La falta de indicios contra Pujol bloquea la investigación por la herencia sospechosa

La investigación judicial al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, por la herencia sospechosa que él mismo confesó el pasado mes de julio está bloqueada por falta de pruebas y de indicios de delito contra ambos. Por ahora, la única vía para obtener información es que Andorra y Suiza remitieran datos sobre posibles cuentas del matrimonio y las transferencias, ingresos en efectivo y salidas que se hubiesen realizado desde estas.

Este es a día de hoy el único camino para que la juez de instrucción número 31 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción encuentren las pruebas que andan buscando. Sin embargo, las autoridades de ambos países ya han advertido a la magistrada de que su requerimiento es incompleto porque no se especifican ni los posibles delitos cometidos por el matrimonio, ni los hechos, ni la fecha de la comisión.

Sin esos datos, la Justicia del pequeño principado y del país helvético ya ha anunciado que no va a entregar la documentación requerida. A principios de octubre, la juez de Barcelona pidió a Anticorrupción que en un plazo de tres días le facilitara la información que pedía Andorra, y que después solicitó Suiza. Sin embargo, ha pasado más de un mes y no ha habido respuesta.

Según fuentes de la investigación consultadas por El Confidencial, por ahora el Ministerio Público no va a atender a la providencia notificada hace ya un mes y medio porque no se dispone por ahora de esa información. Es decir, la Policía sospecha que detrás de la herencia que el padre de Pujol le dejó y que el expresidente catalán repartió entre su mujer y sus hijos –y que no declararon a Hacienda durante décadas, hasta este verano, cuando regularizaron su situación– se encuentra en realidad una auténtica organización criminal liderada por el matrimonio, centrada en el cobro de comisiones ilegales a empresarios a cambio de adjudicaciones concedidas por la Generalitat.

Sospechassin pruebas

Ni la Policía ni la Fiscalía creen verosímil la versión que dio Pujol en su confesión de que se trata de una herencia de su padre que habían estado guardando en Andorra. Sin embargo, a la vista del silencio del Ministerio Público por ahora los investigadores sólo cuentan con meras sospechas pero sin indicios reales.

Aunque Pujol haya asegurado que no tiene cuentas en Andorra, Policía, Fiscalía y juez sospechan que en el país vecino pueda estar ocultando dinero procedente de actos delictivos en cuentas a su nombre o de testaferros. Sin embargo, la única manera de saberlo es que sus autoridades colaboren con las españolas para entregar esa información, algo que por ahora no es posible por no cumplir los requisitos exigidos en los convenios de colaboración.

Para que Andorra, o en su caso Suiza, pueda entregar la documentación requerida por parte de Juzgado número 31 de Barcelona tiene que haber indicios de un delito que no sea el fiscal porque en estos países no está regulado como delito y por tanto no se cumple el requisito de doble incriminación.

La única opción para que se dé el visto bueno a la comisión rogatoria es que la instructora sea capaz de presentar indicios por algún otro delito relacionado con la corrupción, como el cohecho, prevaricación o malversación de caudales públicos. Pero para eso tiene que encontrar expedientes manipulados para la concesión de adjudicaciones públicas, la confesión de algún funcionario público que haya sido obligado a conceder un contrato a favor de alguna empresa concreta, o el testimonio de algún empresario que haya entregado dinero a Pujol o su esposa a cambio de un trato de favor por parte del Gobierno catalán.

Nadie confiesa contra el clan Pujol

Por ahora nadie ha aportado ninguna prueba contra el matrimonio que indique que pudieran cobrar esas comisiones que luego serían ingresadas en cuentas en el extranjero, principalmente en Andorra, y que pudiera ayudar a la juez a fundamentar la comisión rogatoria. Precisamente, en otra causa que se investiga a uno de sus hijos, Jordi Pujol Ferrusola, también por presuntamente cobrar comisiones ilegales por parte de empresarios, ninguno de estos declaró en su contra ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Es más, lo siete empresarios que fueron interrogados en calidad de imputados aseguraron que las facturas que se pagaron al primogénito del expresidente catalán fueron como resultado de trabajos reales de intermediación y gestión.Testigos de esta causa no fueron tan claros como los imputados. Varios de ellos sostuvieron ante el juez que nunca trataron con Pujol Ferrusola, aunque alguna de sus empresas facturara por un trabajo de intermediación si bien tampoco nadie habló del pago de comisiones.