimas excarcelaciones de etarras. En los tiempos que corren, una cierta ductilidad hacia el Gobierno parece ser una buena carta de ‘recomendación’ para ser el nuevo fiscal general del Estado. Por último, otro nombre que se incorporaba a las quinielas a última hora era el de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, fiscal de sala del Supremo y coordinadora de Menores.