Las Navidades amargas de la Infanta a la espera de la decisión del juez Castro

La historia se repite. A primeros de este año, concretamente el 7 de enero, un día después de la llegada de los Reyes Magos, el juez de Palma, José Castro, decidió imputar a la infanta Cristina de Borbón por delito fiscal y blanqueo de capitales. Ha pasado prácticamente un año y en este tiempo, la hija de Juan Carlos I ha sido interrogada, imputada formalmente, y ratificada por la Audiencia Provincial de Palma para dos delitos fiscales. A finales de este mes o primeros del que viene, es decir, de nuevo en plenas Navidades, Castro debe decidir si la sienta en el banquillo de los acusados.

Las acusaciones tienen hasta el día 9 de diciembre para presentar sus escritos de acusación. Manos Limpias va a solicitar ocho años de cárcel para la hermana de Felipe VI, mientras que la Fiscalía Anticorrupción va a mantener que no cometió ningún delito aunque sí se lucró, sin conocimiento, del dinero obtenido ilícitamente por su marido, Iñaki Urdangarin. Por esa razón le aplicará la figura de partícipe a título lucrativo, por lo que va a solicitar que devuelva a las arcas públicas cerca de los 600.000 euros.

Según fuentes jurídicas, desde el momento que las acusaciones fijen la cantidad a devolver, Cristina de Borbón puede aportar la cantidad sin esperar a juicio. Su condición de partícipe a título lucrativo, es decir, que gastó dinero que su marido obtuvo de distintos delitos como la malversación, es independiente de si finalmente se sienta en el banquillo como acusada. Si Castro opta por aplicar mano de hierro y llevarla a juicio, por un lado se tendrá que enfrentar a las penas de cárcel por los delitos fiscales y, por otro, tendrá que devolver el dinero obtenido por Urdangarin, con el que se lucró. Son dos vías totalmente diferentes.

Infanta y Mato, distinto rasero

La figura de partícipe a título lucrativo que pide la Fiscalía para la Infanta es la misma que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha aplicado a la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, por el caso Gürtel. En este último caso, el magistrado entendió que la dirigente 'popular' se lucró de regalos, como viajes y hoteles, pagados por la trama liderada por Francisco Correa, sin que ella supiera su procedencia delictiva.

Sin embargo, el tratamiento para ambos casos ha sido bien distinto. A Ruz se le ha calificado como el azote del PP por apuntar a Mato, mientras que el fiscal Anticorrupción que lleva el caso Nóos ha sido duramente criticado por aplicar únicamente a la Infanta esta figura y no dar un paso más. En ambos casos, se reconoce que hay fuertes indicios de que sus maridos obtuvieran beneficios económicos procedentes de actos delictivos y ellas, como esposas, disfrutaron de ellos sin saber su procedencia.

En el caso de la Infanta, la Audiencia Provincial de Palma ha entendido que Cristina de Borbón ayudó a Urdangarin a defraudar a Hacienda a través de la declaración de la renta. En el caso Gürtel, las acusaciones también solicitaron en su momento que se imputara a Mato por un delito de cohecho impropio, pero la Fiscalía ya advirtió de que ya habría prescrito, por lo que se descartó. A día de hoy ninguno de los tres jueces que han instruido este asunto ha dado el paso de investigarla.

La duda de aplicar la doctrina del Supremo

A partir del día 9, el instructor debe abrir un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos y una vez transcurrido este tiempo él decidirá respecto a quiénes abre juicio oral. En lo que atañe a la Infanta, la duda que surge es si Castro va a decidir aplicar la conocida como 'doctrina Botín', que impediría enjuiciar a la hija del anterior monarca. El Tribunal Supremo fijó en 2007 a raíz de un caso contra el ya fallecido Emilio Botín, expresidente del Banco Santander, que no se puede enjuiciar a una persona por delito fiscal si el perjudicado, es decir, la Agencia Tributaria, ni la Fiscalía actúan contra ella. Precisamente, es lo que ocurre en este caso. Ni la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, ni el Ministerio Público encuentran indicios de que Cristina de Borbón cometiera dos delitos fiscales.

Si se aplicara esta sentencia del Alto Tribunal, con la única actuación de la acusación popular, la Infanta no podría ser enjuiciada ni condenada. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma dejó una puerta abierta a Castro y sostuvo que este caso tiene matices con respecto al de Botín porque en este asunto la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí van a presentar acusaciones por delito fiscal contra otras personas aunque no sea a la Infanta, lo que podría dejar sin efecto la norma.

Juicio a finales de 2015

Habrá que esperar un mes para ver si el instructor se guía por la Audiencia Provincial y no por el Tribunal Supremo. Si así lo decide finalmente, desde la Audiencia se espera que el juicio pueda comenzarse a celebrar a finales de 2015. En ese momento, se tendría la imagen de Cristina de Borbón sentada como una acusada más, aunque esta dispondría de la última opción en la fase inicial de cuestiones previas en las que su defensa, y la Fiscalía si así lo considera oportuno, podría solicitar al tribunal que quede anulada su acusación en aplicación a la jurisprudencia del Supremo. Pero eso sería con ella ya sentada frente al tribunal en vista pública y junto al resto de acusados. Quien no se va a librar del banquillo es su marido, que podría enfrentarse a penas de cárcel de hasta 20 años.