Rajoy sacrifica a Mato para salvar su ofensiva de medidas contra la corrupción

Mariano Rajoy decidió la dimisión de Ana Mato pese a considerar “injusto” que el juez Ruz vuelva a citar a la ministra de Sanidad como beneficiaria de parte de los regalos de la red Gürtel a su exmarido y exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Aunque no esté imputada por delito alguno, el jefe del Ejecutivo admitió la salida del gabinete de Mato para no perjudicar su ofensiva legislativa contra la corrupción que encabeza personalmente en el Congreso con la defensa de dos proyectos de ley sobre la materia. El PP quiere dejar en evidencia los casos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por los ERE en Andalucía.

La primera reacción en el Ministerio de Sanidad consistió en quejarse de que el juez de la Audiencia Nacional insistiera en relacionar a su titular con las actividades presuntamente delictivas de su exmarido. No resultaba imputada por indicio de delito alguno, pero sí se apuntaba a su posible responsabilidad civil por haber disfrutado de billetes de avión o viajes que la Gürtel había facilitado a Sepúlveda. En la Moncloa no veían nada claro que el asunto se pudiera despachar con un comunicado sobre esa queja que el ministerio anunció, pero nunca vio la luz.

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Después de que los portavoces de la oposición empezaran a medio día a pedir su cabeza, Mato acudió por la tarde al Palacio de la Moncloa con el propósito de poner su cargo a disposición del presidente del Gobierno para no perjudicarlo, según dirigentes del PP próximos a la ministra.

El jefe del Ejecutivo ya la había respaldado y sostenido cuando apareció el caso de los regalos por considerar que era inocente y no tenía que hacerse responsable de las actividades de su exmarido. En fuentes populares reiteran que Rajoy y el PP siguen pensando lo mismo. Pero la cita en el Congreso es fundamental para el Gobierno y estaba solicitada por Mariano Rajoy para afrontar de una vez el goteo de casos de corrupción con una serie de medidas concretas para prevenir y combatir mejor el fenómeno. La presencia de Mato en el escaño azul del Gobierno estropeaba toda la puesta en escena de esa ofensiva.

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En fuentes del Grupo Popular apuntan que es imposible que Ruz no conociera la circunstancia de que dictaba el auto unas horas antes del pleno de la Cámara y, vistos los años que lleva el juez con la instrucción del caso Gürtel, se mostraban irritados con la fecha elegida. “Es un juez que siempre lo hace en viernes” o “es una encerrona en toda regla, porque sabía que al día siguiente Mato no podía ir al Congreso” comentaban en los mismos medios sobre los pasos del magistrado de la Audiencia Nacional.

En el Ejecutivo dieron vueltas a lo “injusto” que podía ser la salida de Mato del gabinete por los delitos que haya podido cometer su marido y sin estar siquiera imputada, pero concluyeron que no había otra salida que la dimisión. La ministra prefería no seguir en el cargo aunque Rajoy, habría querido mantenerla. Ya quedó desautorizada cuando el presidente del Gobierno encargó a Soraya Sáenz de Santamaría que coordinara la respuesta a la crisis del ébola.

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Rajoy no podía centrarse hoy en respaldar a Mato a la hora de defender sus medidas contra la corrupción, reconocen en fuentes del PP. Pero con la ministra fuera del Gobierno, sin embargo, Rajoy puede dejar en evidencia a Pedro Sánchez por su actitud condescendiente con los expresidentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, señalados por el caso de los ERE en Andalucía.

El secretario general de los socialistas ya no podrá pedir la dimisión o destitución de Ana Mato, pero Rajoy le podrá volver a preguntar por los expresidentes de la Junta de Andalucía, “preimputados” en el mayor escándalo de malversación de fondos públicos de la historia de la democracia. Ambos siguen en sus escaños, en el caso de Griñán en el Senado y en el de Chaves en el Congreso.

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El presidente del Congreso acudió a la Cámara Baja a defender dos proyectos de ley paralizados desde marzo pasado para intentar algún acuerdo con el PSOE sobre los mismos: uno sobre la actividad económico-financiera de los partidos que afecta a la ley de financiación de las formaciones políticas y al funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y otro el ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado.