El Gobierno 'revende' medidas contra la corrupción anunciadas desde 2013

El aluvión de medidas contra la corrupción, hasta 70, que el presidente del Gobierno presentó en el Congreso son un compendio de reformas legislativas y enmiendas a proyectos de ley ya registrados en la Cámara que en su mayor parte están anunciados por Mariano Rajoy desde el verano de 2013, cuando saltó el caso Bárcenas. En el capítulo sobre las fundaciones vinculadas a los partidos se incluye una “fiscalización por el Tribunal de Cuentas” que ya existe, aunque muchas se lo salten.

El Grupo Popular reconoce que hay medidas que plantean y venden desde hace casi dos años, que ya tardaron en condensarse para los proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros en febrero pasado sobre la financiación de los partidos y el estatuto del cargo público. Ahora lamentan haberse dado tanto plazo para pactar con el PSOE: primero porque llegaban las elecciones europeas de mayo, después por la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba y al final por esperar a que Pedro Sánchez aterrizara en el cargo.

“Y todo para al final sacar las leyes adelante solos o con alguna ayuda de los nacionalistas, que siempre acaban por pedir algo ajeno a la cuestión a cambio”, comentan en medios del PP.

Más allá de la prohibición del perdón de las deudas de los partidos por la banca o el fin de los donativos de las empresas a las formaciones políticas, la mayoría de las medidas, de tanto anunciarlas, suenan a antiguas y el propio Rajoy se abstuvo de citarlas en el pleno del Congreso. Es el caso de la parte que afecta a las fundaciones ligadas a los partidos, cuyas fuentes de financiación, en ocasiones sospechosas, ya se han ido acotando en la práctica por la vía del recorte: un 40% en lo que va de legislatura.

La relación de reformas entregada por el Gobierno incluye el principio de exigir una definición clara de las fundaciones o entidades vinculadas a los partidos o “dependientes de éstos” con el fin de fijar mejor sus funciones y responsabilidades. Pero el punto 28 de la misma lista alude a una medida que ya funciona, la de que se inscriban en el registro de partidos, algo obligatorio “para el acceso a subvenciones”.

También se fija la prohibición para que las fundaciones “reciban directa o indirectamente donaciones de organismos, empresas o entidades públicas” y que sus cuentas sean fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. La última es una práctica habitual desde 2007 para las más importantes (las del PP y el PSOE) y en el último informe sobre fundaciones emitido por el tribunal tampoco figuran ese tipo de aportaciones. O no las reciben o las declaran.

En fuentes de la principal fundación en activo, la FAES, que dirige José María Aznar, aseguran que no reciben otro dinero público que el aportado por los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores, tal y como consta en los datos aportados al Tribunal de Cuentas y en la auditoría interna que encargan a una empresa privada y publican en su web. FAES recibió del Estado en 2013 1,6 millones de euros.

El proyecto, aprobado por el Gobierno en febrero pasado, incluía unas nuevas obligaciones de transparencia para todas las fundaciones que FAES ya presume de cumplir.

El Ejecutivo ha incluido otras medidas contra la corrupción en su recetario que atienden más a la presentación de los escándalos más recientes que a cuestiones efectivas, como ocurre con las tarjetas de crédito para los gastos de representación. Parece un recurso preventivo, se prohíbe su uso directamente aunque, según el propio Gobierno, ningún alto cargo de la Administración central disfruta ahora de ese instrumento de pago.