ENTREVISTA AL FISCAL SUPERIOR DE ANDALUCÍA

“Seguiremos perdiendo la batalla contra la corrupción por la pasividad política”

"Pese a la movilización social, si no adoptamos las soluciones adecuadas, aparecerán otras formas de corrupción", asegura Jesús García Calderón

Foto: Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía. (Foto: García Hinchado)
Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía. (Foto: García Hinchado)

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha alertado del fracaso de la lucha contra la corrupción a pesar de la proliferación de procesos judiciales de estos días. Esa apariencia de depuración es insuficiente, sin embargo, ya que, a su juicio, si no se adoptan profundas reformas legislativas y penales la corrupción en España seguirá siendo una constante. “Pese a la movilización social y la indignación creciente, si no adoptamos las soluciones adecuadas, quizá podremos vencer a éstas, pero aparecerán otras formas de corrupción tan peligrosas como las actuales y seguiremos perdiendo esta batalla que parece interminable”, afirma en una entrevista con El Confidencial García Calderón, uno de los mayores expertos en corrupción política por los casos que ha tenido que afrontar tanto en Andalucía como en Galicia, su anterior destino.

Cada vez que, como en la actualidad, la alarma social se eleva por la proliferación de procesos judiciales que destapan numerosos casos de corrupción, la respuesta política habitual consiste, esencialmente, en el anuncio de un paquete de medidas legislativas tendentes al incremento de las penas en algunos de los delitos que ya están contemplados. Sin embargo, lo que no ocurre nunca es que las reformas que se plantean promuevan una mayor dotación de medios para combatir la corrupción y una reforma profunda de la justicia española. “¿Las causas de nuestro fracaso en la lucha contra la corrupción?”, se pregunta el fiscal andaluz y apunta directamente a la clase política. “Al margen de la falta de un compromiso ético o moral y presupuestario, como razones absolutamente primordiales, me atrevería a citarle dos: la falta de suficientes instrumentos de control administrativo y contable, por una parte, y la falta de una ley procesal de nuestro tiempo que establezca plazos tasados de investigación y permita, de una vez por todas, la creación de una verdadera Policía Judicial suficientemente dotada y con la dependencia orgánica y funcional de Jueces y Fiscales”.

‘Pese a la movilización social y la indignación creciente, si no adoptamos las soluciones adecuadas, quizá podremos vencer éstas, pero aparecerán otras formas de corrupción tan peligrosas como las actuales’En su respuesta, García Calderón subraya la necesidad de contar con una ley procesal ‘de nuestro tiempo’, en referencia al incomprensible anacronismo existente en España que cuenta con una Ley de Enjuiciamiento Criminal que en su encabezamiento señala que fue aprobada por “Real decreto de 14 de septiembre de 1882”. Hace unos días fue el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien ironizó sobre el inconveniente de combatir la corrupción del siglo XXI con un sistema procesal “pensado para el robagallinas, no para el gran defraudador”.

“La disuasión no vendrá por una elevación de las penas”

El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que mantiene esta misma crítica desde antiguo, recalca la incomprensible falta de acuerdo político para sacar adelante la reforma. Además del estancamiento del ‘Pacto por la Justicia’, con el que el PP y el PSOE ya se comprometían en 2001 a “acometer una de las grandes trasformaciones pendientes de la transición democrática”, se da la circunstancia de que en las dos ultimas legislaturas, tanto el último Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero como el actual de Mariano Rajoy, se comprometieron a aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y en ninguno de los dos casos ha prosperado.

“De hecho, tenemos dos proyectos elaborados por el Gobierno actual y por el anterior que modernizan la instrucción penal, resuelven grandes problemas prácticos y casi coinciden en todo lo esencial. Yo también me pregunto con amargura ¿porqué no se aprobó el primero o no se aprueba el segundo? No lo entiendo. Ni creo que lo entiendan mis compañeros”, sostiene el fiscal García Calderón en su entrevista con El Confidencial.

