Las salidas de etarras provocan indignación en las víctimas y división en los jueces

La derogación de la doctrina Parot –que aplicaba los beneficios penitenciarios al total de penas impuestas y no al máximo legal establecido– provocó un goteo constante de terroristas y delincuentes peligrosos saliendo de las cárceles. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras el recurso de la etarra Inés del Río, determinó que España estaba incumpliendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos al utilizar el citado principio con carácter retroactivo. La medida afectó a 60 presos, algunos de los cuales ya han abandonado sus prisiones.

Sin embargo, no ha sido el único atajo legal utilizado por los abogados de etarras en los últimos meses para conseguir que sus clientes salgan antes en libertad. Una decisión marco de la Unión Europea y una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 13 de marzo establecieron que las penas de cárcel cumplidas por el miembro de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga en Francia debían acumularse al total de condenas establecidas en España, de modo que el máximo global fuera realmente de 30 años y no la suma de estos 30 años más el tiempo pasado en las prisiones francesas, como ha ocurrido en muchos casos.

La sentencia creó un nuevo referente jurídico, conocido como doctrina Urrusolo, que, al igual que la derogación de la Parot, no tardaría en tener consecuencias sobre el resto de presos de ETA que se encontraran en situaciones similares. Poco a poco fueron recurriendo a este principio los reclusos de la banda que habían cumplido penas en Francia, que se podían sumar al cómputo total que tenían acumulado en España y que, por lo tanto, en muchos casos superaban el máximo de 30 años estipulado por la ley.

Todos esos recursos están ahora resolviéndose uno por uno. Desde la semana pasada, la Sección Primera de la Audiencia Nacional ha aplicado la doctrina Urrusolo a cinco presos de la banda. Para tres de ellos, la nueva contabilidad ha supuesto la inmediata salida de la cárcel, ya que habían superado el tiempo establecido. Es el caso de Carmen Guisasola, que participó en los asesinatos de cuatro personas entre 1982 y 1989, por los que ha pasado 24 años en prisión.

Guisasola, que ya disfrutaba del tercer grado y sólo iba al centro penitenciario de Zaballa para dormir, fue condenada a diez años de prisión por el Tribunal de Gran Instancia de París en 1994. Al quitársele esta última condena, tenía que haber sido puesta en libertad el año pasado, con lo que su licenciamiento se tornó inmediato. El mismo día que la Audiencia Nacional emitió el auto que ordenaba su liberación –el pasado 24 de noviembre–, Guisasola abandonó la prisión.

Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, también ha corrido la misma suerte que su excompañera de filas. Encarcelado en Villena (Alicante) por ordenar el atentado contra el Hipercor de Barcelona en 1987, donde murieron 21 personas, Arrospide, que no iba a salir hasta 2025, se ha beneficiado de los 12 años que pasó preso en Francia, que se le han descontado del cómputo global. Tras la reducción, Santi Potros debería haber salido hace casi dos años, con lo que la Audiencia también ordenó su liberación inmediata el pasado 4 de diciembre.

El mismo día fue excarcelado también Alberto Plazaola Anduaga, miembro del comando Araba condenado por dos intentos de asesinato. El etarra no iba a abandonar la prisión hasta 2026, pero se le descontaron los años que estuvo encarcelado en Francia y la Sección Primera ordenó su inmediata salida.

La misma sala de la Audiencia Nacional también redujo la pena el mismo día a Francisco Múgica Garmendia y a Rafael Caride Simón, dos de los etarras –junto a Santi Potros– que participaron en el atentado de Hipercor. En este caso, los terroristas están aún pendientes de que el centro penitenciario en el que cumplen condena recalcule la pena que les queda por cumplir.

Sin embargo, no todo está tan claro. La interpretación que realiza la Sección Primera de la doctrina Urrusolo no es compartida por otras secciones de la Audiencia Nacional, como la Segunda, que rechazó esta misma semana una petición similar por parte del etarra Iñaki Bilbao. Tampoco se apunta a la opinión de la Sección Primera la Fiscalía, que ha recurrido las cinco aplicaciones de la doctrina Urrusolo realizadas hasta el momento y que ha llamado la atención sobre la necesidad de unificar criterios, razón por la que ha recurrido al Tribunal Supremo.

Por el momento, de los seis recursos planteados, cinco han sido aceptados –todos los que cayeron en la Sección Primera– y uno ha sido rechazado. Fuentes jurídicas aseguran que han solicitado que se les descuenten las penas cumplidas en Francia en aplicación de la misma doctrina más de un centenar de etarras, que estarán pendientes de cómo se desarrolla la mencionada unificación de criterios solicitada por la Fiscalía, pero que mientras llega podrían beneficiarse de la interpretación de la Sección Primera.

Las víctimas del terrorismo están preocupadas por este desconcierto jurídico, ya que consideran que, si finalmente el Tribunal Supremo opta por el criterio de la Sección Segunda, por ejemplo, difícilmente será posible recuperar a los etarras que ya están fuera de prisión por orden de la Audiencia Nacional.

Por el momento, la mayoría de los etarras que se han beneficiado de la reducción de penas gracias a la aplicación de la doctrina Urrusolo –Guisasola, Múgica, Caride, Plazaola y Arrospide– son todos miembros de la denominada vía Nanclares, que congrega a los terroristas arrepentidos que tienen intención de reintegrarse en la sociedad, entre los que también están otros históricos como Valentín Lasarte. Tan sólo Plazaola y Arrospide estarían fuera de esta vía, promovida por el anterior Gobierno, aunque el último –Santi Potros– hizo un primer acercamiento.