La querella contra Artur Mas, abocada al fracaso por la crisis de la Fiscalía

La crisis protagonizada por la Fiscalía debida a los distintos criterios para actuar contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, deja muy debilitada la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que debe ser el que decida en última instancia si hay suficiente base para abrir un procedimiento penal.

Las tensiones hechas públicas entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Cataluña serán vistas con recelo por los magistrados que deben decidir si imputan a Mas y finalmente le sientan en el banquillo de los acusados.

Que la Fiscalía presente una querella o no ya es secundario, porque el TSJC tiene encima de la mesa doce denuncias contra Mas. La actuación del Ministerio Público, de haber sido unánime y sólida, podría haber aportado más consistencia para que los magistrados dieran un paso al frente y abrieran un proceso judicial por la consulta catalana del 9-N.

Sin embargo, fuentes jurídicas explican que, ante el escenario en el que la mayoría de los fiscales catalanes no quieren actuar y que, de hacerlo, sería por una orden expresa y directa de Madrid, el TSJ de Cataluña no verá suficiente respaldo jurídico para la querella y, por tanto, podría decretar su inadmisión a trámite.

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Asimismo, el tribunal ya ha anunciado que dará traslado a la Fiscalía de Cataluña para que informe sobre la procedencia de admitir a trámite las denuncias presentadas. Ahora, el Ministerio Público debe decidir si informa con el criterio catalán o debe esperar a que llegue la orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

La querella convierte a Mas en víctima

Juristas de reconocido prestigio en Cataluña contrarios a la independencia catalana consideran que lo único que hace la querella contra Mas es convertirlo en una víctima del sistema. Creen que el dirigente ha actuado con inteligencia y no ha convocado la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, sino que la ha organizado como una ‘fiesta ciudadana’, sin ninguna consecuencia legal, lo que impide que se pueda actuar contra él por un delito de desobediencia, tal y como pretende Torres-Dulce.

El debate jurídico radica en si la colocación de las urnas y la apertura de colegios del pasado 9 de noviembre fue una actuación contraria al Tribunal Constitucional, que suspendió cautelarmente la celebración de una consulta soberanista. Para algunos juristas la desobediencia es clara, mientras que para otros no lo es tanto porque la jurisprudencia señala que para que exista un delito de desobediencia tiene que haber un aviso de que dicha actuación puede ser delictiva.

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Esta tesis pone la pelota en el tejado del propio Tribunal Constitucional. Es más, fuentes fiscales ya pusieron en duda la resolución por la que se suspendía la consulta alternativa convocada por Mas, después de la prohibición de la primera, al no dejar constancia expresa de que, de incumplirse, se podría incurrir en una responsabilidad penal.

Fuentes próximas a estos hechos señalan que al final se ha querido dejar toda la responsabilidad contra Mas en un grupo de fiscales catalanes cuando políticamente el Gobierno dejó moverse al president, el TC no fue tajante con su resolución y la Fiscalía General no actuó cuando ya se estaban realizando todos los preparativos.

El TSJC no le investigó por desobediencia

Al final, la última palabra la tiene el TSJC, que, ya en marzo, cuando estaba en plena ebullición la consulta catalana, rechazó investigar a Mas por los delitos de desobediencia, rebelión y sedición, tras una querella interpuesta por Manos Limpias. En ese momento, la Sala de lo Civil y Penal del tribunal catalán explicaba que la actuación del president en relación con la consulta soberanista, “además de tener un contenido netamente político y no resolutivo”, se orientaba a conseguir la autorización del Estado para poder convocar el referéndum, cuestión que todavía no se había resuelto.

El tribunal entendía que “no puede suponer delito alguno” la previsión de una partida en los Presupuestos de la Generalitat de 2014 para la eventual realización de la consulta o referéndum, cuya autorización “expresamente se ha solicitado al Estado”.

En este sentido, el TSJC entendía que no podía haber desobediencia porque Mas esperaba que las Cortes españolas modificaran la Constitución para que pudiera realizar un referéndum. Finalmente, eso no ocurrió y la consulta no fue aceptada por el TC. Sin embargo, Mas tampoco ha realizado un referéndum porque el acto del 9-N no ha tenido ninguna consecuencia legal, así que para algunas fuentes jurídicas es discutible que se haya producido esa desobediencia.

El tribunal también rechazaba la sedición o la rebelión porque Mas no ha convocado actos violentos para conseguir la independencia y, por tanto, se trata de un “delito imaginario” de la acusación, un rechazo, por cierto, apoyado por la Fiscalía.

Sin embargo, la postura de la Fiscalía de Cataluña no es unánime en toda la carrera fiscal. Hoy, la Junta de Fiscales, formada por la élite de los representantes del Ministerio Público, deberá decidir si apoyan a su superior. Diversas fuentes sostienen que algunos de sus componentes ya han mostrado su pleno rechazo a la postura de sus compañeros catalanes, aunque habrá que esperar a ver que resuelven la mayoría de los 25 convocados.

Según estas fuentes, es doctrina consolidada que la Junta de Fiscales apoye la postura del fiscal general, quien en este caso ha decidido convocarla tras la negativa de la Fiscalía catalana de acatar sus órdenes. Sin embargo, defender la tesis de Torres-Dulce es dejar en entredicho a todo el Ministerio Público catalán, en un momento en el que la dimisión del fiscal general ya sobrevuela por diversos ambientes.