Uranio: entre la esperanza y el temor

En el Campo Charro de Salamanca las vacas, toros de lidia y cerdos ibéricos pacen entre encinas a ambos lados de la carretera sin apenas prestar atención a los pocos coches que pasan a su altura. Sobre todos ellos, mecidos por el viento, sobrevuelan cigüeñas negras y buitres leonados. Nada rompe la calma en este escenario bucólico incluido en el programa de Red Natura 2000 -Una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad-. Ni siquiera los vecinos del pueblo más próximo a la zona se dejan oír por sus calles. Retortillo recuerda a un pueblo fantasma; a uno de los cientos de pueblos que van quedando abandonados por la comarca, pero no lo es. Hay más de 250 personas censadas y cinco de ellas charlan en el bar. Conversan distendidamente hasta que una pregunta devuelve el silencio al ambiente: ¿Qué opinan ustedes sobre la mina de uranio?

Las miradas se hunden en los vasos dispuestos por la barra, mientras que el camarero niega con la cabeza y expone firmemente: “Aquí no se habla de la mina”. Los otros cuatro hombres se miran entre ellos, hasta que uno se atreve a puntualizar: “Si se abre bien, y si no, también”.

En las calles de Boada no se respira la misma tensión que en la población vecina. En uno de los caminos que comunican con el pueblo está Juan Matías Garzón, alcalde del municipio, ayudando en las tareas de restauración del asfalto. “La mina a cielo abierto nos preocupó desde el principio”, comenta. Antes de firmar ningún documento con la empresa, decidió consultar con un experto independiente e informar a los vecinos sobre las externalidades positivas y negativas que podría traer la apertura de la mina. Después de dar una conferencia se realizó un referéndum. El resultado fue aplastante en contra de la apertura: 98% para el no.

Javier Santamartina, alcalde de Retortillo, admite un posible fallo “inconsciente” en la balanza de información que se dio a los vecinos. No se realizó ningún referéndum y sí se firmó el acuerdo con la empresa australiana. “Ahora mismo no sé si compensa o no, pero hay que adaptarse. La Ley es la que es”.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, que en un principio también estampó su firma en el acuerdo inicial, ha decidido paralizar el procedimiento administrativo para la autorización de la instalación por algunos “errores de bulto observados en el proyecto”, comenta José Rodríguez, su alcalde.

Permiso de las administraciones

La plataforma Stop Uranio lleva haciendo campañas de protesta y concienciación desde que se conoció el proyecto para abrir una mina de uranio en la zona. Hasta el momento han reunido más de 100.000 firmas de apoyo por parte de ciudadanos de los alrededores. “Estamos cada vez más fuertes, porque la gente va entendiendo el problema”, indica José Luis Moreno, presidente de la plataforma y técnico de medio ambiente.

Pero dentro de todo este escenario desolador, lo que les provoca más desconfianza y temor a los miembros de esta plataforma son las administraciones. “El poder aliado a esta empresa”, especifican.

En abril de este mismo año, la Junta de Catilla y León concedió todos los permisos necesarios para la apertura de la mina. Y meses antes, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitió un informe de Impacto Ambiental favorable. “Pero que las administraciones digan que no hay riesgo es muy discutible”, comenta el presidente de Stop Uranio, arguyendo que existen leyes europeas que salvaguardan la zona y que luego no se tienen en cuenta. Directivas como las que protegen las zonas dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).

Cesar Ayllón quien fue director general, director facultativo y consejero delegado de Berkeley en España durante poco más de un año -hasta el momento en que empezó a ver ciertas irregularidades en las actuaciones de su empresa- confiesa que le sorprende la estructura del Estudio de Impacto Ambiental que se realizó. Lo define como “erróneo”, “permisivo” y “desleal” hacia otras empresas mineras que dentro de las zonas de Red Natura 2000 se ven sometidas a exigencias muy fuertes, que no se daban en este caso.

Para el ex consejero delegado de la minera australiana esa laxitud forma parte del conjunto de facilidades que ha tenido Berkeley Resources desde el principio. “No me explico cómo una empresa tan pequeña, con gente poco experimentada en el uranio y poco personal pueda obtener un proyecto de esta envergadura”, reflexiona, “Lo que no quiere decir que una empresa no tenga derecho a crecer”. Pero Ayllón apunta un poco más lejos para encontrar los motivos. Señala una “privatización encubierta” de los activos del Estado que no solo afectaría a Retortillo. “Se centran ahí, pero en realidad están interesados en Alameda de Gardón, donde se encuentran las mayores reservas”, indica.