Lo que, paradójicamente, no solucionaría ninguno de los problemas esenciales a los que se enfrenta en la actualidad la lucha contra la corrupción son las propuestas que suelen realizar los distintos partidos políticos, que se reducen a menudo a solicitar el endurecimiento de penas que ya existen. “El incremento de las penas me parece una medida de efectos limitados ya que las sanciones actuales pueden ser, con alguna corrección, suficientemente enérgicas. Lo que debería ampliarse es el plazo para la prescripción de algunos delitos, redefinir el encubrimiento y señalar con suficientes garantías las medidas cautelares, personales y materiales, que puedan adoptarse en el curso de la instrucción criminal. La disuasión, como en tantos fenómenos criminales, no vendrá determinada por una elevación de la pena, sino por una mayor eficacia en la persecución y por la recuperación íntegra de los beneficios ilícitamente obtenidos”.

(Foto: García Hinchado)
(Foto: García Hinchado)

Este último aspecto, por ejemplo, la recuperación del dinero de la corrupción, podríamos considerarlo una de exigencias fundamentales de la sociedad; una reivindicación que se repite como frustración tras cada escándalo que llega a los tribunales. Sin embargo, tampoco en este aspecto se avanza en el desarrollo legislativo. El fiscal del TSJA tiene claro que “la recuperación de activos debe convertirse en una prioridad absoluta por varias razones”. Razones que van más allá del puro ámbito legislativo, que trascienden al ámbito social por esa impresión generalizada de que, al final, los corruptos se salen con la suya y no devuelven el dinero.

También lo ve así García Calderón cuando señala que la recuperación del dinero de la corrupción, que solo sería efectiva con una mayor cooperación internacional, servirá “para demostrar que la lucha contra la corrupción es eficaz y rentable; para terminar con la inmoralidad y el despropósito de los paraísos fiscales, esa vergüenza ajena de dimensiones formidables; para incrementar el efecto disuasorio que produzca la actuación institucional; para exigir un mayor esfuerzo presupuestario y mayores dotaciones personales o materiales”. En una situación de alarma social como la actual (“La alarma es natural y muy necesaria pero no debiera desembocar en el pesimismo”, dice), el fiscal superior de Andalucía sostiene que “debe preocuparnos mucho la corrupción pero mucho más debe preocuparnos la forma de reaccionar ante ella”.

‘La disuasión no vendrá determinada por una elevación de la pena, sino por una mayor eficacia en la persecución y por la recuperación íntegra de los beneficios ilícitamente obtenidos’En este sentido, el fiscal superior del TSJA defiende que la corrupción política tiene que comenzar a tratarse penalmente como “crimen organizado”, en vez de considerar particularmente cada caso que se detecta en un mismo partido político, como si fueran realidades inconexas. Hablamos de complejas tramas de corrupción, como las que se han descubierto en España tras el escándalo de los ERE, la Gürtel o la reciente operación Púnica. “La corrupción política y financiera supone, en sus manifestaciones más graves, una forma de crimen organizado con todo lo que ello comporta, desde una punto de vista criminológico, a la hora de combatirlo con eficacia”, sostiene García Calderón.

Por último, también el fiscal García Calderón reacciona con un gesto visible de rechazo cuando se le menciona la sempiterna polémica sobre la dependencia jerárquica de la fiscalía y la dependencia directa del fiscal general del Estado del Ejecutivo que lo nombra. “Me molesta porque no es cierto. El fiscal general no depende del Gobierno porque su estatuto personal le otorga suficientes garantías para proclamar su independencia. Por ejemplo, desde la reforma de nuestro Estatuto de 2007 es nombrado, pero no puede ser ni cesado ni renovado por el Gobierno que lo nombró. Indíqueme, si puede, otro caso en el que se mantenga una garantía de imparcialidad con tanta claridad para alguien que, como usted dice, dependa del Gobierno”.

“¿Alguien puede sostener con seriedad que una Fiscalía territorial o especial, que basa su actuación en los principios de legalidad y unidad de actuación, cambiará su criterio en un proceso por graves delitos a consecuencia de cualquier cambio ministerial? -continúa García Calderón-. Naturalmente, esto no implica que tengamos que negar que se trata de un riesgo posible que se debe combatir con determinación, pero dejando claro que esta injerencia puede afectar tanto al Ministerio Fiscal como a cualquier otro organismo público de cualquier naturaleza”.

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