Fernández Díaz vota a un francés para dirigir Frontex tras 'pasar' del español
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Fernández Díaz vota a un francés para dirigir Frontex tras 'pasar' del español

El comisario general de Extranjería de la Policía ha apoyado al candidato galo, que se ha impuesto por mayoría de dos tercios a la aspirante portuguesa

Foto: El ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
El ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE)

La delegación diplomática española no cabe en sí de asombro ante lo que ha ocurrido este miércoles en el Consejo de Administración de Frontex, la agencia de gestión de las fronteras de la Unión Europea. El comisario general de Extranjería de la Policía Nacional, Emilio Baos, ha apoyado al candidato francés, Fabrice Leggeri, que finalmente se ha impuesto por mayoría de dos tercios a la aspirante portuguesa y será el director del organismo durante los próximos cinco años.

El apoyo de Baos a Leggeri se produce por orden directa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que comprometió el voto de España ante su homólogo francés durante una reciente reunión informal del G6 en detrimento del aspirante español, Gil Arias. Este último había sido descartado por la comisaria Cecilia Malström, pero una veintena de países ­–gran parte de los que conforman el Foro de Salzburgo, Alemania y los nórdicos– se plantearon recurrir la eliminación de Arias y del aspirante austriaco, que había corrido la misma suerte que el español, por errores en el procedimiento.

Fernández Díaz nunca apoyó esta iniciativa del Foro de Salzburgo, a pesar de que beneficiaba al aspirante español. El movimiento para impugnar el proceso, sin embargo, fue finalmente desactivado por el propio Leggeri, que ofreció al austriaco un puesto como número dos a partir del próximo enero, fecha en la que finaliza el servicio Arias, comisario de Policía que ha subdirigido la política fronteriza de la UE durante los últimos ocho años.

Las fuentes consultadas vaticinan que la salida de Arias tendrá consecuencias negativas para los intereses de España, ya que hasta el momento nuestro país era el principal destinatario del montante económico que Frontex vertía sobre los distintos estados fronterizos. En concreto, España recibió el año pasado más de ocho millones de euros de los 110 millones de presupuesto con que contaba Frontex, que financiaba así los programas Hera, Indalo y Minerva, dirigidos por Policía y Guardia Civil y desarrollados con recursos y efectivos de la Unión Europea.

El futuro de estos programas se torna por lo tanto incierto, máxime después de que el comisario europeo de Inmigración, el sustituto de Malström, Dimitris Avramopoulos, dijera el martes que le preocupan “los informes que vienen de oenegés y medios de comunicación sobre las devoluciones en caliente de Ceuta, Melilla y Marruecos”. Como “guardián de los tratados”, dijo, no dudará “en dar los pasos necesarios si hay pruebas de que un Estado miembro ha violado la legislación europea”.

Se trata de la primera muestra, según las fuentes consultadas, de la escasa influencia que a partir de ahora tendrá España en la política de fronteras de la UE, sobre todo a partir de enero, cuando Arias abandone definitivamente el puesto. A su salida, además, se sumará la de Rafael Fernández-Pita, director general de Justicia e Interior en el Consejo de la UE, que se jubilará el próximo junio.

A partir de ese mes, España se quedará sin altos cargos en ninguno de los organismos de las carteras de justicia e interior de la Unión Europea –entre los que destacan, además de Frontex, las agencias Europol y Eurojust, que coordinan las investigaciones policiales y judiciales de las distintas fuerzas de seguridad de los estados–, lo que mermará considerablemente su capacidad de acceso a información sensible y, por lo tanto, de análisis sobre posibles riesgos y amenazas para el país.

Malström descartó a finales de octubre al candidato español en lo que fue interpretado como una maniobra para vengarse del ministro Fernández Díaz, que en marzo recriminó a la comisaria que criticara a la Guardia Civil tras la muerte de 15 personas en Ceuta un mes antes.

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