José Luis Moreno, de Stop Uranio, está convencido de que la empresa minera oculta sus intenciones reales para el futuro de la mina, que pasarían por un “plan especulativo” a largo plazo. “Berkeley no es una empresa de servicios. Solo quiere obtener los permisos para venderlos al mejor postor en el momento en que se produzca una demanda alta de uranio”, manifiesta.

Salud y empleo

Justo a la puerta del ayuntamiento de Retortillo permanece instalada la oficina de la empresa de trabajo temporal Adecco, donde todo el que esté interesado puede acercarse para entregar su currículum vitae y así optar a una de las 200 vacantes que Berkeley tiene ofertadas. La entrada en producción de la mina está prevista para 2014 y, por el momento, solo en la web hay ya más de 3200 candidatos. La oferta lleva en vigor tres años, desde que se inició el proceso de selección, tiempo antes de que la minera obtuviera los permisos de apertura por parte de la Junta. “Algo inmoral. Una farsa”, así define la situación César Ayllón, quien denunció ante la Inspección de Trabajo de Salamanca esta “oferta falsa de empleo” que juega con la “ilusión de la gente”.

A día de hoy, finales de 2014, según Javier Santamartina, alcalde de Retortillo, hay 10 empleados contratados. Una cifra muy alejada de los 200 requeridos en un principio. “Por entonces las cifras estaban muy en el aire”, declara el edil, “y diez personas ya es un número muy importante para este pueblo”.

Para la plataforma Stop Uranio no es casual que empresas de este tipo se acerquen a poblaciones envejecidas y con altas tasa de paro para mostrar sus proyectos como si fuesen “el maná” que fuera a solucionar todos los problemas económicos del pueblo. “Se han aprovechado del tema de la crisis y los contratos laborales para ganarse el favor de los vecinos”, explican, “Pero a la larga generará más paro del que hay ahora mismo”.

“Las administraciones están cerradas a dar información con exactitud sobre temas de salud y uranio”, comenta Matías Garzón, alcalde de Boada”, “pero existen datos sobe el cáncer que debemos tener en cuenta”.

Con estos datos sobre la mesa son muchos los que se han unido a las manifestaciones en contra del proyecto de Berkeley. Como comenta César Ayllón, “Es imposible abrir una mina con la oposición de la población local, por muchos permisos que se tengan”. Pero la actividad de la minera, y las especulaciones que se han producido a su alrededor, han provocado un clima de tensión que se traduce en enfrentamientos silenciosos y división entre los vecinos de los tres pueblos, e incluso entre familiares, entre los que ven por un lado cómo sus inquietudes laborales pueden verse solventadas y los que, por otro, ven cómo su pueblo y su salud están amenazados. Un nerviosismo que pone a los alcaldes como punta de lanza.

Vuelta al comienzo

Entre este clima de tensión la actividad en los ayuntamientos de los municipios afectados no cesa. José Rodríguez, alcalde de Villavieja de Yeltes, alegó unos días atrás ante la Comisión Territorial de Urbanismo que el proyecto, que vio con buenos ojos en un principio, tenía un fin “meramente extractivo”, mientras que ahora, según ha ido apareciendo más información, se pasa a hablar también de un “propósito industrial” para la transformación del uranio, por lo que no se trata del mismo proyecto.

Finalmente, esta comisión acordaba devolver a los ayuntamientos firmantes el proyecto de Berkeley en el que solicitaba autorización excepcional de uso en suelo rústico para las instalaciones de las minas de uranio a cielo abierto. Esta noticia ha supuesto una satisfacción personal para el edil de Villavieja de Yeltes, que en el hipotético caso de haber recibido una noticia diferente, afirma que hubiese sentido un “desengaño total” con el Estado de Derecho.

A escasos kilómetros de allí, en el ayuntamiento de Retortillo la noticia se ha recibido “sin alegrías ni tristezas”. Aunque con toda la información sobre la mesa, Javier Santamartina califica de “chapuza” el proyecto anterior de la minera, a la que hace responsable de todos los problemas habidos. Ahora, espera a que la empresa dé un nuevo paso; pero admite que “después de los líos, habrá que estar más atentos”.

En la plataforma Stop Uranio se considera un éxito que la Junta de Castilla y León haya considerado sus afirmaciones sobre Berkeley, y que ésta deba volver a la línea de salida.

Un nuevo comienzo que acarreará más informes, más documentación, más revisiones y reuniones para estos pequeños ayuntamientos que se ven “incapaces” de absorber y analizar tanta información. “Si no hubiese venido el tema de la mina, todos estaríamos más tranquilos”, confiesa Javier Santamartina, edil de Retortillo.