propiedad privada vs. naturaleza

‘Mini algarrobicos’: ruta por construcciones bajo sospecha de empresarios y políticos

Los casos de las fincas Valleleor y Cabañeros no son los únicos. Existen otros ‘mini algarrobicos’ de empresarios y políticos que atentan contra el medio ambiente

Foto: Obras en la finca de Alejandro Aznar, que se encuentra dentro del Parque Nacional de Cabañeros. (Foto: Ecologistas en Acción)
Obras en la finca de Alejandro Aznar, que se encuentra dentro del Parque Nacional de Cabañeros. (Foto: Ecologistas en Acción)

En el lapso de una semana el Parque Nacional de Cabañeros ha cobrado especial relevancia en la prensa digital y no precisamente por sus parajes naturales. Sendas construcciones realizadas en las fincas de dos importantes empresarios, el financiero Alberto Cortina y el naviero Alejandro Aznar -presidente este último de Ibaizabal y de las bodegas Marqués de Riscal, esposo de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol- han sido objeto de denuncia por parte de agentes medioambientales y organizaciones ecologistas.

En la finca Valleleor -propiedad de Cortina y especializada en organizar monterías-, se levantó hace unas semanas un vallado perimetral que se adentraba a lo largo de un kilómetro en terrenos del Parque Nacional. Para realizar dicho vallado, que no contaba con el permiso del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) ni con licencia urbanística municipal -según ha reconocido el alcalde de Hontanar-, fue necesario desbrozar la vegetación en una zona del espacio protegido de gran valor botánico.

Tramo del vallado de Valleleor que se adentra en el PN de Cabañeros. (EeA)
Tramo del vallado de Valleleor que se adentra en el PN de Cabañeros. (EeA)

Por otra parte, en la finca Cabañeros, que ocupa una extensión de 7.000 hectáreas y es propiedad del naviero vasco, se han llevado a cabo importantes reformas urbanísticas. Amparándose en la normativa que permite realizar mejoras de las obras existentes que se ubiquen dentro del Parque, la vivienda ha sido derruida y se ha construido otra de mayor porte en el mismo lugar. También se ha realizado un nuevo camino de entrada a la casa de 7 metros de ancho -“prácticamente una carretera”, afirma Miguel Ángel Hernández, coordinador de Ecologistas En Acción en Castilla-La Mancha- que discurre en su mayor parte por la Cañada Real Segoviana, una vía pecuaria de titularidad pública.

Según publica eldiario.es, Alejandro Aznar es también propietario de una cancha de polo de 4 hectáreas en su finca La Montana, en pleno Parque Regional del Río Guadarrama. En la parcela -que acumula varias denuncias por vallados ilegales, uso de jaulas trampa y corte de vías pecuarias y arroyos- se celebra el torneo anual Abierto Aznar, del cual la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid reconoce no haber recibido "ninguna petición por parte del dueño para la organización de tal torneo".

Los denunciantes acusan al propietario de Cabañeros de incumplir la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales y la Ley 33/1995, de 20 de noviembre de 1995, de declaración del Parque Nacional de Cabañeros. Desde el Ayuntamiento de Alcoba de los Montes se niegan a confirmar o desmentir a El Confidencial si las obras se han realizado con los permisos urbanísticos pertinentes. “En ambos casos las administraciones no han actuado correctamente en sus labores de vigilancia”, considera Hernández.

El tercer acceso (nuevo) a la vivienda de la finca Cabañeros. (EeA)
El tercer acceso (nuevo) a la vivienda de la finca Cabañeros. (EeA)

Pero las fincas Valleleor y Cabañeros no son los únicos casos. Existen otros ‘mini algarrobicos’ acusados de atentar contra las normas de urbanismo y medio ambiente y que afectan directamente a importantes empresarios, celebrities y hasta a un presidente autonómico. El Confidencial ha recopilado algunos de los más sonados:

Bastarás, S.A.

