Un caso grave de corrupción se paraliza dos años porque no hay escáner en el juzgado

El episodio es digno de una comedia negra de Luis García Berlanga o de una pesadilla kafkiana. Pero es tan real como el colapso que sufren cientos de juzgados en toda España por la falta de medios materiales y humanos o la sobrecarga de trabajo, que en muchos casos entorpecen la instrucción de complejos sumarios de corrupción. Un juez de La Laguna (Tenerife) imputó el pasado martescuatro delitos al candidato de Coalición Canaria (CC) al Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, entre ellos los de prevaricación y tráfico de influencias. Pero la investigación se ha retrasado más de dos años por la falta de un escáner en el juzgado con el que digitalizar los autos.

Y no solo eso. A día de hoy, "queda pendiente de escaneado los más de 80.000 documentos incautados en los registros domiciliarios y los expedientes administrativos que componen las piezas de convicción de los hechos objeto de este procedimiento", según señala en el auto de imputación el propio juez instructor, César Romero. Una de las ramificaciones del voluminoso sumario, dividido en varias piezas separadas, investiga la concesión de ayudas al alquiler a vecinos del barrio de Las Chumberas, en el municipio de La Laguna, del que Clavijo es alcalde, durante su etapa como concejal de Urbanismo, cuando la alcaldesa era Ana Oramas, actual portavoz de CC en el Congreso.

En su auto, el juez Romero vierte una demoledora crítica contra el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno canario porque la falta de un simple escáner ha retrasado más de dos años el levantamiento del secreto de sumario y la notificación del mismo a las partes. "Desde junio de 2012 constan en las actuaciones hasta nueve peticiones escritas dirigidas a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canariasa fin de que se dotase a este juzgado de un simple escáner de manera permanente hasta finalizar la diligencia de escaneado", asegura Romero, que también preguntó si "por el contrario, la dotación del escáner iba a ser temporal, dado que solo había uno compartido para toda la provincia de Tenerife".

El juez relata cómo el 27 de julio de 2012 llamó por teléfono al director general de Relaciones con la Administración de Justicia para urgir el envío del escáner al Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna ante "la imposibilidad de trasladar la ingente documentación al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, donde parece que existe un escáner". Pero la secretaria de aquél manifestó que "no era motivo suficiente para molestar al ilustrísimo director general".

"Si no se ha procedido al alzado del secreto de las actuaciones hace más de dos años -allá por julio de 2012-, y por ende a ponerla en conocimiento de los imputados y avanzar en la instrucción", prosigue Romero, "no es por causa imputable al juzgado, sino pura y simplemente porque la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia no accedió a dotar a este juzgado de los medios que se consideran básicos en el siglo XXI para desarrollar la labor jurisdiccional, en una causa en que una de sus piezas separadas está relacionada con la corrupción y otra tiene por objeto diversos fraudes a la Seguridad Social por valor superior a cuatro millones de euros".

Precisamente la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el CGPJ por la sobrecarga de trabajo y la falta de mediosque sufren los juzgados. Según la denuncia de JpD, más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150% la carga de trabajo fijada por el CGPJ. Su portavoz, Joaquim Bosch, recordó incluso el caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, fallecido en julio del pasado año en su despacho tras sufrir un infarto.