España se quedará sin altos cargos en asuntos de Justicia e Interior en la UE

La influencia de España en la Unión Europea pinta cada vez peor. Al menos en la Dirección General de Justicia e Interior (DG Justice and DG Home Affairs), una de las más sensibles de la estructura de la Comisión, donde en junio del próximo año no habrá ningún representante del Gobierno en puestos relevantes, algo que deja al país sin ojos ni oídos en una cartera especialmente importante para los intereses españoles.

En concreto, actualmente hay dos funcionarios que ocupan cargos de dirección o subdirección ­–con capacidad de tomar decisiones– en el citado departamento. Se trata de Rafael Fernández-Pita y de Gil Arias Fernández. El primero, director general de Justicia e Interior en el Consejo de la UE. El segundo, número dos de la agencia de gestión de las fronteras Frontex. Sin embargo, ambos dejarán de desempeñar sus actuales funciones en los próximos meses.

Fernández-Pita, diplomático, se jubilará en junio de 2015, mientras Arias Fernández –comisario de Policía– terminará su contrato el próximo enero, fecha en la que previsiblemente volverá a España para desempeñar su antiguo cargo, ya que actualmente se encuentra en servicios especiales.

La salida de estos dos representantes españoles se tornará especialmente relevante para los intereses de España, según han explicado fuentes diplomáticas consultadas por El Confidencial. La ausencia de personas de confianza en estos puestos limitará el acceso del Gobierno a información sensible relacionada con asuntos trascendentales para sus intereses, como todo lo relativo a la seguridad y a los pasos fronterizos, donde España ha jugado un papel muy importante en el diseño de las líneas de actuación en los últimos ocho años.

La salida de Arias Fernández de Frontex, de hecho, está siendo la más polémica, ya que el español fue eliminado de la terna en el último momento por la comisaria Cecilia Malström junto al candidato austriaco. La ‘jugada’ fue interpretada en los medios españoles como una revancha de Malström contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que criticó duramente las acusaciones de la comisaria a los guardias civiles tras los incidentes del pasado 6 de febrero en Ceuta, donde murieron 15 inmigrantes.

Sin embargo, aún no está todo dicho en el tema del descarte de Arias Fernández, ya que una veintena de países ­de la UE –entre ellos, gran parte del Foro de Salzburgo, Alemania y los nórdicos– se plantean impugnar el procedimiento por el que Malström eligió a dos candidatos. La queja vendría porque la comisaria tenía que haber elegido a tres finalistas, y no solo a dos, y porque uno de ellos pudo no presentar la documentación como manda la normativa.

El Ministerio del Interior no se ha pronunciado todavía públicamente sobre si apoya o no esta impugnación. Fuentes del departamento dirigido por Fernández Díaz aseguran que han respaldado en todo momento la candidatura de Arias Fernández. Sin embargo, otras fuentes diplomáticas cuentan que el ministro ha comprometido su voto ­–en una reunión informal en el G6– con su homólogo francés para secundar al aspirante galo.

Tras la información publicada el pasado sábado por El Confidencial, fuentes del Ministerio del Interior aseguran estar trabajando en la adhesión promovida por el Foro de Salzburgo, pero matizan que aún no hay nada decidido. Los tiempos, por otro lado, están muy ajustados para que el Gobierno aún no tenga una estrategia definida y así lo entienden las fuentes diplomáticas consultadas. No en vano el próximo 25 de noviembre el Consejo de Administración de Frontex vota al próximo director de la agencia.

Además de Frontex, la Dirección General de Justicia e Interior de la Comisión Europea incluye también la gestión de otras agencias operativas como Europol, que coordina la cooperación entre las fuerzas de seguridad de todos los países miembros y resulta de vital importancia para el desarrollo de numerosas actuaciones tanto de la Policía como de la Guardia Civil, o Eurojust, que pone los medios para mejorar la coordinación entre organismos judiciales contra crímenes que traspasan fronteras.