El conocido como 'rey del carbón', el empresario leonés Victorino Alonso, está acusado de haber destruido presuntamente en 2009 el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, en Bastarás (Huesca), considerado como el segundo más importante de la época en España. Así lo atestigua ante el juez un extrabajador de la finca. Fimbas SA, una de las muchas empresas de Alonso, compró todo el término municipal de Bastarás en los años 70 y lo convirtió en un gran coto privado de caza que se ubica dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Se valló la propiedad -de unos 20 kilómetros de perímetro-, saltándose cauces de ríos, caminos, zonas de servidumbre y monte público. Se introdujo especies de caza foráneas, lo que motivó una sanción del Gobierno de Aragón de 30.000 euros y el cierre cautelar del coto.

Entrada a la Cueva de Chaves.
Entrada a la Cueva de Chaves.

La Universidad de Zaragoza y el Museo de Huesca desarrollaban de manera conjunta campañas de excavación en la Cueva de Chaves. El responsable del proyecto, Vicente Baldelleu, descubrió en una de sus visitas, en marzo de 2009, que la empresa propietaria del terreno introdujo máquinas en la cueva y extrajo 7.000 metros cúbicos de tierra, lo que a juicio de Baldelleu provocó "daños incalculables" en el yacimiento. El Gobierno de Aragón, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y Ecologistas en Acción denunciaron los hechos. El mes pasado el juez cerró la instrucción mediante un auto en el que mantenía la imputación de Alonso por "presunto delito contra el patrimonio histórico". La destrucción de los sedimentos arqueológicos tiene un valor calculado de 14 millones de euros.

La casa de aperos del presidente de la Rioja

180 metros cuadrados distribuidos en dos plantas más jardín, garaje y piscina. Así es la “caseta de aperos de labranza” que Pedro Sanz (PP) posee en el término municipal de Villamediana de Iregua, a 8 kilómetros de la capital riojana. La finca de Sanz, que se ubica en terreno rústico no urbanizable, ha sido criticada de forma recurrente por los partidos de la oposición (haga clic para ver los resúmenes realizados por PSOE [1 y 2]  y Partido Riojano) debido a la transformación que ha efectuado en los últimos años.

El portón de entrada a la 'caseta de aperos' de Pedro Sanz.
El portón de entrada a la 'caseta de aperos' de Pedro Sanz.

Gracias a cinco licencias solicitadas por Sanz al Ayuntamiento para realizar reformas puntuales, la construcción del presidente riojano pasó de ser una caseta de aperos a un verdadero chalet. El arquitecto municipal de Villamediana realizó una inspección a la finca en abril de 2013 y concluyó en un informe que “las obras ejecutadas no se ajustan a las condiciones establecidas en la licencia concedida”, que “no son legalizables” y que “constituirían una infracción urbanística grave”.

Sanz llegó a presentar tres facturas de un total de 12.000 euros para justificar el coste de las obras emprendidas en su vivienda de fin de semana. “Todo el mundo sabe que esas obras por menos de 100.000 euros no se hacen”, afirma Rubén Gil, diputado autonómico del Partido Riojano.

El alcalde de Villamediana de Iregua, Tomás Santolaya (PP), decidió modificar el Plan General de Urbanismo poco después de las revelaciones destapadas por Interviú para incluir en él el sector donde se ubica la residencia de Sanz. La alteración del plan supondrá un coste adicional de 4,6 millones de euros que deberán pagar los dueños de las fincas afectadas y en menor medida, los vecinos de Villamediana. Para el PSOE este cambio supone ‘de facto’ blanquear la vivienda del presidente autonómico. En la actualidad el nuevo PGOU de Villamediana se encuentra a la espera de ser refrendado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. El caso, que ha recaído en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Logroño, continúa pendiente de resolución judicial.

Baleares, las celebrities y el medio ambiente

La piscina de Pedrojota. Y también la de Ana Obregón y Carlos Sáinz, entre otros. El periodista compró la propiedad, en el paraje mallorquín conocido como Costa de los Pinos, a la viuda del escritor Joaquín Calvo-Sotelo. La vivienda disponía de una piscina desde 1974. Pero la viuda dejó de pagar el canon y la concesión expiró.

Pedrojota quiso entonces renovar el permiso y ampliar el espacio en un área que el Alto Tribunal acabó considerando “zona de dominio público marítimo terrestre”. A partir de ahí comenzó un pleito judicial y mediático que se prolongó a lo largo de una década y durante el cual se produjeron movilizaciones de partidarios y detractores de la titularidad privada del litoral. En mitad del litigio, el diputado de ERC Joan Puig llegó a "asaltar" la piscina accediendo a ella por mar y con el carné de parlamentario en la boca para reivindicar el incumplimiento de la Ley de Costas. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia de 2009 de la Audiencia Nacional y dio carpetazo en noviembre de 2013 al largo contencioso que enfrentaba al entonces director de El Mundo con la izquierda balear y el Lobby per la Indepedència.

Una isla privada en Ibiza. El constructor alemán Matthias Kühn, fundador de la firma Kühn & Partner –dedicada a la venta de mansiones de lujo– y marido de Norma Duval, es además propietario de Tagomago, una isla privada próxima a Ibiza. El empresario explota la propiedad alquilándola por completo a terceros. Para ello, el empresario construyó un embarcadero, realizó reformas en su vivienda, que se ubica en el centro del islote, y levantó un 'beach club'. Agentes medioambientales denunciaron en 2009 todas las edificaciones al considerar que se habían realizado en unos terrenos de máxima protección (Red Natura 2000, Área Natural de Especial Interés, Área de Alto Nivel de Protección, Lugar de Interés Comunitario, Zona Especial de Protección de Aves), y  tres diputados de la coalición Més se sumaron a la denuncia, que ha recaído sobre el juzgado de instrucción número dos de Ibiza.

Vista desde uno de los espacios del Tagomago Beach Club.
Vista desde uno de los espacios del Tagomago Beach Club.

David Abril, uno de los tres denunciantes de Més, estima que el Gobierno balear ha incurrido en tratos de favor. Afirma que Kühn solicitó a la Conselleria de Medi Ambient el permiso del 'beach club' cuando éste ya estaba construido, y que la Conselleria le denegó la autorización en 2010. Sin embargo, cuatro años más tarde, Kühn solicitó permiso, esta vez para una ampliación del establecimiento, y el subcomité de la Red Natura 2000 emitió en mayo de este año un informe favorable al ensanche. “En Tagomago –considera Abril– si ya es el colmo que una isla altamente protegida mediambientalmente haya sido privatizada, se están llevando a cabo actividades que son incompatibles con el entorno natural”. Y pone de ejemplo los yates que constantemente fondean frente al 'beach club', el alquiler de motos acuáticas y el ir y venir del helicóptero del propietario, consecuencia de la explotación comercial y turística de un espacio protegido.

Otro compatriota de Kühn, el tenista alemán Boris Becker, tuvo que abonar 498.000 euros repartidos en dos multas por realizar obras mayores a lo estipulado en las licencias y por realizar otras directamente sin permiso. Además, el deportista tuvo que demoler parte de esas obras, que se llevaron a cabo en su finca de 27 hectáreas en Artà (Mallorca).

Son Coll, finca de Boris Becker en Artà.
Son Coll, finca de Boris Becker en Artà.
"Ley a la carta" para El Bulli Foundation

El chef Ferran Adrià presentó a la Generalitat de Cataluña un proyecto de ampliación de El Bulli de 3.100 metros cuadrados en Cala Montjoi, en pleno Parque Natural del Cabo de Creus, lo que ha motivado la movilización de prácticamente todo el movimiento ecologista de Cataluña. Una petición colectiva dirigida al Parlament y coordinada a través de Change.org (‘Salvemos el Parque Natural Cap de Creus. No a una ley a medida para que edifique Ferran Adrià’) ha conseguido más de 90.000 firmas. Como el futuro Bulli Foundation no cumple con la normativa vigente al tratarse de una construcción en terrenos naturales protegidos, si la Generalitat permite el proyecto se verá obligada a otorgar un permiso "a la carta", según denuncian distintas asociaciones ecologistas.

Todos los ejemplos anteriores no son sino una pequeña muestra del número de casos que salpican la actualidad mediática. A ellos se puede sumar

La vivienda ilegal del exdirector general de Energía de la Junta de Andalucía, Luciano González, que dimitió un día después de que El Confidencial destapase los hechos. El chalet con piscina en terreno no urbanizable del diputado y alcalde de Montilla (Córdoba), Federico Cabello de Alba, dentro del término municipal de la localidad de la que es regidor... Construcciones bajo sospecha de incumplir la normativa, ejemplos de 'mini algarrobicos'. 

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